El teniente coronel Mauro Cid, antiguo asistente personal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, describió este lunes 9 de junio ante la Corte Suprema de Brasil cómo el exmandatario discutió planes para anular los resultados de las elecciones de 2022, en los que triunfó Luiz Inácio Lula da Silva. Su declaración tuvo lugar en el inicio de los interrogatorios del proceso por una trama golpista contra Lula.
Esta semana el expresidente Jair Bolsonaro se sienta en el banquillo de la Corte Suprema de Brasil para responder a la acusación de intentar perpetrar un golpe de Estado tras perder las elecciones en octubre 2022 ante el ahora mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Se espera que Bolsonaro sea interrogado esta semana por el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, al que considera un enemigo personal. Junto a él, declaran otros siete imputados del llamado “núcleo crucial” de una presunta organización criminal que abogaba por la ruptura de la democracia.
Otros de los acusados son Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia; el almirante Almir Garnier, excomandante de la Armada; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal (Brasilia); el general Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República; el general Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y el general Walter Souza Braga Netto, exministro de Defensa y exministro de la Casa Civil.
La sesión del lunes se abrió con el interrogatorio del teniente coronel Mauro Cid, el asistente personal de Bolsonaro durante su mandato, que hizo una delación premiada, es decir un acuerdo con la justicia para obtener una reducción de pena a cambio de ofrecer información.
Al llegar, Cid saludó al exmandatario con un apretón de manos antes del inicio de la sesión.
Acto seguido, el teniente coronel comenzó a responder a una retahíla de preguntas del juez De Moraes y confirmó los puntos principales de su delación premiada.
Cid reiteró que existió un plan para dar un golpe de Estado, y que, por ende, es cierta la acusación de la Procuraduría General de la República contra los imputados. Sin embargo, quiso dejar claro que sólo “presenció gran parte de los hechos, pero no participó en ellos”.
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Una de sus declaraciones más comprometedoras fue que Bolsonaro efectivamente recibió, leyó y sugirió cambios en el borrador del supuesto golpe, un documento que, según las autoridades, establecía las medidas autoritarias para revertir los resultados de las elecciones de 2022.
Según Cid, Bolsonaro solicitó eliminar del documento la parte que preveía la detención de varias autoridades, menos el juez Moraes, quien presidía el Tribunal Superior Electoral durante las elecciones.
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Presiones sobre la votación electrónica
Cid también afirmó que, en 2022, Bolsonaro presionó al entonces ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, con relación a un informe sobre la imparcialidad del proceso de votación electrónica, con el fin de sentar las bases para denunciar un posible fraude.
Confirmó que Bolsonaro quería un documento “duro” contra las urnas electrónicas. Ya el entonces mandatario había emprendido una cruzada a favor del voto impreso.
No obstante, un informe de auditoría encargado a los militares después de los comicios de 2022 no reveló ningún fraude en el sistema electoral, pero tampoco los descartó.
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La génesis de la asonada
Otro momento clave de la declaración de Cid fue cuando corroboró que el general Braga Netto fungía de enlace entre Bolsonaro y los campamentos instalados por ciudadanos frente a los cuarteles generales del Ejército, tras la derrota de la extrema derecha en 2022. Lo crucial de esa declaración es que esos campamentos, según las autoridades, fueron la génesis del posterior ataque a los tres poderes en enero de 2023.
El exasistente confirmó que recibió fondos de Braga Netto en una caja de vino, pero no especificó la cantidad. También declaró que entregó el dinero al mayor Rafael de Oliveira a petición del propio Braga Netto. El mayor Rafael de Oliveira era miembro de un grupo de élite conocido como los ‘Kids pretos’, integrado por soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército.
Justamente, la Policía Federal acusó el año pasado a los ‘Kids pretos’ de planear el asesinato del entonces recién reelegido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes. El plan, denominado ‘Puñal Verde y Amarillo’, fue revelado en el marco de la 'Operación Contragolpe', que el pasado noviembre condujo al arresto de cuatro militares y de un policía.
Al ser interrogado por el juez Moraes, el teniente coronel Cid declaró que nunca tuvo conocimiento de este plan.
‘Me enteré por la prensa, el día que arrestaron a los soldados [‘Kids pretos’], y mi nombre ni siquiera figuraba en el gabinete de crisis que se creó o que se crearía”, declaró.
Para Moraes, existen elementos que prueban que Braga Netto contribuyó “de forma más efectiva e importante de lo que se conocía previamente” a la planificación y financiación de prácticas ilegales. Este general está en prisión preventiva desde el 14 de diciembre de 2024, acusado de obstruir la investigación del intento de golpe de Estado para mantener en el poder a Bolsonaro.
Cid también destacó que Bolsonaro no actuó para desmovilizar los campamentos instalados frente a los cuarteles del Ejército de todo el país después de las elecciones de 2022.
En sus palabras, la postura de Bolsonaro fue la de no interferir, ni apoyar ni desmovilizar: “Yo no fui quien los convocó, no seré yo el que los va a mandar [a su casa]”, habría dicho el expresidente entre bastidores, según el relato del militar.
Para los investigadores, la omisión de Bolsonaro sirvió como señal de aprobación de las protestas que pedían la intervención militar en Brasil y que rechazaban los resultados electorales. La permanencia de los campamentos, incluso después de la investidura de Lula, fue considerada como parte del contexto que condujo a los actos violentos del 8 de enero de 2023 en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia.
“Las declaraciones del Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, que confirmó la elaboración de un borrador del decreto golpista y el intento de prisión del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, colocan al expresidente dentro del escenario del golpe”, evalúa el jurista Márlon Reis, idealizador de la Ley de la Ficha Limpia.
Algunos analistas políticos también destacan que el testimonio de Cid deja al general Braga Netto en el centro de la historia y que disculpa parcialmente a Bolsonaro, presentándolo como alguien presionado por una parte de los ministros y de los militares.
Sin embargo, también hace dos declaraciones peligrosas para el expresidente ultraderechista: que editó el borrador del golpe y que presionó al entonces ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para que cambiara el informe sobre las urnas electrónicas, para dar a entender que hubo un fraude electoral.
Es importante destacar que las pruebas principales para imputar a Bolsonaro proceden de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, especialmente el borrador de decreto con contenido golpista, supuestamente presentado por Bolsonaro a los comandantes de las Fuerzas Armadas.
El episodio fue inicialmente relatado por Cid y confirmado posteriormente por los propios excomandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea. Estos excomandantes también relataron que sufrieron presiones para adherir al golpe de Estado.
Este juicio, que puede acabar con una condena de hasta 43 años de cárcel para Bolsonaro, es interpretado por sus detractores como una defensa de la democracia en un país que ha sufrido nueve golpes de Estado en los últimos 100 años.
En cambio, los seguidores de Bolsonaro consideran a Alexandre de Moraes un dictador que pone en peligro la democracia y que amenaza la libertad de expresión. La polarización y la guerra de narrativas siguen afectando el día a día de la política brasileña.
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