Estas carreteras crecieron exponencialmente en Mapiripán a medida que se disparaba la deforestación desde 2014 y algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud, lo que hace pensar que su construcción no fue improvisada. Este capítulo hace parte de Rutas de Destrucción, una investigación coordinada por Mongabay Latam en alianza con France 24 y los medios colombianos Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante.
Desde el espacio se puede ver un entramado de líneas que se suceden unas tras otras y que se van abriendo hacia distintos lados en un área apartada de Mapiripán, un municipio del departamento del Meta, en la Amazonía de Colombia.
Esos trazos irregulares y en algunos casos perfectamente rectos, como construidos con maquinaria pesada, se empezaron a abrir en medio del bosque desde la década de los ochenta, aunque se dispararon en 2014 y desde entonces solo se han expandido hasta sumar 549 kilómetros de carreteras.
Algunas de ellas son tan extensas que alcanzan los 60 kilómetros, una distancia comparable a la que hay entre Bogotá y Zipaquirá en Colombia o como ir de Quito a Tabacundo en Ecuador.
El problema es que todas esas vías se abrieron ilegalmente. Y aunque el silencio en torno a la apertura de esos trazos es elocuente, más aún tratándose de un área apartada de Mapiripán, las imágenes satelitales dan algunas pistas de lo que está pasando en la zona, como la presencia de grandes construcciones que se asemejan a potreros o fincas.
De hecho, las cifras del análisis geográfico realizado por Mongabay Latam para esta investigación muestran que el número de vacas en el municipio de Mapiripán, en el Meta, creció un 150% en siete años, desde que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejó las armas en 2016, tras la firma del acuerdo de paz.
Además, tres documentos de la Fiscalía General de la Nación, a los que tuvo acceso esta alianza periodística, confirman que algunos de los predios perdidos en esa maraña de vías ilegales que exponen las imágenes satelitales son destinados a la ganadería.
Los documentos confirman también que la Fiscalía ya había puesto la mirada en la apertura de esas vías ilegales y en los predios que habían empezado a instalarse sin permiso.
“(Esos ganaderos) son gente muy adinerada porque tienen muy buenos pastos, muy buenos animales y haciendas con internet y pisos buenos. Por lo general, las fincas aquí casi siempre son en madera con pisos de tierra”, dijo un joven del municipio que pidió hablar en anonimato.
A este escenario se suma la presencia constante del grupo armado Estado Mayor Central que, según un informe de 2024 de la Defensoría del Pueblo, tiene “pleno control territorial y militar” en Mapiripán.
Todos estos elementos se juntan en un municipio que tiene una alta relevancia ambiental, ya que está ubicado en la zona de transición entre la Orinoquía y la Amazonía colombiana, con sabanas de altillanura ondulada, fundamentales para la producción de agua y que están siendo afectadas por una deforestación que ha detonado la apertura de las carreteras.
Las vías que trajo la coca
Lo poco que los habitantes se atreven a contar es que muchas de las pequeñas carreteras que hay en todo Mapiripán se abrieron entre los ochenta y noventa, durante el apogeo de los cultivos de ilícitos en el municipio.
Los cocaleros cesaban sus labores para recolectar dinero y mano de obra con el fin de abrir nuevas vías. A esas jornadas se les llamaba días cívicos.
“Como con la coca hubo plata, había para todo eso. Los hacendados aprovechaban también para traer todo el material, los alambres, las grapas, la sal, todo lo que más pudieran. Y posiblemente, pues, el grupo armado que estuviera en ese momento ordenaba y organizaba. Esto para nadie es un secreto”, dice un hombre que vive en Mapiripán desde hace más de 50 años, y que narra cómo se fueron abriendo los primeros trazos.
Con el auge de la coca, llegó la guerrilla de las FARC. Primero fue el Frente 39 y en los noventa y 2000, se sumaron los Frentes 7 y 44. En esos años también se instalaron en el área grupos paramilitares, desde las Autodefensas Unidas de Colombia hasta las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El factor común es que todos ejercían control social, económico y militar.
