El descubrimiento de huesos humanos, ropa abandonada y posibles hornos crematorios en un rancho ubicado en el estado de Jalisco el pasado 8 de marzo ha conmocionado a la sociedad mexicana, que le pide respuestas al Gobierno por el hallazgo. A pesar de su alto índice de popularidad, Claudia Sheinbaum enfrenta el primer gran desafío social en su Presidencia con la crisis de desaparecidos en México.
Entre promesas de justicia y dudas en torno a la cifra de desaparecidos, Claudia Sheinbaum busca sortear las consecuencias de una de las deudas históricas más antiguas del Estado mexicano: unas 120.000 personas desaparecidas.
Un día después de que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presentara el primer informe técnico del Gobierno mexicano sobre el terrorífico descubrimiento de un "campo de exterminio" del crimen organizado en un rancho ubicado en la periferia del estado de Jalisco, la presidenta mexicana vuelve a prometer acciones para atacar la crisis de desaparecidos en el país.
Como ya lo había adelantado hace días, Sheinbaum detalló su nueva estrategia para reforzar la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, anunciando que el próximo 24 de marzo presentará una serie de reformas para "fortalecer la búsqueda" y generar una "base de datos única en el país".
Cuando fue cuestionada por los señalamientos de la sociedad civil por el aumento en la cifra de desaparecidos y el terrible hallazgo en Jalisco, la mandataria mexicana descartó que el caso sea "el talón de Aquiles" de su aún joven Gobierno.
"Yo no considero que sea mi talón de Aquiles (…) Que salga la verdad del tema de Jalisco y de este predio en particular, sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades", expresó Sheinbaum durante su conferencia mañanera del 20 de marzo.
Durante las últimas semanas, el Rancho Izaguirre ha sido uno de los temas centrales durante las conferencias mañaneras de la presidenta mexicana, después de que un colectivo de buscadores encontrara huesos calcinados, indicios de crematorios y posibles fosas comunes dentro del inmueble, que atribuyen su propiedad al crimen organizado.
Empero, conforme el caso ha ganado popularidad, la actitud de la lideresa mexicana ha ido transmutando. De una que pide el esclarecimiento, a una que duda de las cifras de desaparecidos y pide esperar a las conclusiones de la investigación, llevada por el Gobierno, para calificar la gravedad de lo encontrado en el Rancho Izaguirre.
Las dos caras de Sheinbaum
Dos días después de que los buscadores dieran a conocer sus descubrimientos, Sheinbaum reconoció el caso, revelando que las autoridades estatales ya habían asegurado el predio en 2024, iniciando los cuestionamientos sobre el actuar de la fiscalía de Jalisco en la investigación y primer resguardo del lugar. El informe técnico de la Fiscalía General de la República (FGR) señala hasta 14 omisiones en las pesquisas.
El 12 de marzo, Sheinbaum pidió públicamente a la FGR que atrajera el caso para esclarecer la realidad sobre el mal manejo de las autoridades estatales. Aunque la mandataria llevaba expresando su solidaridad y condolencias con las familias de los cientos de miles de desaparecidos en suelo mexicano, los señalamientos de la sociedad civil parecen haber cambiado su narrativa.
El 13 de marzo, tras la publicación de una carta del Episcopado mexicano en donde muestran su preocupación por los 120.000 desaparecidos y el aumento "en un 40%" de las desapariciones en los meses de Gobierno de Sheinbaum, la presidenta rechazo los números citados por la iglesia, señalando que "no tienen la información correcta".
Un día después, Sheinbaum rebatió intensamente los reclamos de un sector de la sociedad en redes sociales contra su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, al que calificaron de "narco presidente", pidiendo que "ya lo dejen en paz" y haciendo referencia a las malas prácticas de Gobiernos anteriores. El Rancho Izaguirre fue inspeccionado por primera vez por la Guardia Nacional durante los últimos meses de Presidencia de López Obrador.
Sin embargo, la presidenta ha reculado en su actitud de confrontación. El 17 de marzo, Sheinbaum dijo que en su Gobierno no existirá "una verdad histórica" sobre el Rancho Izaguirre, haciendo referencia a la narrativa construida por Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 para cubrir la responsabilidad del Estado en el caso.
"Presidenta ¿ahora sí nos ve?"
Por su discordancia narrativa, la presidenta mexicana ha sido blanco de reclamos y críticas desde un sector de la sociedad civil, además de cuestionamientos de grupos defensores de los Derechos Humanos, después de que México fuera testigo del horror que parece haberse vivido en el Rancho Izaguirre.
Las imágenes difundidas por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco – quienes investigaron el rancho – aterrorizaron a la sociedad. Más de 400 pares de zapatos abandonados, mochilas, prendas de ropa, casquillos de bala, altares a la Santa Muerte y huesos calcinados son algunas de las pruebas de que las peores pesadillas se hicieron realidad en el Rancho Izaguirre, nombre del predio abandonado.
Según los buscadores y autoridades, el rancho habría sido utilizado por el crimen organizado, específicamente por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero las versiones entre el oficialismo y los activistas difieren en el uso que le dio el crimen organizado.
El Gobierno dice que solo hay indicios de que era un campo de entrenamiento, pero los buscadores mencionan que además era un "campo de exterminio" a donde fueron a parar cientos de jóvenes desaparecidos y reclutados a la fuerza por el narcotráfico.
Esta diferencia en la concepción sobre la naturaleza del Rancho Izaguirre preocupa a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advierte sobre la peligrosidad de que las líneas de investigación oficialistas encapsulen el terreno solo como un campo de entrenamiento, lo que podría obstaculizar el seguimiento en casos de personas desaparecidas.
"Preocupa que la investigación federal, que eventualmente podría realizarse –pues la atracción aún no se confirma – lleve el sesgo de acotar el hallazgo al de un campo de entrenamiento, únicamente", expresó la institución a través de sus redes sociales, cuestionando el primer informe técnico presentado por la FGR.
Entre tanto, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) piden al Gobierno mexicano que esclarezca la situación lo más pronto posible, además de requerir que se presenten mejoras a los sistemas de búsquedas de personas para combatir la crisis de personas desaparecidas en México.
En medio de todo, las familias de los desaparecidos continúan con el tormento de buscar a sus seres queridos. El 20 de marzo, las autoridades dieron entrada al Rancho Izaguirre a decenas de familiares, aunque muchos de ellos reportan que ya no queda ninguno de los centenares de artículos que revelaron los buscadores, ya que estos fueron confiscados por las autoridades para ser analizados.
"He encontrado mucho dolor, muchas lágrimas… pero no he encontrado a mi marido", lamentó una mujer frente a las puertas del rancho.
Mientras las familias siguen buscando, la sociedad mexicana busca arropar la causa como propia.
El 15 de marzo, decenas de ciudadanos se aglutinaron en el Zócalo de la Ciudad de México para juntar 400 pares de zapatos; pares que representan las vidas de personas que nadie sabe si están, o no, en este mundo.
Velas, figuras y demás expresiones de solidaridad llenaron la plaza principal de la capital mexicana. Sin embargo, el protagonista de la manifestación fue el mensaje que la ciudadanía le dejó a Claudia Sheinbaum en el piso, a las afueras del Palacio Nacional: "Presidenta ¿ahora sí nos ve?"
Con EFE, Reuters y medios locales
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