Este 7 de julio se abrió en Boston un juicio federal iniciado por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, que enfrenta la campaña de arrestos y amenazas de deportación del presidente Donald Trump contra docentes y estudiantes extranjeros que se manifiestan a favor de la causa palestina, o toman cualquier otro tipo de posición política en sus protestas.
La Asociación de Profesores Universitarios, sus seccionales en las universidades de Harvard, Rutgers y Nueva York, y la Asociación de Estudios de Medio Oriente iniciaron una demanda federal que intenta demostrar que las represalias del Gobierno de Donald Trump contra docentes y alumnos están reñidas con la Primera Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo.
La demanda se produce en respuesta a las acciones tomadas contra jóvenes como Mahmoud Khalil o Rumeysa Ozturk, que se han convertido en símbolos de la arremetida gubernamental contra la toma de posiciones políticas en las casas de estudios.
Khalil es un estudiante de posgrado la Universidad de Columbia que permaneció 104 días detenido bajo amenaza de deportación, a pesar de ser residente legal, mientras que Ozturk, que cursaba un doctorado en la Universidad de Turfs, fue arrestada en Boston mientras caminaba por la calle y estuvo seis semanas en un centro de detención de migrantes en Luisiana.
Un juez federal de distrito de 84 años, William Young, nombrado por Ronald Regan, ordenó la apertura de un juicio, marcando una diferencia decisiva con respecto a otras cortes, que han emitido fallos rápidos en las etapas iniciales del proceso. Para Young, el juicio sin jurado será la “mejor manera de llegar a la verdad”.
"La política crea una nube de miedo para las comunidades universitarias, y está en guerra con la Primera Enmienda"
De acuerdo con los demandantes, las acciones de Trump han ido en contra de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, de prensa y el derecho a reunirse pacíficamente, al coartar la práctica de estas garantías en los campus universitarios.
Casas de estudio de todo el país han albergado protestas contra las acciones de Israel en Gaza luego de los ataques del 7 de octubre de 2023, una posición que Trump y su gobierno han tildado de “pro-Hamás” y “antisemita”.
En su deposición introductoria, la representante legal de los demandantes Ramya Krishnan, abogada del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, cuestionó la política de Trump de revocar visas de estudiantes y profesores que han condenado la guerra de Israel contra Hamás.
"La política crea una nube de miedo para las comunidades universitarias, y está en guerra con la Primera Enmienda", aseguró Krishnan.
Leer tambiénEstados Unidos: liberan a Mahmoud Khalil, figura de las protestas propalestinas en Columbia
El camino hacia la demanda
Dos órdenes ejecutivas de Trump arrojaron hacia la incertidumbre a estudiantes y profesores no estadounidenses. Las mismas comisionaban a las agencias federales a proteger a los ciudadanos de extranjeros que, según él, “abrazan una ideología de odio”, y buscaban también enfrentar el supuesto antisemitismo detrás de las protestas pro-Palestina.
Esas órdenes derivaron en los arrestos de Khalil y Ozturk, entre otros, y en la anulación de centenares de visas de estudiantes y docentes. En todos los casos, los jueces han ordenado la liberación de los detenidos por considerar que su encarcelamiento constituía una violación a la Primera Enmienda.
Sin embargo, los demandantes sostienen que las políticas de Trump están creando un clima de represión en la academia.
"Los estudiantes y profesores están evitando las protestas políticas, purgando sus redes sociales y retirándose de la participación pública con grupos asociados con puntos de vista propalestinos", señala el escrito introducido ante la corte de Young.
"Se están absteniendo de ciertos escritos públicos y erudición que de otro modo habrían defendido. Incluso se están autocensurando en el aula", agrega la demanda.
Durante el juicio que se inició este 7 de julio, se espera que tanto estudiantes como profesores ofrezcan sus testimonios acerca de los efectos que la oleada de arrestos y las amenazas de revocación de visas y residencia legal han tenido en el ejercicio de su activismo.
Leer tambiénTrump cumple su amenaza: un líder estudiantil propalestino es detenido y se arriesga a la deportación
¿Qué dice el gobierno desde el banquillo de los acusados?
La respuesta de la parte demandada en su escrito introductorio ha sido negar que exista una política dirigida a criminalizar la opinión de los no ciudadanos en las universidades, y que la idea de esta ha sido instalada por los propios demandantes.
"No tratan de ubicar este programa en ningún estatuto, reglamento, regla o directiva. No alegan que esté escrito en ninguna parte. Y ni siquiera intentan identificar sus términos específicos y su contenido. Todo eso no es sorprendente, porque no existe tal política", asegura la administración de Donald Trump.
Victoria Santora, abogada del Departamento de Justicia, afirmó en la primera audiencia que la administración de Trump solo está haciendo uso de su amplia discrecionalidad para cumplir las leyes de inmigración, con el propósito justificado de garantizar la seguridad nacional y proteger a los estudiantes judíos de supuestos ataques antisemitas.
"Los demandantes no están desafiando nada más que la aplicación legal de las leyes de inmigración por parte de esta administración", agregó Santora.
La parte acusadora asegura que logrará demostrar con evidencias la existencia de una política que priva del derecho a la Primera Enmienda y a un debido proceso a los afectados. En caso de que logren su propósito, el juez Young iniciará una segunda fase para determinar las reparaciones procedentes.
Leer tambiénUna jueza extiende veto a plan de Trump sobre cerrar Harvard a estudiantes internacionales
Con AP y Reuters
Compartir esta nota