Una sala del Tribunal de Bogotá definirá este martes si confirma, modifica o anula la condena que impone 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal, en un proceso que lo convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente. La decisión podría escalar en casación ante la Corte Suprema.
Colombia conocerá el martes el fallo que definirá si el expresidente Álvaro Uribe debe pagar o no 12 años de arresto domiciliario por manipular a paramilitares para que negaran su relación con estos escuadrones antiguerrilla.
Una jueza sentenció al exmandatario (2002-2010) en agosto a la máxima pena posible por soborno y fraude procesal, en la recta final de un caso que lo convirtió en el primer expresidente de la historia del país en ser condenado penalmente y privado de la libertad.
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Según el fallo de primera instancia, el jefe de la derecha colombiana, de 73 años, presionó a paramilitares encarcelados para que lo desvincularan de su organización, responsable de masacres, desapariciones y otras atrocidades en medio del conflicto armado.
Tras pasar una veintena de días en prisión domiciliaria, el exmandatario se defiende en libertad amparado por una decisión de un tribunal de Bogotá. La defensa de Uribe recurrió la sentencia y ahora esa misma sala debe decidir si la ratifica, con o sin modificaciones, o si anula la condena.
El proceso judicial más mediático del siglo en el país arrancó en 2018, cuando la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por sus vínculos con paramilitares después de las denuncias del senador de izquierda y hoy precandidato presidencial Iván Cepeda.
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El exparamilitar encarcelado Juan Guillermo Monsalve se convirtió en testigo estrella tras relatar cómo un abogado de Uribe intentó sobornarlo. El letrado Diego Cadena le ofreció beneficios a Monsalve para cambiar su testimonio, pero este lo grabó con una cámara escondida en su reloj.
La justicia colombiana condenó a Cadena a siete años de prisión domiciliaria por soborno en el mismo entramado.
Uribe siempre ha negado vínculos con paramilitares y sostiene que su judicialización es fruto de una persecución de la izquierda, en el poder bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, su nombre aparece en al menos tres investigaciones más por la fundación y financiación de un grupo paramilitar, varias masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos. Todas están en manos de la Fiscalía colombiana.
En caso de la ratificación de la condena, Uribe y su equipo legal podrán escalar el caso con un recurso de casación ante la Corte Suprema. El tribunal primero estudiará si es válido y en caso tal la resolución podría tardar meses o años.
Uribe es muy popular por su feroz cacería contra la guerrilla durante dos mandatos consecutivos. Sin embargo, autoridades registraron en esa época graves violaciones de derechos humanos como el asesinato de miles civiles a manos del Ejército, presentados como guerrilleros abatidos a cambio de beneficios.
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