La restricción de entrada a Estados Unidos entró en vigor este lunes 9 de junio, tras ser anunciada la semana pasada por el mandatario estadounidense, Donald Trump. La medida afecta a los ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Las restricciones de entrada al territorio estadounidense decretadas el pasado miércoles por el presidente Donald Trump contra ciudadanos de 12 países, principalmente de África y Medio Oriente entraron en vigor este lunes 9 de junio, en medio de un creciente clima de tensión interna.
La medida evoca la prohibición de viajes dictada por Trump durante su primer mandato contra países de mayoría musulmana, pero en esta ocasión fue ampliada y se trata de una prohibición total que afecta a los ciudadanos procedentes de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
La proclamación no tiene por el momento fecha de caducidad y también restringe parcialmente la entrada de ciudadanos de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Aunque la mayoría de las naciones mencionadas en la nueva política migratoria de la Administración Trump no envían grandes cantidades de visitantes hacia Estados Unidos, otros como Cuba, Venezuela y Haití han sido importantes fuentes de inmigración en los últimos años.
Según el documento publicado por la Casa Blanca, el objetivo declarado es “proteger a sus ciudadanos de los extranjeros que pretendan cometer atentados terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional, propugnar ideologías de odio o aprovecharse de otro modo de las leyes de inmigración con fines malévolos”.
La lista de países no es definitiva y el Gobierno afirmó que podría ser modificada con la inclusión de otras naciones, a medida “que surgen amenazas en todo el mundo”.
El presidente sugirió que los visitantes provenientes de estos países representan un riesgo para Estados Unidos. Para justificar su cuestionable medida, el líder republicano también aseguró que las naciones afectadas no poseen sistemas creíbles o confiables de identificación, no cooperan con la seguridad de los visados, tienen incapacidad para verificar las identidades de los viajeros, sistemas inadecuados de antecedentes penales, así como altas tasas de permanencia ilegal con visados temporales o de turismo.
La medida ha provocado la condena y rechazo por parte de algunos de los gobiernos de los países afectados como Cuba, Irán, Yemen, Somalia y Venezuela. Además, algunos ciudadanos de esas naciones han expresado temor, incertidumbre y confusión ante la restricción, que afectará no solo visados de turismo, sino también de estudios, negocios; y que también limitará a la diáspora o comunidades de estos países para reunirse con familiares en territorio estadounidense.
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Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una política antiinmigración que prometió durante la campaña electoral y que ha incluido oleadas de detenciones y deportaciones masivas de migrantes, con buena parte de los casos ejecutados sin audiencias por jueces de migración o la oportunidad de acceder a procedimientos de apelación. Algunas de las medidas han provocado demandas por fiscales generales en estados gobernados por demócratas.
La campaña antiimigración y la retórica contra los migrantes ha enfrentado a la Administración con jueces federales, que han decretado medidas cautelares de alcance nacional que han frenado al menos temporalmente algunas de las medidas decretadas o incluso futuras acciones de la policía migratoria (ICE, Immigration and Customs Enforcement). La Casa Blanca ha llevado algunos de estos casos hasta la Corte Suprema, denunciando también que la alta estadística de medidas cautelares (injunctions) decretadas por jueces federales contra la Administración busca frenar la política del Ejecutivo.
El viernes, el Departamento de Estado envió instrucciones a las embajadas y consulados estadounidenses para que no revocaran los visados expedidos previamente a personas de los 12 países incluidos en la prohibición, según informó la agencia Associated Press. “No se debe tomar ninguna medida para los visados expedidos que ya han salido de la sección consular” y “no se debe revocar ningún visado expedido antes de la fecha de entrada en vigor de conformidad con esta proclamación”, decía un cable enviado a misiones diplomáticas.
Disturbios y caos en Los Ángeles contra las políticas migratorias
Por tercer día consecutivo, manifestantes en Los Ángeles se enfrentaron a agentes de la policía de migración (ICE) en rechazo a la oleada de redadas y de operativos para detener a personas que las autoridades federales consideran indocumentadas o que están de manera ilegal en el país. En el centro de Los Ángeles, fuerzas del orden chocaron el domingo con multitudes que rechazan la política de mano dura de la Administración Trump contra la inmigración.
Los enfrentamientos comenzaron cuando decenas de manifestantes se reunieron frente a un centro de detención federal exigiendo la liberación de 44 personas arrestadas por las autoridades federales de inmigración en todo Los Ángeles el viernes, como parte de la campaña de deportación masiva de Trump. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, las autoridades están apresando una media de 1.600 personas por día, según el jefe de la agencia, Todd Lyons.
El sábado 7 de junio, el presidente autorizó el envío de la Guardia Nacional a la ciudad. La Casa Blanca aprobó el despliegue de 2.000 soldados en Los Ángeles después de que cientos de personas salieran a las calles para protestar contra los operativos de la policía migratoria (ICE). El mandatario calificó la situación como una "invasión migratoria", y dijo que ordenó a los funcionarios restaurar el orden.
“Si el gobernador de California, Gavin Newscum —dijo Trump en vez de Newsom, deformando su apellido en tono despectivo— y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no son capaces de hacer su trabajo, como todos sabemos, entonces el gobierno federal intervendrá para poner orden”, escribió el presidente en su red Truth Social. En inglés, scum significa “escoria”.
Ningún presidente había ordenado el despliegue de soldados desde que Lyndon B. Johnson envió en 1965 tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama, según el Centro Brennan para la Justicia. El presidente Johnson, a diferencia de Trump, invocó la Ley de Insurrección, una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII que permite a los presidentes desplegar fuerzas militares en tiempos de rebelión o disturbios. Trump, en cambio, se basó en una ley federal similar que pone a las tropas de la Guardia Nacional bajo mando federal en circunstancias que incluyen la amenaza de rebelión.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, calificó la medida como “pura teatralidad”. Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han pedido que se anule la orden. El lunes, Newsom dijo a la cadena MSNBC que entablará una demanda contra la Administración Trump para revertir la orden del despliegue de la Guardia Nacional, que calificó como "un acto ilegal, un acto inmoral e inconstitucional". Es la primera vez en décadas que la Guardia Nacional de un estado es activada sin una solicitud explícita de su gobernador.
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Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales
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