Los 125 Estados miembros de la Corte Penal Internacional votaron este viernes 24 de julio en Nueva York a favor de la destitución del fiscal jefe, Karim Khan, casi dos años después de las primeras denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra.
El resultado fue de 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, por encima de los 63 que exigía la mayoría absoluta. Nunca antes la Asamblea de los Estados Partes había removido a un fiscal en ejercicio.
Khan había sido apartado en junio, cuando el comité ejecutivo del órgano de supervisión concluyó que incurrió en un "incumplimiento grave del deber" al mantener una relación sexual con una colaboradora y tratar de frenar sus acusaciones.
El fiscal, que rechaza esas conclusiones, no asistió a la sesión, ya que las sanciones estadounidenses le prohíben entrar al país norteamericano.
"Ladrillo a ladrillo”
El pasado 13 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una campaña de "todo el gobierno" para desmantelar el tribunal, con la promesa de desarmarlo "ladrillo a ladrillo" si hiciera falta, en una columna publicada en 'The Wall Street Journal'.
El funcionario aseguró que esa corte fue creada para perseguir solo los crímenes más graves pero terminó siendo algo mucho más radical y extremo y advirtió que su gobierno no permitirá que amenace a personal estadounidense.
Un funcionario del Departamento de Estado enumeró a Reuters las herramientas en estudio: prohibiciones de viaje, revocación de visas, más sanciones contra el tribunal y organizaciones afines y presión diplomática sobre otros países para que se retiren.
"Ninguna opción diplomática quedará excluida", afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.
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La hostilidad de Washington no empezó con Donald Trump: tanto demócratas como republicanos, entre ellos el expresidente George W. Bush, rechazaron durante años que la corte pueda investigar y procesar a estadounidenses, en particular militares. Pero Reuters reveló este año que la Administración impulsó las sanciones también con un objetivo preventivo, bloquear de antemano cualquier intento futuro de responsabilizar al presidente o a sus funcionarios por operaciones militares en el exterior.
Estados Unidos sanciona a funcionarios de la corte desde febrero de 2025, con ampliaciones sucesivas que alcanzaron a jueces vinculados a la investigación sobre Afganistán y a las órdenes contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, además de la relatora de la ONU Francesca Albanese y tres organizaciones palestinas.
Los sancionados perdieron cuentas bancarias, tarjetas de crédito y visas; a Khan, Microsoft le canceló hasta el correo institucional. Tres jueces demandaron en junio a la Administración Trump por considerar ilegales esas medidas.
El origen: las órdenes contra Netanyahu
En mayo de 2024, Khan solicitó órdenes de arresto contra tres dirigentes de Hamás y también contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por hechos vinculados con los ataques del 7 de octubre de 2023 y a la ofensiva posterior.
Los jueces las emitieron el 21 de noviembre de ese año, con cargos que incluyen el uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y persecución.
Israel, al igual que Estados Unidos, Rusia y China, no integra el tribunal y rechaza su competencia. Las órdenes vigentes no se caen con la salida de Khan: solo los jueces pueden retirarlas.
El fiscal sostuvo siempre que las denuncias en su contra buscaban apartarlo tras ese pedido.
La investigadora de la Universidad de Utrecht Iva Vukusic, que siguió el proceso, señaló a AP que en el caso se mezclaron consideraciones políticas, sobre todo por tratarse de la primera vez que un fiscal solicita órdenes contra un aliado.
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El caso que muestra el límite
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró días atrás que analizaba detener a Netanyahu si el primer ministro israelí viaja en septiembre a la Asamblea General de la ONU, y lo describió como un “criminal de guerra”.
Días después reconoció que la ciudad no tiene autoridad legal independiente para hacerlo y trasladó el pedido al Gobierno federal. Trump ya había respondido que Netanyahu no será detenido bajo ninguna circunstancia en Estados Unidos.
El debate general de la Asamblea está previsto entre el 22 y el 26 de septiembre, y el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, anticipó que Netanyahu asistirá y hablará ante el organismo.
Los que van y los que vuelven
Hasta 2025, solo Burundi y Filipinas habían abandonado el Estatuto de Roma. Hungría anunció su retirada el 3 de abril de 2025, el mismo día en que Viktor Orbán recibía a Netanyahu en Budapest sin ejecutar la orden de arresto, pero el 27 de mayo de 2026 el Parlamento húngaro, ya con Péter Magyar en el gobierno, revocó la decisión y el país siguió siendo Estado Parte.
El movimiento inverso vino del Sahel: Burkina Faso, Malí y Níger depositaron sus notificaciones formales entre el 18 y el 24 de junio pasado. Los tres gobiernos militares hablaron de "represión neocolonial" y de justicia selectiva.
A esa lista se sumó Venezuela este viernes, horas después del voto sobre Khan. El canciller Félix Plasencia informó que, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobierno notificó a António Guterres su decisión de denunciar el Estatuto de Roma.
Caracas sostiene que la actuación del tribunal responde a "un sesgo geográfico demostrado" que concentró su trabajo de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, y describe una justicia internacional instrumentalizada para desconocer la soberanía de los pueblos. Es el primer país latinoamericano en iniciar la salida.
En todos los casos aplica la misma regla: el retiro se hace efectivo un año después de la notificación y no libera al Estado de las obligaciones contraídas mientras era parte. La investigación sobre presuntos crímenes cometidos por fuerzas de seguridad venezolanas bajo el gobierno de Nicolás Maduro continúa su curso pese al anuncio.
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¿Se acaba la CPI?
El tribunal conserva 125 Estados Partes y no existe mecanismo alguno para disolverlo desde afuera. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, por lo que no puede retirarse de algo que no integra ni recortar una cuota que no paga.
La corte no tiene policía propia y depende de que los Estados detengan y entreguen a los buscados. El propio tribunal advirtió que acumula decenas de órdenes de arresto sin ejecutar. Sumados los bancos que cierran cuentas, los proveedores que se retiran y los gobiernos que miden el costo de cooperar, la institución puede funcionar cada vez menos.
Tras el anuncio de Rubio, la Unión Europea expresó su "apoyo inquebrantable" al tribunal y su vocero, Anouar El Anouni, señaló que la corte no amenaza la soberanía de ningún Estado. Amnistía Internacional pidió medidas concretas, entre ellas "leyes de bloqueo" que atenúen el efecto de las sanciones.
Al cerrar la sesión de este viernes, la presidenta de la Asamblea, Päivi Kaukoranta, pidió respetar la dignidad y la privacidad de todos los involucrados en el caso de Khan y agradeció el espíritu de unidad mostrado para preservar la integridad del tribunal.
Con EFE, Reuters, AP y medios locales
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