Human Rights Watch afirmó que la expulsión de decenas de miles de palestinos de tres campos de refugiados de Cisjordania a comienzos de 2025 constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A la vez, pidió medidas internacionales urgentes para responsabilizar a los funcionarios israelíes y detener nuevos abusos.
La denuncia está documentada en un informe de 105 páginas, titulado Todos mis sueños han sido borrados.
En la 'Operación Muro de Hierro' de enero y febrero de 2025, el ejército israelí desplazó por la fuerza a unos 32.000 residentes de los campos de Jenín, Tulkarem y Nur Shams, según el grupo de derechos humanos. A esas personas se les ha impedido regresar y cientos de sus viviendas han sido demolidas.
“Estamos hablando de no tener comida, ni bebida, ni medicinas, ni dinero… estamos viviendo una vida muy difícil”, dijo Hisham Abu Tabeekh, expulsado del campo de refugiados de Jenín, en declaraciones a Reuters.
Los Convenios de Ginebra prohíben el desplazamiento de civiles de un territorio ocupado, salvo de forma temporal por razones militares imperiosas o por su seguridad.
“Diez meses después de su desplazamiento, ninguna de las familias ha podido regresar a sus hogares”, dijo Milena Ansari, investigadora de Human Rights Watch que trabajó. Este, además, insta al Gobierno israelí a "permitir de inmediato su regreso" a los campamentos de refugiados de los que fueron expulsados.
Al respecto, el ejército israelí dijo a Reuters el miércoles que necesitaba demoler infraestructura civil para que no pudiera ser aprovechada por milicianos. No indicó cuándo podrían regresar los residentes.
Hogares destruidos y familias hacinadas
El panorama descrito por Human Rights Watch, que entrevistó a 31 palestinos desplazados de los tres campos, incluye a soldados irrumpiendo en viviendas, registrando propiedades y ordenando a las familias salir mediante altavoces montados en drones.
Al mismo tiempo, las excavadoras arrasaban edificios y, como el ejército israelí no proporcionó rutas seguras, refugios ni ayuda (como alimentos o medicinas), las familias terminaron hacinadas en casas de parientes o refugiadas en mezquitas, escuelas y organizaciones benéficas.
Human Rights Watch también halló más de 850 estructuras destruidas o gravemente dañadas después de analizar imágenes satelitales, órdenes de demolición y videos verificados. Los campos, establecidos en la década de 1950 para palestinos desplazados con la creación de Israel en 1948, habían albergado a generaciones de refugiados.
Una evaluación del Centro de Satélites de la ONU en octubre de 2025 determinó que 1.460 edificios resultaron dañados, incluidos 652 con daños moderados.
Funcionarios israelíes respondieron que la operación se dirigía contra lo que llamaron elementos terroristas, pero no dieron ninguna razón para las expulsiones masivas ni para la prohibición de retorno.
Repunte de la violencia de colonos
El informe califica estas expulsiones como limpieza étnica, un término no jurídico utilizado habitualmente para referirse a la expulsión ilícita de una población étnica o religiosa de una zona concreta por parte de otro grupo; e insta a los gobiernos a imponer sanciones selectivas a responsables y mandos israelíes, suspender ventas de armas y beneficios comerciales, prohibir los productos de los asentamientos y aplicar las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional.
El ejército israelí ha matado a casi 1.000 palestinos en Cisjordania desde los ataques liderados por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, según los datos entregados en octubre de 2025 por Naciones Unidas y citados por Human Rights Watch, mientras que la violencia de colonos y la tortura de detenidos se han disparado.
En octubre de 2025 se produjo un repunte abrupto de la violencia: colonos israelíes perpetraron al menos 264 ataques contra palestinos, según datos de Naciones Unidas, la cifra mensual más alta desde que la ONU comenzó a registrar estos incidentes en 2006.
Israel, por su parte, invoca lazos históricos y bíblicos con Cisjordania, que capturó durante la guerra de 1967, y afirma que los asentamientos proporcionan profundidad estratégica y seguridad; aunque la mayor parte de la comunidad internacional considera que todos los asentamientos son ilegales según el derecho internacional. Cisjordania es un territorio “disputado” y no “ocupado”, dice Israel.
Con Reuters y EFE
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