Este viernes 21 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense confirmó que alrededor de 532.000 personas migrantes provenientes de países como Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua serán revocados de las protecciones legales que sustentan sus permisos humanitarios para estar en Estados Unidos. Washington indicó que los afectados perderán su protección a partir del 24 de abril.
Al menos unas 532.000 personas migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití perderían el derecho a residir en Estados Unidos, después de que fueran dotadas del Estatuto de Protección Temporal (TPS) en 2022, bajo las políticas migratorias de la Administración de Joe Biden.
Ahora, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Donald Trump, confirmó que aquellas personas afectadas por la decisión de la dependencia que lidera perderán su estatus legal el 24 de abril, abriendo la puerta a una nueva oleada de deportaciones en masa en las próximas semanas.
“El permiso humanitario es inherentemente temporal, y el permiso por sí solo no es una base subyacente para la obtención de cualquier estatus de inmigración”, mencionó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado anunciando la medida y añadiendo que aquellos afectados "deben irse" antes de que expire su permiso.
Antes de concretarse la nueva medida de Washington, todos aquellos beneficiarios del TPS podían quedarse en Estados Unidos hasta que expirara su permiso, aunque el Gobierno del republicano había congelado todas las nuevas solicitudes de asilo, visas y extensiones de su permiso humanitario para continuar en territorio estadounidense.
A pocas horas de conocerse, la medida ya provoca preocupación y rechazo en la comunidad migrante de esos cuatro países en Estados Unidos. En gran parte, por la posibilidad de un retorno forzado a su país, en donde —en muchos casos— son víctimas de persecución
“La medida va a causar un caos innecesario y angustia a familias y comunidades de todo el país”, mencionó Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, organización defensora de Derechos Humanos que presentó una demanda en febrero contra de la orden ejecutiva de Trump que antecedió a la decisión del Departamento de Seguridad Nacional.
Trump en contra del "abuso generalizado" del TPS
La eliminación del TPS para más de medio millón de personas migrantes latinoamericanas es parte de la nueva política migratoria de la Casa Blanca, impulsada por la retórica anti-inmigrante que el magnate neoyorquino ha impulsado desde su primera Administración.
Especialmente, Trump ha sido sumamente crítico con su antecesor demócrata por la protección de migrantes a través de permisos humanitarios temporales, afirmando que ha existido un "abuso generalizado" del TPS, prometiendo eliminarla desde sus primeros días de regreso al poder.
En 2022, el Gobierno de Biden implementó una nueva política migratoria que abrió más caminos legales para que las personas migrantes en situación irregular pudieran regularizar su entrada al país, admitiendo hasta 30.000 personas al mes con un permiso humanitario de dos años, con el que se les permitía trabajar.
Más de medio millón de personas han sido amparadas por ese mecanismo desde finales de 2022.
Además, ante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, Biden firmó un decreto para extender la protección otorgada por el TPS hasta octubre de 2026. Sin embargo, el pasado 30 de enero, el líder republicano derogó dicha decisión.
Con AP y medios locales
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