Chile presentó el viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI) documentos sobre el caso de un exmilitar disidente venezolano asesinado en Santiago, crimen que la Fiscalía chilena vincula con un miembro del gobierno de Nicolás Maduro.
La justicia y el gobierno de Chile pretenden que el caso del teniente retirado Ronald Ojeda -aún en investigación- se incluya en el proceso que sigue la CPI contra Venezuela desde 2018, por denuncias de crímenes de lesa humanidad.
"Junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, tuvimos una reunión muy provechosa con el fiscal de la CPI", Karim Khan, "para transmitirle los antecedentes generales" del secuestro y posterior homicidio del exmilitar, dijo desde La Haya el fiscal nacional de Chile, Angel Valencia, citado en un comunicado oficial.
El gobierno de Maduro rechazó esta acción y la calificó de "farsa", en un comunicado.
"Venezuela rechaza categóricamente la absurda farsa que el gobierno de Chile pretende montar ante la Corte Penal Internacional, basada en mentiras y falsedades", indica el texto.
Ojeda, de 32 años y quien había recibido refugio político en Chile, fue sacado de su departamento el 21 de febrero de 2024 por personas que simularon ser policías.
Nueve días después, su cadáver fue hallado dentro de una maleta enterrada en una barriada de la capital Santiago.
En enero, la Fiscalía chilena dijo que investigaban la presunta participación en el crimen del ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello.
El gobierno chileno dijo entonces que, de confirmarse esa tesis, llevaría el caso a la CPI.
La investigación "apunta en la dirección" de un "móvil político", afirmó Van Klaveren en un video enviado por cancillería. "La gran pregunta es si este crimen obedeció a la acción de agentes extranjeros".
El Ministerio Público ha sostenido que el asesinato de Ojeda fue perpetrado por la organización criminal venezolana Tren de Aragua por encargo.
De acuerdo con la Fiscalía, al menos 16 personas sospechosas de haber participado en el crimen han sido identificadas, siete de ellas detenidas en Chile.
Dos sospechosos adicionales están presos en Colombia y otros dos en Estados Unidos.
"Es importante que el caso del exteniente Ojeda se presente como parte de una violación sistemática de los derechos humanos", dijo por su parte el excanciller chileno Heraldo Muñoz a la televisión pública.
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