Israel confirmó el jueves 1 de enero la prohibición de acceso a la Franja de Gaza para 37 grandes organizaciones internacionales, a las que reprocha no haberle comunicado la lista de nombres de sus empleados, en virtud de una nueva normativa.

Esta normativa hace temer nuevos retrasos en la entrada de la ayuda humanitaria al territorio palestino, devastado por dos años de guerra y donde la mayoría de los habitantes necesita con urgencia vivienda, atención médica y seguridad alimentaria.

“Las organizaciones que no hayan cumplido con las normas requeridas en materia de seguridad y transparencia verán suspendida su licencia”, declaró en un comunicado el Ministerio israelí de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo.

“La principal falla identificada es la negativa a proporcionar información completa y verificable sobre sus empleados, un requisito esencial destinado a impedir la infiltración de operadores terroristas en las estructuras humanitarias”, precisó.

“El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas no lo es”, subrayó en el comunicado el ministro Amichai Chikli.

Israel ha sido duramente criticado por la comunidad internacional en los últimos días, a medida que se acercaba el plazo del miércoles a la medianoche (hora local), impuesto a las ONG internacionales para cumplir con sus obligaciones, anunciadas por primera vez en marzo pasado.

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Entre estas ONG figuran grandes actores mundiales del sector, como Médicos Sin Fronteras (MSF), el Norwegian Refugee Council, Care, World Vision u Oxfam.

En un comunicado enviado a la Agencia France-Presse (AFP) el miércoles, MSF afirmó que aplica “políticas internas estrictas para garantizar el cumplimiento de las leyes y evitar cualquier desvío de la ayuda o asociación con grupos armados”.

Asimismo, explicó que no había transmitido la lista de sus empleados por no haber obtenido de Israel “garantías y aclaraciones” respecto de esta solicitud “preocupante”.

La acción humanitaria “socavada”

La Unión Europea exigió que se levanten “los obstáculos” al acceso de la ayuda humanitaria.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, estimó por su parte que “tales suspensiones arbitrarias (agravan) aún más una situación ya intolerable para la población de Gaza”, donde un frágil alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre entre Israel y Hamás.

La cuestión de la ayuda y de su uso es extremadamente sensible desde el inicio de la guerra. En 2024, Israel ya había prohibido a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) operar en su territorio, acusando a algunos de sus empleados de participar en el ataque del 7 de octubre de 2023.

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, calificó el miércoles la normativa israelí de “precedente peligroso”, denunciando un “desprecio por el derecho internacional humanitario” y una “multiplicación de los obstáculos a las operaciones de ayuda”.

El jueves por la mañana, un grupo de 17 organizaciones israelíes de izquierda condenó estas restricciones en un comunicado conjunto.

“La eliminación de 37 ONG internacionales socava la acción humanitaria (…), pone en peligro al personal y a las comunidades, y compromete la eficacia de la distribución de la ayuda”, escribieron.

“Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar suministros suficientes a los civiles palestinos. No solo incumple esta obligación, sino que además impide que otros actores llenen los vacíos”, añadieron, lamentando una “instrumentalización de la burocracia”.

Con AFP

France24

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