En sus primeros días como presidente estadounidense, Donald Trump, impulsó un cambio radical en la política migratoria de la Casa Blanca. A través de una serie de decretos y nuevas leyes en el Congreso, el republicano comenzó a moldear, desde el día uno de su segunda administración, la que sería su nueva estrategia fronteriza para los siguientes cuatro años de su mandato.
A continuación, se destacan las principales medidas que tomó el republicano para intentar cumplir su promesa de que llevaría a cabo la mayor expulsión de migrantes indocumentados de la historia a partir de su vuelta a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.
Golpe de efecto: avalancha de medidas
En sus primeros días de regreso al Despacho Oval, Trump ordenó el cierre de la aplicación CBP One, un programa implementado en 2023 por la administración de Joe Biden que le permitía a miles de migrantes programar citas con las autoridades migratorias en la frontera y solicitar asilo en el país, lo que amparó el ingreso de más de 900.000 personas desde su implementación.
También decretó el "estado de emergencia en la frontera", cuyo ordenamiento obliga al Ejército estadounidense a movilizar tropas, aviones, vehículos militares y drones rumbo a los estados del sur para resguardar la frontera y no permitir la entrada irregular de ninguna persona.
Además, restituyó el controversial programa ’Quédate en México', implementado ya en su primer periodo presidencial, que busca obligar a las personas migrantes a esperar el avance de sus trámites migratorios dentro de territorio mexicano.
Otra orden ejecutiva intentó eliminar el derecho de nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos. Sin embargo, poco después de ser publicada, la orden fue impugnada en los tribunales por organizaciones de la sociedad civil y por un bloque de una veintena de estados, quienes alegaron inconstitucionalidad en la decisión presidencial. La Corte Suprema sigue evaluando el caso.
El regreso de políticas de persecución a las personas migrantes se evidenció menos de una semana después de la vuelta de Trump. El 26 de enero de 2025, se registró un número récord de arrestos a personas indocumentadas en un solo día.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se contabilizaron 956 arrestos y se presentaron 554 órdenes de detención. Fue hasta ese momento, el total más alto desde que la agencia comenzó a informarlos.
También se suspendió la aceptación de casos de refugio y asilo, y se anunció el fin de la política de "Catch & Release", que permitía que las personas migrantes en situación irregular que fueran detenidas en la frontera pudieran ser liberadas mientras se resolvía su estatus migratorio en los tribunales.
A esos decretos le siguió el 29 de enero la firma de su primera ley desde que regresó al poder, una medida que permite a las autoridades migratorias detener a migrantes por robos y otros delitos menores antes de que hayan sido condenados.
Trump firmó la norma en la Casa Blanca, ante familiares de Laken Riley, una joven asesinada por un migrante venezolano cuya muerte inspiró la legislación y que le da nombre.
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América Latina, entre la colaboración y la reacción
La política migratoria de Trump implicó que, luego de las redadas en territorio estadounidense, Washington enviara en aviones a personas migrantes esposadas, sin procesamiento previo, hacia países latinoamericanos.
Las deportaciones masivas generaron tensiones con países como Colombia y Brasil, que denunciaron un trato denigrante a sus connacionales devueltos, mientras que México pidió "cabeza fría" para superar las diferencias diplomáticas.
Personas que fueron acusadas —sin presentar pruebas ni procesamiento judicial— de ser parte de bandas criminales, fueron enviadas a Guantánamo, la cárcel administrada por Estados Unidos en territorio cubano, así como al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
Las deportaciones a El Salvador se hicieron en virtud de un acuerdo firmado en febrero de 2025 con el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, quien en abril siguiente se convirtió en el primer mandatario de la región en ser recibido por Trump en el Despacho Oval desde su regreso a la Casa Blanca.
Para estas expulsiones, Washington invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, un recurso que no había sido aplicado desde la Segunda Guerra Mundial.
Así, pasó por encima de la decisión de un juez federal que prohibía preventivamente a su Gobierno deportar de manera acelerada a ciudadanos venezolanos bajo esta normativa, luego de que Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaran una demanda.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le permitió al republicano utilizar temporalmente la norma en abril de 2025.
Ésta solo había sido aplicada en tres ocasiones, siempre en conflictos bélicos: en la Guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Pero el tribunal había consignado que quienes iban a ser deportados debían contar con la posibilidad de impugnar su expulsión. Finalmente, el máximo tribunal revirtió el 16 de mayo de 2025 la decisión.
En tanto, como Estados Unidos no podía organizar vuelos de repatriación de migrantes a países que se habían negado a aceptarlos, Washington hizo acuerdos con naciones como Costa Rica, Guatemala o Panamá para servir de puente en el proceso de deportación de personas no solo latinoamericanas, sino también de otras nacionalidades de fuera de la región.
La Administración Trump eliminó programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Venezuela, Haití y Honduras, entre otros, y canceló el Parole humanitario, que otorgaba estatus legal a más de 500.000 migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Estas medidas también pasaron por distintas instancias judiciales.
