México comienza una “nueva era” judicial con la toma de posesión de más de 2.000 jueces y funcionarios. La ceremonia incluyó un acto simbólico indígena en el Zócalo y la presencia de Hugo Aguilar, segundo indígena en presidir la Suprema Corte. La elección, sin embargo, enfrenta críticas por baja participación y presuntas irregularidades.
Los jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores federales y locales completan los más de 2.000 cargos que entraron en funciones el lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.
En una ceremonia realizada por la noche en el Senado mexicano, los nueve ministros del máximo tribunal, encabezados por su presidente, el abogado indígena Hugo Aguilar, juraron sus cargos.
Tras ello, los ministros se dirigieron a la sede de la Suprema Corte para una ceremonia a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aguilar, quien portó una toga con bordados indígenas de vivos colores, fue quien abrió, en un acto simbólico, las puertas del recinto mientras era aclamado por numerosas personas que lo esperaron horas en la calle.
"Esta es una invitación. Todos y todas los que requieran la atención de Suprema Corte, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas", dijo.
El partido oficialista Morena y sus aliados dieron la bienvenida en el Senado a los nuevos jueces con la promesa de sanear un sistema al que consideran plagado de "corrupción" y al servicio de los poderosos.
Sin embargo, dos partidos opositores cuestionaron a este nuevo Poder Judicial, al que describieron como carente de legitimidad por surgir de una proceso "plagado de irregularidades".
La elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13% del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
Ceremonia indígena
Por la tarde, los magistrados participaron en una ceremonia indígena realizada en el Zócalo (plaza central) de la capital para marcar de manera simbólica el inicio de sus funciones.
En medio de danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias, autoridades de pueblos indígenas entregaron el denominado "bastón de mando" a los integrantes del máximo tribunal.
"Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras", proclamó el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, un jurista de la etnia mixteca.
Al rendir su primer informe anual de gobierno este lunes, la presidenta Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial.
Con los jueces electos, "se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia" para los mexicanos, dijo la mandataria.
Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo.
Este jurista será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).
Elección cuestionada
La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum.
Opositores y activistas han cuestionado los verdaderos objetivos del proceso. Para Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, el oficialismo busca "capturar políticamente al Poder Judicial".
El activista opina que se trató de una "operación de Estado" que designó candidatos afines al gobierno y distribuyó masivamente volantes para favorecer su triunfo.
Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes "altamente riesgosos" con antecedentes penales por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con el crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza. Entre ellas está Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín "Chapo" Guzmán, quien será jueza penal en el estado de Chihuahua (norte).
Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el "Chapo".
El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados "capturados y que trabajan para el crimen organizado" o para políticos "involucrados" con estas mafias.
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