El territorio donde está Mapiripán ha sido disputado por diferentes grupos armados porque es una tierra fuera del control del Estado, con ríos que son puntos de conexión con departamentos vecinos que a su vez llegan hasta Venezuela y Brasil. Pero también con selvas y sabanas que sirven para cultivar coca, traficar madera, tener ganado, abastecerse, entrenarse y recomponer a sus tropas.
El poder en esos años se expresaba hasta en la decisión de quién podía deforestar y qué tanto podía hacerlo. Pero este panorama se alteró en 2016, cuando los guerrilleros de las FARC abandonaron sus lugares de dominio en Mapiripán para unirse al proceso de paz que entablaron con el Gobierno colombiano.
En ese momento, la comunidad habló de un “cierto desorden social o vacío de poder” por la ausencia del control de los guerrilleros, como lo explicó la Defensoría del Pueblo en su informe de 2017.
Pero el “vacío de poder” duró poco y en cuestión de meses el control sobre la deforestación lo retomó uno de los bloques guerrilleros que se separó de los diálogos de paz: el Frente Séptimo comandado por alias ‘Gentil Duarte’. El líder guerrillero anunció que seguiría “regulando asuntos como la tala de bosques, la pesca y la compra y venta de pasta de coca”, según la Defensoría.
Sin embargo, “sus reglas” no detuvieron la deforestación en Mapiripán. Por el contrario, esta se disparó.
La plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch muestra cómo el municipio pasó de perder cerca de 2.000 hectáreas de bosque en 2016 a más del doble en 2017, y la cifra subió progresivamente hasta 2020, cuando se reportaron más de 11.000 hectáreas.
Los números se han reducido desde entonces hasta bajar a 5.660 hectáreas en 2023, aunque en 2024 la cifra volvió a subir a 6.450 hectáreas. Un dato importante es que en el 2023 era considerado el segundo municipio de Colombia con más deforestación, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Otro de los grandes cambios desde las negociaciones con las FARC es que la deforestación en Mapiripán comenzó a relacionarse directamente con la apertura de vías ilegales.
Hasta 2015, antes del acuerdo de paz, la principal causa de la pérdida de bosque en Mapiripán y en otros municipios de Meta y del vecino departamento de Guaviare era la expansión de la frontera agrícola, expansión ligada a la coca, como lo señala un estudio del IDEAM citado por Visión Amazonía.
Esta realidad cambió a partir de 2017, pues desde entonces “el 99% de la deforestación en los núcleos de deforestación (en Mapiripán) ocurrió cerca a una carretera”, de acuerdo con el IDEAM.
Por eso, los trazos de las vías coinciden con las zonas deforestadas, como lo muestra el análisis de Mongabay Latam cuando revela que la pérdida de bosque a cinco kilómetros de distancia del complejo de vías de Mapiripán supera las 42.000 hectáreas entre los años 2000 y 2023. Casi la extensión de toda el área urbana de Bogotá.
Aunque las cifras oficiales de deforestación solo incluyen datos hasta el 2023, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch podemos ver cómo la pérdida de bosque a 5 kilómetros de las vías ha continuado.
Mientras entre enero y mayo de 2024 se registraron 173.000 alertas de deforestación, en el mismo período del 2025 las alertas subieron a 222.000. Un incremento de más del 20 %.
La información que tiene la Defensoría del Pueblo es que los disidentes que permanecieron en Mapiripán, luego del proceso de paz, cambiaron de estrategia y optaron por un “orden laxo” para permitir la deforestación a cambio de dinero y “dependiendo de la capacidad de pago de terceros”.
Los grupos ilegales siguen teniendo mucho poder de decisión en Mapiripán, al punto que prohibieron la entrada de autoridades ambientales al municipio y a otros sectores de la Amazonía y la Orinoquía, según la Defensoría.
Aunque esto hace que en la zona sea casi imposible cualquier control estatal, las autoridades sí conocen que en Mapiripán se han abierto vías ilegales a costa de deforestar los bosques de galería que hay en el municipio.
Para consultar la investigación completa, haga click aquí.
*Vías y Destrucción es una investigación coordinada por Mongabay Latam en alianza con France 24 y los medios colombianos Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante.
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