Los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, fueron detenidos este 7 de mayo, tras ser separados de sus funciones como congresistas por una orden del Tribunal Supremo, que analiza un caso que involucra a ambos, relacionado con la malversación de fondos del organismo estatal de emergencias.
Los legisladores fueron arrestados por la Policía en la noche del 7 de mayo, horas después de que la Corte Suprema de Justicia colombiana confirmara su decisión de imponer una "medida de aseguramiento de detención preventiva intramural" contra Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara Baja.
"La Sala consideró que se cumplen los requisitos legales y fines constitucionales para la restricción de la libertad de los congresistas, entretanto avanza la investigación en su contra", detalló el ordenamiento del máximo órgano judicial de Colombia.
Además, el documento revela que ambos congresistas ya han sido capturados por las autoridades.
Según la revista colombiana 'Semana', Calle se entregó voluntariamente a un elemento de Policía para luego ser trasladado al búnker de la Fiscalía General en Bogotá.
El Tribunal Supremo también decidió separar a los dos de sus puestos en el Congreso.
Name, de la Alianza Verde, fungía actualmente como senador; mientras que Calle, del Partido Liberal, era legislador en la Cámara de Representantes, ambos con puestos vigentes hasta el 2026, cuando finalizaba su periodo electoral.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la decisión judicial. A la vez, señaló a Name por supuestamente haber entorpecido adrede las reformas impulsadas por el Gobierno en el Legislativo.
“Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo”, escribió Petro.
El caso de corrupción de la UNGRD
Ambos congresistas están involucrados en un esquema de corrupción investigado por el Tribunal Supremo del país, que los señala de ser sospechosos por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
¿La razón? El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que salió a la luz en febrero del 2024.
El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, reveló que algunos fondos del organismo fueron desviados a los bolsillos de Name y Calle, quienes habrían recibido cerca de un millón de dólares, con los que financiaron campañas de familiares en comicios locales, a cambio de favores políticos en el Legislativo.
El dinero tenía que haber sido utilizado para abordar la emergencia climática en el departamento de La Guajira, en donde estaba destinado a la compra de 40 camiones de agua para abastecer el servicio del líquido vital en la zona, duramente golpeada por la sequía y la pobreza.
El caso fue destapado por investigaciones periodísticas que, en un primer momento, cuestionaban la compra a sobreprecio de vehículos que no cumplían las condiciones técnicas necesarias.
Con EFE y medios locales
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