El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reconoció en una presentación judicial haber cometido un "error administrativo" al deportar a El Salvador a un hombre, natural de ese país, que contaba con estatus legal protegido. Se trata de uno de los hechos más recientes relacionados con las deportaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Donald Trump, tras invocar una antigua ley que le permite acelerar sus planes antiinmigrantes.
El Gobierno estadounidense, en cabeza de Donald Trump, reconoció haber deportado por error a un hombre que residía en el estado de Maryland y que tenía un estatus legal protegido al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.
Puntualmente, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) admitió en una presentación judicial el lunes 31 de marzo un “error administrativo” al deportar a Kilmar Armando Abrego García, de 29 años.
En la presentación, la Administración del republicano aseguró que el ICE “estaba al tanto de la protección” de Abrego García “contra la deportación a El Salvador”, algo que, sin embargo, no impidió que fuera trasladado al país centroamericano.
“Se trató de un descuido, y la expulsión se llevó a cabo de buena fe sobre la base de la existencia de una orden final de expulsión y la supuesta pertenencia de Abrego-García a la MS-13”, argumentó en un comunicado Robert Cerna, director de la oficina de campo del ICE para operaciones de aplicación de la ley y expulsión.
Con todo y eso, la Administración estadounidense se opone a devolverlo a la custodia federal del país norteamericano.
El Gobierno de Trump ha argumentado que Abrego García representa un peligro para la comunidad debido a presuntos vínculos con pandillas. Dichos nexos, según alegan las autoridades, se confirmaron en un procedimiento de fianza de 2019 y fueron ratificados por la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Este reconocimiento por parte del ICE es uno de los hechos más recientes de la polémica desatada por las deportaciones estadounidenses a El Salvador bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del Gobierno, cuyo uso ha enfrentado al Ejecutivo con la Justicia del país.
La historia de Abrego García
A Kilmar Armando Abrego García lo arrestaron el 12 de marzo luego de que completara su turno como aprendiz en un sitio de construcción en Baltimore, tal como detalla una denuncia presentada por su defensa.
Entonces, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), uno de los polémicos centros penitenciarios construidos por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Un lugar que diversos grupos de DD. HH. denuncian que está plagado de abusos y que es un lugar en donde los reclusos son hacinados en celdas y nunca se les permite salir.
Abrego García volvió a suelo salvadoreño a pesar de que un juez de inmigración dictaminara en 2019 que no sería deportado al país centroamericano porque había establecido que allí era “más probable que fuera perseguido por pandillas”, según su abogado.
La defensa explica que este hombre “salió de El Salvador cuando tenía unos dieciséis años, huyendo de la violencia de las pandillas”, y que “a partir de 2006 pandilleros lo acosaron, golpearon y amenazaron con secuestrarlo y matarlo para obligar a sus padres a ceder a sus crecientes exigencias de extorsión”.
De igual forma, aunque ha sido acusado de "afiliación a pandillas" en general, el Gobierno estadounidense nunca ha presentado alguna evidencia para sustentar dicha acusación, añade la denuncia. También específica que Abrego García no es miembro ni está afiliado a la M-13 ni a ninguna otra pandilla criminal o callejera.
Luego de su arresto, su esposa lo vio en fotografías y videos en el CECOT, lo identificó gracias a sus tatuajes distintivos y dos cicatrices en su cabeza.
Una pugna judicial, lejos de terminar
Bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, la Administración de Donald Trump deportó el pasado 15 de marzo a El Salvador por lo menos 200 personas, señaladas por el Gobierno de pertenecer a la banda de crimen transnacional Tren de Aragua —aunque no se han brindado pruebas para casos específicos—. Allí, fueron trasladados al CECOT.
Dos semanas después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el 31 de marzo que otro grupo de 17 presuntos pandilleros había sido enviado al país centroamericano.
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Las dos deportaciones han ido en contravía con la Justicia de Estados Unidos, puesto que en ambos casos las decisiones de un juez federal impedían el envío de estas personas. Todo esto ha desencadenado un pulso entre la Administración de Trump y el magistrado James Boasberg.
Por un lado, Boasberg se ha comprometido a determinar si el Gobierno ignoró su orden de regresar a las personas deportadas y ha señalado que a los acusados se les debe dar la oportunidad de impugnar la afirmación de que son pandilleros.
Del otro lado, la Administración de Trump ha invocado el “privilegio de Estado” y se ha negado a proporcionar al magistrado los detalles que comprueben si los migrantes son o no criminales.
Con AP y Reuters
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