Más de cinco años después de la muerte del magnate financiero Jeffrey Epstein en una prisión de Nueva York, el caso ha vuelto a ocupar titulares en Estados Unidos. Pese a las investigaciones oficiales y el cierre judicial de los expedientes, la presión desde las bases del movimiento MAGA ha resucitado las teorías de conspiración sobre la presunta existencia de una “lista de clientes” y el supuesto encubrimiento de poderosos implicados en una red de tráfico sexual de menores.
El presidente Donald Trump ha manejado con ambigüedad su posición frente al caso Epstein. Por un lado, ha insistido en que su Administración ha sido “transparente” y ha cumplido su promesa de investigar los hechos. Por otro, ha evitado avanzar en la publicación de documentos sensibles, lo que ha generado descontento, incluso entre muchos de sus propios seguidores.
Y en las últimas semanas las tensiones aumentaron dentro del Gobierno de Trump, en medio de decisiones polémicas, como el despido de la fiscal federal Maurene Comey, una de las figuras clave en los casos contra Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, y la publicación de un informe del Departamento de Justicia que ha desilusionado a los sectores más leales a Trump.
“El presidente ha sido transparente. Ha cumplido sus promesas al pueblo estadounidense”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Pero al mismo tiempo, defendió que Trump no nombrará un fiscal especial para el caso, una medida exigida por algunos sectores conservadores. “No le gusta ver a los demócratas y a los grandes medios de comunicación cubrir esto como si fuera la noticia más importante que preocupa al pueblo
Pero se mantiene una ambigüedad. En medio de la presión, Trump finalmente dijo el jueves que le pidió a la fiscal general, Pam Bondi, que presentara todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado en el caso Jeffrey Epstein. Pero, al mismo tiempo, anunció que demandará a 'The Wall Street Journal' por divulgar el contenido de una supuesta carta que el mandatario envió a Epstein.
La polémica por la lista y los hallazgos oficiales
El centro del resurgimiento del caso Epstein gira en torno a una vieja y persistente teoría: la existencia de una lista de clientes poderosos (políticos, empresarios y celebridades) que supuestamente participaron en su red de tráfico sexual. En febrero, el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI publicaron un memorando en el que descartan esta versión.
El documento sostiene que no hay evidencias de que Epstein haya mantenido una lista con la que chantajeaba a clientes y reafirma la conclusión oficial de que se suicidó en prisión en agosto de 2019. También confirma que no se detectó ingreso de personal externo a la zona donde murió, lo que contradice otra teoría conspirativa sobre un supuesto asesinato encubierto.
Estas conclusiones, lejos de calmar las aguas, desataron una tormenta. El enojo entre los seguidores de Trump no se hizo esperar. Algunos acusan directamente al FBI y al DOJ de proteger a las élites y traicionar el compromiso de “limpiar el pantano” que tanto prometió Trump en su campaña electoral y con el que logró su segundo mandato a la Casa Blanca.
El despido de la fiscal Maurene Comey: ¿venganza política?
En medio de este clima tenso, el despido de la fiscal federal Maurene Comey reavivó las sospechas.
Comey fue una de las fiscales principales en el juicio contra Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión por facilitar el abuso sexual de menores por parte de Epstein. También estuvo implicada en el caso del productor musical Sean “Diddy” Combs, recientemente absuelto de cargos graves
Comey es además la hija de James Comey, el exdirector del FBI despedido por Trump en 2017 mientras investigaba la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Su salida del Departamento de Justicia se produjo bajo el artículo II de la Constitución estadounidense, que otorga al presidente amplios poderes para cesar a funcionarios federales.
Medios como 'The New York Times' y 'ABC News' citaron fuentes que afirman que Trump había criticado en privado el hecho de que “un Comey” siguiera trabajando dentro de su Administración. Aunque la fiscal no recibió explicaciones formales, se le entregó una carta oficial de despido.
Maurene Comey, la fiscal que incomodaba al poder
Maurene Comey, hija del exjefe del FBI, se graduó de Harvard y posteriormente cursó Derecho en la Universidad de Columbia. A lo largo de su carrera en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se especializó en casos complejos relacionados con crimen organizado, abuso sexual y corrupción.
