Irán ejecutó al menos a 975 personas el año pasado en una "horrible escalada" del uso de la pena capital, según el informe de dos grupos de derechos humanos presentado el jueves.
Irán llevó a cabo al menos 975 ejecuciones el año pasado en una "horrible escalada" de la pena capital, según Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y el grupo francés Together Against the Death Penalty (ECPM). Ambos dijeron que la cifra era la más alta desde que el IHR comenzó a registrar las ejecuciones en Irán en 2008.
La cifra "revela una escalada horrorosa en el uso de la pena de muerte por parte de la república islámica en 2024", dijeron en un informe conjunto, acusando a Irán de utilizar la pena de muerte como una "herramienta central de opresión política".
"Estas ejecuciones son parte de la guerra de la república islámica contra su propio pueblo para mantener su control del poder", dijo el director del IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.
"Cinco personas fueron ejecutadas en promedio cada día en los últimos tres meses del año a medida que aumentaba la amenaza de guerra entre Irán e Israel".
La cifra del año pasado representó un aumento del 17 por ciento con respecto a las 834 ejecuciones registradas en 2023, según el informe.
De las 975 personas ejecutadas, cuatro fueron ahorcadas en público y 31 eran mujeres, también la cifra más alta de los últimos 17 años.
Ejecuciones en medio de las protestas
Los grupos de derechos humanos, que afirman que Irán es el mayor ejecutor del mundo después de China, acusan a las autoridades de utilizar la pena de muerte para sembrar el miedo entre la población, sobre todo tras las protestas nacionales de 2022.
La pena capital sigue siendo un pilar clave del sistema judicial basado en la sharia establecido tras la revolución de 1979 que derrocó al shah respaldado por Occidente.
Los delitos punibles con la muerte incluyen asesinato, violación y delitos relacionados con las drogas, pero también cargos más vagos como "corrupción en la tierra" y "rebelión", que según los activistas se utilizan contra los disidentes.
En los últimos años, las ejecuciones se han llevado a cabo mediante la horca, sobre todo en los patios de las prisiones, pero ocasionalmente en público, aunque otros métodos siguen estando en los códigos.
Dos de las ejecuciones del año pasado estuvieron relacionadas con las protestas nacionales que estallaron en septiembre de 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer kurda iraní detenida por una supuesta infracción del código de vestimenta obligatorio de Irán.
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Mohammad Ghobadlu, de 23 años, fue ejecutado en enero de 2024 acusado de matar a un agente de policía con un carro durante una protesta en octubre de 2022. Los grupos de derechos humanos han denunciado que su juicio estuvo plagado de defectos, ya que los jueces ignoraron las pruebas presentadas por la defensa de que sufría trastorno bipolar.
Gholamreza Rasaei, de 34 años, fue ejecutado en secreto en agosto acusado de matar a un guardia revolucionario durante una protesta de 2022. Los activistas dijeron que su confesión había sido obtenida mediante tortura.
Los grupos de derechos humanos dijeron que había pruebas de que Irán podría haber llevado a cabo más ejecuciones el año pasado que no pudieron confirmar para su informe.
Dijeron que había informes de otras 39 ejecuciones en 2024 que no habían podido corroborar con segundas fuentes.
Este año, Irán ya ha llevado a cabo al menos 121 ejecuciones, según el recuento del IHR.
Este artículo es una adaptación de su original en inglés
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