El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel que representaba, según datos oficiales, unos 1.100 millones de dólares anuales, con lo que el galón pasará de 1,80 a 2,80 dólares. La medida generó el rechazo de transportistas, sindicalistas y la Conaie, la organización social más poderosa, La medida tiene lugar tras los estallidos sociales en 2019 y 2022 que obligaron a recular en la decisión.
Los ahora expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron incrementar el precio de los combustibles, lo que derivó en violentas protestas, lideradas, principalmente, por la mayor organización indígena del país (Conaie), que entre 1997 y 2005 participó en revueltas que derrocaron a tres gobernantes.
El Gobierno ecuatoriano descartó la posibilidad de un diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que tildó de "paquetazo" la eliminación del subsidio al diésel y advirtió que "el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular".
Con la sorpresiva eliminación del subsidio, el Gobierno de Daniel Noboa apunta a incrementar la entrega de bonos de asistencia social y entregar créditos productivos a campesinos.
Las autoridades han enfatizado que el incremento no impactará en el precio del transporte público.
El decreto firmado por Noboa señala que el galón (3,8 litros) de diésel para el sector automotriz costará "USD 2,80″. Ese valor se mantendrá hasta el 11 de diciembre, cuando se aplicará una nueva fórmula para fijar el precio.
"A partir del 12 de diciembre se aplicará el sistema de bandas para protegerse de shocks externos", explicó una fuente del ministerio de Economía.
Entre los argumentos del gobierno está que el subsidio al diésel "beneficia en mayor proporción a los grupos de mayores ingresos y con alta capacidad económica, lo que genera inequidad".
La ministra de Economía, Sariha Moya, en una cadena nacional señaló que el dinero del subsidio "fluía a través de una tubería rota".
"Una tubería que desviaba gran parte de los recursos al contrabando, a mafias como la minería ilegal y a los privilegiados que no lo necesitaban", sostuvo Moya al recordar que se destinaba unos 1.100 millones de dólares al año para subsidiar ese combustible.
Según el Gobierno, ese dinero ahora se destinará a programas sociales y estimó que a parir de octubre 55.000 familias recibirán un bono mensual para hogares de bajos ingresos, que actualmente es de 55 dólares.
Con la eliminación del subsidio "estos recursos serán redireccionados en medidas que cierran brechas sociales y dinamizan la producción", apuntó la ministra.
Para evitar el aumento en el transporte público, el gobierno entregará a 23.300 conductores entre 400 y 1.000 dólares mensuales. También dará por tres meses una "compensación económica" al transporte comercial, de carga pesada, escolar, institucional y turístico.
En el sector productivo, 100.000 campesinos recibirán 1.000 dólares como capital semilla. También se entregarán créditos y maquinaria para trabajadores agrícolas y pesqueros.
Con AFP y EFE
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