La Corte Suprema de Estados Unidos dio este viernes 27 de junio un espaldarazo a Donald Trump al limitar el poder de los jueces inferiores para bloquear medidas presidenciales a nivel nacional. Aunque el fallo no activa de inmediato su controvertida orden para negar la ciudadanía a hijos de migrantes en situación irregular, sí allana el camino para futuros intentos del presidente de restringir derechos mediante decretos ejecutivos.
Se trata de una victoria para la Administración de Donald Trump y un fallo que enciende las alarmas de las organizaciones protectoras de los derechos de los migrantes. La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, determinó este viernes 27 de junio que los jueces inferiores no tienen autoridad de emitir órdenes judiciales de alcance nacional.
La determinación vino tras una batalla legal sobre la medida de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento a bebés de familias en situación irregular en Estados Unidos. El Gobierno reclamaba que los tribunales estatales no podían congelar dicha orden a nivel federal.
En ese sentido, los jueces del supremo —con el fallo de seis votos a favor y tres en contra— le dieron la razón a la Administración Trump de que los jueces han ido demasiado lejos al emitir órdenes que se aplican a toda la población, en lugar de solo a las partes involucradas en el litigio.
Así, la Corte Suprema ordenó a los tribunales inferiores de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington—que habían suspendido la ejecución de la orden de Trump— reconsideren el alcance de sus medidas.
“Nadie discute que el Ejecutivo tiene el deber de cumplir la ley. Pero el Poder Judicial no tiene una autoridad ilimitada para hacerla cumplir; de hecho, a veces la ley se lo prohíbe”, escribió la jueza conservadora Amy Coney Barrett.
Es decir, los casos regresarán a los jueces inferiores y deberán decidir cómo ajustar sus fallos para cumplir con la decisión del supremo, según Barrett.
Sin embargo, el fallo no permite que la política de Trump entre en vigor de inmediato ni se pronuncia sobre su legalidad. Los jueces, en ese sentido, solo discutieron sobre el alcance de los fallos de los tribunales inferiores.
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Reacciones encontradas
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha visto cómo varias de sus órdenes han sido bloqueadas por los jueces de tribunales inferiores. La de la ciudadanía por nacimiento es solo una de esta lista.
En ese sentido, la decisión del supremo elimina uno de los obstáculos de Trump no solo para impulsar las restricciones a la ciudadanía por nacimiento, sino que sienta un precedente para la capacidad del Poder Judicial de frenar los mandatos presidenciales tanto de Trump como de futuros presidentes.
Tras conocerse el fallo, Trump lo celebró en sus redes sociales. “¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos!”, escribió en Truth Social.
Posteriormente, dio una rueda de prensa en la que adelantó que tiene “toda una lista” de políticas que podrá implementar sin oposición de los tribunales inferiores.
Sin embargo, el fallo ha generado polémica en Estados Unidos. En su disenso, la jueza liberal Sonia Sotomayor afirmó que la decisión del máximo tribunal “es nada menos que una invitación abierta para que el Gobierno eluda la Constitución”. Según afirmó, esto significaría que la Administración podría aplicar una política, incluso si un tribunal inferior ya la ha declarado inconstitucional.
“La mayoría ignora completamente si la orden ejecutiva del presidente es constitucional y se enfoca únicamente en si los tribunales federales tienen autoridad equitativa para emitir medidas universales. Pero la ilegalidad evidente de la orden revela la gravedad del error de la mayoría y justifica por qué las medidas cautelares universales son el remedio adecuado en este tipo de casos”, escribió en su disenso apoyado por las otras dos juezas liberales.
“El oportunismo legal en esta petición es evidente, y el Gobierno ni siquiera intenta ocultarlo”, escribió Sotomayor. Y agregó: “Y, sin embargo, vergonzosamente, esta Corte se presta al juego”.
Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) calificó la decisión como preocupante. Sin embargo, dijo que todavía se pueden buscar protecciones adicionales para las familias potencialmente afectadas.
“La orden ejecutiva es claramente ilegal y cruel. Nunca debería aplicarse a nadie”, sentenció Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
“La decisión de la Corte de abrir la puerta a su aplicación es decepcionante, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que ningún niño sea afectado por esta orden”, sentenció.
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La ciudadanía por nacimiento, un intenso debate en EE. UU.
La orden ejecutiva firmada por Trump poco después de su posesión como presidente establece que los niños nacidos de padres que estén irregularmente en Estados Unidos o con visas temporales no adquirirán la ciudadanía automáticamente.
Sin embargo, los tres tribunales inferiores consideraron que la orden de Trump violaba la Enmienda 14 de la Constitución, en la que se establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.
De hecho, los demandantes —entre los que figuraban fiscales generales demócratas de 22 estados— aseguraban que más de 150.000 bebés por años serían privados de la ciudadanía si se aplicaba la orden de Trump.
La perspectiva del Gobierno es otra. Argumenta que la Enmienda 14 no se aplica a inmigrantes indocumentados ni a las personas que estén en el país de forma temporal.
Varios juristas también se han pronunciado al respecto. Steven Schwinn, profesor de derecho en la Universidad de Illinois en Chicago, aseguró para AFP que el fallo “mina profundamente la capacidad de los tribunales federales para frenar acciones ilegales del gobierno”.
“El fallo probablemente creará un mosaico de derechos de ciudadanía por nacimiento,” explicó Schwinn. Y agregó que “en algunos lugares será reconocida para personas que hayan demandado con éxito, y en otros no será reconocida para quienes no hayan demandado”.
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Un derecho de larga data
Hasta el momento, la ciudadanía por nacimiento otorga automáticamente la nacionalidad estadounidense a cualquier persona nacida en ese país, incluso cuando sus padres estén de manera irregular.
El derecho fue consagrado poco después de la Guerra Civil en la Enmienda 14 de la Constitución.
Mientras que en 1898, en el caso de Estados Unidos contra Wong Kim Ark, la Corte Suprema estableció que los únicos hijos nacidos en suelo estadounidense que no adquieren automáticamente la ciudadanía son aquellos cuyos padres son diplomáticos, enemigos en territorio estadounidense durante ocupaciones hostiles, nacidos en barcos extranjeros o pertenecientes a tribus indígenas soberanas.
Tal como muestra AP, Estados Unidos es uno de unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por nacimiento.
Por su parte, una encuesta de Reuters/Ipsos realizada el 11 y 12 de junio, mostraba que solo el 24 % de los encuestados apoyaba eliminar la ciudadanía por nacimiento, mientras que el 52 % se oponía.
Con AFP, Reuters y AP
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