Su mayor notoriedad la alcanzó al liderar la acusación contra Ghislaine Maxwell, figura clave en la red de Epstein. El juicio fue seguido por medios de todo el mundo y su trabajo fue elogiado por organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas.
La condena a Maxwell fue interpretada como un triunfo judicial, pero también como una pieza faltante: no se logró identificar ni castigar a otras personas posiblemente implicadas.
El despido de Comey se produce justo cuando parte de la base republicana exige más respuestas sobre el caso Epstein. La fiscal también había estado implicada en causas sensibles, como la que involucra al rapero “Diddy” Combs, acusado de organizar fiestas sexuales con mujeres bajo el efecto de drogas.
Un caso con implicaciones políticas
Más allá del sensacionalismo mediático o del morbo que suele rodear al nombre de Epstein, lo cierto es que el caso tiene implicaciones políticas profundas. Representa, para muchos sectores de la población, el símbolo de una supuesta red de impunidad en la que las élites están protegidas, sin importar los crímenes cometidos.
Para Trump, el manejo del caso se ha convertido en un campo minado. Si desestima las teorías conspirativas, pierde parte del apoyo de su base más leal. Pero si las alimenta sin pruebas, se arriesga a quedar atrapado en un relato que no puede sostener jurídicamente.
En este contexto, su decisión de no nombrar un fiscal especial y de no publicar más documentos se interpreta por algunos como un retroceso frente a promesas anteriores. “Lo que sea creíble, ella (la fiscal general Pam Bondi) puede publicarlo”, dijo recientemente, dejando la puerta entreabierta, pero sin comprometerse realmente.
Tensiones dentro y fuera del Gobierno
El carpetazo que el Gobierno de Donald Trump dio al caso Jeffrey Epstein no solo desató una ola de indignación pública, sino que profundizó una serie de fracturas internas dentro del movimiento que lo llevó al poder.
La polémica en torno al informe del DOJ provocó un enfrentamiento entre el equipo de la fiscal general Pam Bondi y el subdirector del FBI, Dan Bongino.
Fuentes citadas por medios como 'CNN' y 'NBC' aseguran que ambos bandos se acusan mutuamente de filtrar información a la prensa y de sabotear la comunicación oficial.
El vicefiscal Todd Blanche intentó calmar las aguas afirmando que no existen diferencias internas reales y que el memorando fue “firmado por todos los responsables”.
Sin embargo, el enfado entre los influyentes voceros del movimiento MAGA (Make America Great Again) es palpable. Figuras como Laura Loomer o Megyn Kelly han criticado duramente a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, a quien responsabilizan de “fracasar” en revelar “la verdad” prometida sobre Epstein.
Loomer incluso llegó a llamarla “Scam Blondi” (rubia estafadora) y aseguró que su permanencia en el cargo es un “lastre” para Trump.
Para muchos, un escenario generado por el propio Trump, quien durante meses alimentó las expectativas de que su Administración revelaría al público la lista con nombres poderosos presuntamente vinculados a la red de explotación sexual.
El presidente intentó contener la furia con declaraciones ambiguas. En lugar de distanciarse de sus fiscales, defendió a Pam Bondi, blanco principal de los ataques. Sin embargo, sorprendió a muchos al afirmar que ya no quiere el "apoyo" de quienes continúan presionando para mantener viva la causa Epstein. “Están haciendo el trabajo de los demócratas”, dijo, en un gesto inusual de ruptura con sus seguidores más fervientes.
Incluso aliados de peso han comenzado a marcar distancia. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes y una figura leal al trumpismo, pidió públicamente que se “exponga todo” sobre el caso, rompiendo con la habitual estrategia de cerrar filas alrededor del presidente
En tanto, Loomer, asesora de Trump y propagadora de teorías conspirativas, ha exigido la designación de un fiscal especial para reabrir la investigación y frenar el costo político del escándalo.
Con EFE, AP, Reuters y medios locales
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