Un tribunal especial estará facultado para realizar juicios públicos e imponer la pena de muerte a palestinos acusados de participar en el ataque del 7 de octubre de 2023.
La Knéset, el Parlamento de Israel, dio luz verde a la legislación cerca de la medianoche del lunes a martes, con 93 votos a favor y ninguno en contra, lo que evidenció un apoyo tanto de políticos del Gobierno como de la oposición. Los 27 legisladores restantes estuvieron ausentes o se abstuvieron.
Como antecedente, el Parlamento aprobó el 30 de marzo de 2026 una ley de pena de muerte obligatoria para palestinos de Cisjordania condenados por cometer un asesinato calificado como terrorista por un tribunal militar israelí.
Sin embargo, se requiere una legislación separada para los casos de quienes presuntamente llevaron a cabo el ataque del 7 de octubre de 2023.
Ese fue el día más mortífero en la historia reciente de Israel, milicias gazatíes lideradas por el grupo islamista Hamás invadieron comunidades fronterizas israelíes y mataron a cerca de 1.200 personas, además de llevarse a 251 rehenes, incluidos hombres, mujeres, niños y ciudadanos extranjeros.
Organizaciones israelíes de derechos humanos se oponen al principio de la pena capital y advierten sobre posibles “juicios espectáculo”, sustentados en confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura.
Las audiencias de apertura, los veredictos y las sentencias serán filmados y transmitidos en un sitio web específico.
Entre 300 y 400 palestinos detenidos en cárceles israelíes podrían ser juzgados bajo esta ley, que establece que un tribunal híbrido, de carácter civil-militar, procese a los palestinos detenidos por las autoridades israelíes en relación con los ataques del 7 de octubre de 2023, según explica Adalah, el centro legal para los derechos de las minorías árabes en Israel.
Unos 1.300 gazatíes permanecen encarcelados en Israel, según la organización israelí de derechos humanos HaMoked.
“Los procedimientos del tribunal militar, tal y como se estipulan en el proyecto de ley, son fundamentalmente incompatibles con el derecho a la vida, la presunción de inocencia, la independencia judicial y el Estado de derecho”, advirtió Adalah en un comunicado antes de la votación.
Adalah, HaMoked y el Comité Contra la Tortura de Israel advierten que el procedimiento establecido sacrifica garantías básicas del debido proceso en nombre de un “espectáculo punitivo y de represalia”.
Una vía a la pena de muerte
El tribunal aplicará la legislación penal israelí vigente que contempla la pena de muerte, incluida la Ley para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio de 1950, así como disposiciones del Código Penal sobre traición, colaboración con el enemigo en tiempos de guerra y violaciones de la soberanía del Estado.
“Uno puede sentir que está haciendo lo correcto al encontrar una forma de unificar en este momento, incluso cuando estamos en la víspera de elecciones y pese a todos los desacuerdos que existen”, aseguró el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, tras la aprobación, según el diario The Times of Israel.
La última, y la única, ejecución de la pena capital en Israel fue en 1962, cuando Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, fue condenado a morir en la horca.
Hamás tilda de “ilegítima” la ley israelí
Como “ilegítimo” y “racista” fue catalogado por Hamás el proyecto de ley aprobado por el Parlamento de Israel.
“La legislación fascista y racista de la Knéset sionista, que impone la pena de muerte a los prisioneros palestinos, en particular a aquellos a quienes la ocupación acusa de participar en la batalla de Al Aqsa, como denomina el grupo islamista a los ataques del 7 de octubre, representa una peligrosa escalada y un nuevo crimen”, señaló el grupo en un comunicado.
“Esta ley es nula e ilegítima, y viola flagrantemente todas las leyes y convenciones internacionales, especialmente los Convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario”, añadió.
Con EFE y medios locales
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