Casi veinte meses después de que Israel lanzara su invasión de tres campos de refugiados palestinos en el norte de Cisjordania ocupada, más de 33.000 palestinos no han podido regresar a sus hogares en Jenin, Tulkarem y Nur Shams, áreas devastadas por el Ejército israelí.
Así lo recoge un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), que advirtió que las acciones de Israel en esas zonas podrían constituir crímenes de lesa humanidad por desplazamiento forzado y posible "limpieza étnica".
El documento, publicado este 4 de septiembre, se enfoca en el proceder de las fuerzas israelíes en los dos primeros meses de lo que Israel bautizó como operación 'Muro de Hierro', lanzada el 21 de enero de 2025, apenas 48 horas después del inicio de un frágil alto el fuego en Gaza, que posteriormente colapsó.
Según reconstruyó la investigación, el Ejército, la Policía y otras fuerzas israelíes entraron en los campamentos y mataron a civiles, destruyeron cientos de viviendas, dañaron carreteras y otras infraestructuras, cortaron el agua y la electricidad e impidieron el acceso humanitario a la zona.
Posteriormente, fueron casa por casa "obligando a los residentes a marcharse", mientras, de acuerdo al testimonio de los desplazados, declaraban que no habría más campos de refugiados y que "todos deberían irse a Jordania".
A los pocos días, añade el reporte, las tropas israelíes "consolidaron su control sobre los campos de refugiados de Jenin, Nur Shams y Tulkarem y desplazaron por la fuerza a toda su población".
Para ACNUDH, se trató de un "desplazamiento a gran escala, prolongado y sistemático", el más grande en Cisjordania ocupada desde 1967, lo que "suscita serias preocupaciones" de que se trate del "crimen de lesa humanidad de traslado forzoso".
El texto recuerda que, hasta julio de este año y según cifras de Naciones Unidas, hay 33.362 palestinos desplazados de los tres campamentos a los que no se les ha permitido regresar.
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Castigo colectivo y posible limpieza étnica
Muchos de los exiliados, no obstante, tampoco tendrían adónde volver por el grado de devastación causado por Israel en los tres campos, que forman parte de los 19 existentes en Cisjordania, establecidos después de la expulsión entre 1947 y 1949 de más de 700.000 palestinos de sus hogares, que se encontraban en territorios de lo que hoy es Israel, una etapa histórica que se conoce como Nakba (’catástrofe', en árabe).
Con ese trauma a cuestas, para muchos refugiados y sus descendientes, las imágenes se repiten en la actualidad, sin posibilidades de retornar por la invasión israelí. Si lo hicieran, se encontrarían con aproximadamente el 52% de las estructuras destruidas o dañadas en Jenin, el 48% en Nur Shams y el 36% en Tulkarem, según relevó de la ONU en octubre de 2025.
La ACNUDH recalcó que "el uso de ataques aéreos, excavadoras blindadas y detonaciones controladas para volver inhabitables campamentos enteros, forzar el desplazamiento de sus residentes e impedir su regreso no está permitido por el derecho internacional".
Estas acciones israelíes, aseveró el reporte, "parecen constituir un castigo colectivo y suscitan preocupación por una posible limpieza étnica".
Asimismo, en el período analizado, la investigación de la ACNUDH contabilizó 102 palestinos asesinados, entre ellos 21 niños.
Algunos de los casos documentados incluyen el de Sondos Shalabi, embarazada de ocho meses, que murió por los disparos de soldados israelíes cuando intentaba alejarse en coche de Nur Shams; Saddam Hussein Rajab, de diez años, baleado en Tulkarem mientras esperaba a su padre; y una niña de dos años que recibió un tiro de fuerzas israelíes a través de la ventana de su casa en Jenin, mientras cenaba con su madre y su tía.
En este contexto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que el 'modus operandi' de Israel "sugiere que su objetivo es expulsar al mayor número posible de palestinos y allanar el camino para más asentamientos israelíes ilegales, en una nueva violación del derecho internacional".
Además, citando "la conclusión explícita de la Corte Internacional de Justicia, hace ya más de dos años", recordó que Israel "debe poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado lo antes posible".
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La respuesta israelí llegó desde su misión diplomática en Ginebra, que señaló a la ACNUDH por supuestamente dejar de lado "la imparcialidad, la independencia y la neutralidad para convertirse en el epicentro de un vil activismo".
También acusó al informe de "difundir información errónea" y de "omitir la amenaza de ataques terroristas", la justificación utilizada por las autoridades israelíes para invadir los tres campos.
Expulsión y anexión de facto, la agenda del gobierno israelí
Desde el momento en que inició su invasión de los tres campamentos de refugiados, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo haber indicado a las tropas que se prepararan para una ocupación prolongada de esas áreas desalojadas y para impedir el regreso de los residentes.
Además, la destrucción de infraestructuras y viviendas pretende, según analistas, cambiar la fisonomía de los campos con el objetivo de facilitar la entrada y salida de los tanques israelíes para incursiones futuras.
En última instancia, representa un intento de borrar la noción de refugiados, todo un rasgo identitario entre los palestinos de los campos, atacando también a la UNRWA, la agencia de la ONU encargada de la administración de los campamentos que con el paso de los años se habían convertido en zonas urbanizadas y habitadas por miles de refugiados y sus descendientes.
De forma más amplia, estas acciones van en línea con una agenda expansionista impulsada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha fomentado la violencia de soldados y colonos, el desalojo y demolición de viviendas, la confiscación de tierras palestinas y la ampliación o creación de asentamientos, afianzando una anexión de facto del territorio ocupado y volviendo cada vez más imposible la implementación de un Estado palestino.
El jueves, Amnistía Internacional denunció la intensificación de esas medidas israelíes hacia la anexión de toda Cisjordania, después de que en julio, el Ejecutivo ultranacionalista de Benjamin Netanyahu dictara la incautación de unas 20 hectáreas de tierras palestinas en la gobernación de Jenin, dentro del Área A que, según los Acuerdos de Oslo, son teóricamente competencia exclusiva de la Autoridad Palestina.
Ese movimiento persigue, según Amnistía, la unión de las colonias israelíes de Emek Dotan y Noa, que están entre los 34 nuevos emplazamientos aprobados por el Gobierno israelí a principios de este año.
"Estas últimas órdenes de confiscación en la Zona A demuestran cómo Israel está expandiendo descaradamente su agenda de anexión a áreas que han estado bajo el control de las autoridades palestinas desde los Acuerdos de Oslo", subrayó en el comunicado Heba Morayef, directora para Medio Oriente de Amnistía, quien reclamó mayor presión de las autoridades de países con estrechas relaciones con Israel para que revoque estas medidas.
Con EFE y AFP
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