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Un presupuesto acorde y las tensiones al interior de Estados Unidos
El 4 de julio de 2025, Trump firmó la ley que regirá su plan económico: la llamada One Big Beautiful Bill Act (Una Ley Grande y Hermosa), que eliminó beneficios fiscales para familias migrantes y dotó de un fuerte músculo presupuestario a las agencias encargadas de hacer cumplir su política migratoria, ICE y la patrulla fronteriza (CBP).
La ofensiva migratoria generó tensiones con algunos estados, principalmente demócratas. Esto se profundizó aún más desde que en junio el republicano decidiera movilizar a la Guardia Nacional para reprimir las protestas en Los Ángeles que se desataron en contra de las redadas del ICE.
El mandatario recurriría a esta herramienta en reiteradas ocasiones, como por ejemplo en Washington DC, Chicago y Portland.
Según expertos legales, la movilización de estas tropas podría constituir una violación de la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe que los soldados sean desplegados en el territorio nacional y utilizados para garantizar el orden público.
En suma, estas medidas fueron afectando cada vez más las vidas de la población migrante sin documentos, con permisos temporales o visas. Muchos paralizaron sus vidas y han relatado a France 24 en español que viven bajo el miedo de ser detenidos.
Chicago, una ciudad santuario donde la policía local no colabora con el ICE, fue marcada para formar parte de los arrestos con fines de deportación.
El temor al ICE fue creciente, con arrestos de estudiantes con residencia legal que habían participado en manifestaciones a favor de Palestina, como Mahmoud Khalil o la turca Rumeyza Ozturk.
¿Lo peor de lo peor?
A medida que arreciaban las operaciones, bajo el argumento de perseguir "lo peor de lo peor", inmigrantes ilegales con historial delictivo en Estados Unidos, quedaba claro que ese no era necesariamente el foco de las redadas.
Según datos de la Universidad de California en Berkeley citados por el 'The New York Times', más de un tercio de las casi 220.000 personas detenidas por agentes del ICE en los primeros nueve meses del Gobierno de Trump no tenían antecedentes penales, a pesar de que la narrativa oficial argumentaba lo contrario.
Esa retórica de la Casa Blanca fue replicada en medios tradicionales y redes sociales, incluso apelando a la desinformación. Durante todo 2025, contenidos virales responsabilizaron a migrantes de sucesos particulares, con publicaciones sacadas de contexto o generadas con inteligencia artificial.
En diciembre de 2025 ya se habían publicado 38 órdenes ejecutivas, según Migration Policy Institute, entre otras medidas que formaron parte de una suerte de guerra contra la migración en el país norteamericano.
Y alrededor de 65.000 personas se encontraban detenidas por el ICE el 30 de noviembre de 2025, según datos obtenidos por el proyecto de inmigración del Transactional Records Access Clearinghouse, una recopilación de datos gubernamentales realizada por la Universidad de Syracuse.
El ICE, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, tiene el objetivo de cumplir las leyes migratorias y detectar casos delictivos y de terrorismo, pero durante la administración Trump II ha virado a ser una suerte de brazo armado contra migrantes, acciones que han sido cuestionadas desde distintos sectores.
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A un año en el Gobierno, la escalada no cesa
En enero de 2026, a un año de iniciado el segundo mandato del republicano, la política migratoria seguiría siendo de sus principales acciones de gobierno.
Este mes hubo cinco operaciones con uso de armas de fuego que involucraron a agentes federales encargados de la aplicación de la ley migratoria, incluyendo el tiroteo mortal de Renee Good, una mujer de Minnesota que desató una indignación masiva en Estados Unidos y ahora el que terminó con la vida de Alex Jeffrey Pretti en el mismo estado.
Al menos seis inmigrantes murieron en lo que va de enero de 2026 mientras se encontraban en centros federales de detención migratoria, un ritmo inusualmente rápido.
La administración Trump está intensificando drásticamente la aplicación de la ley migratoria con un presupuesto de 170.000 millones de dólares para el ICE hasta septiembre de 2029, una suma histórica.
Minneapolis es el último capítulo en curso de la política migratoria de Trump hasta el momento. Esta ciudad de Minnesota se convirtió en el foco de la represión este mes, con el despliegue de unos 3000 agentes.
Miles de manifestantes salieron a las calles el 23 de enero a pesar de las temperaturas bajo cero para expresar su oposición a las acciones de Trump y exigir el retiro de los agentes, un despliegue que las autoridades del estado han calificado de ocupación.
La detención de Liam Conejo Ramos, un niño de origen ecuatoriano de tan solo cinco años por parte del ICE fue otro de los episodios que conmocionaron este enero a Estados Unidos.
Aunque las autoridades no han entregado una cifra total de detenciones de menores desde que iniciaron las redadas contra supuestos inmigrantes irregulares bajo la actual Administración, sí informaron de "la detención de 400 menores migrantes durante más de 20 días", solo entre agosto y septiembre de 2025.
Trump ha argumentado que las operaciones militarizadas son necesarias para expulsar a los delincuentes de Estados Unidos, pero muchos de los arrestados fueron detenidos únicamente por posibles infracciones civiles de inmigración, el equivalente legal a una infracción de tránsito.
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