Cuatro años después de la muerte de Mahsa Amini, que provocó una de las mayores oleadas de protestas en la historia reciente de Irán, Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles 16 de septiembre una extensa investigación en la que acusa a las autoridades iraníes de haber desplegado una maquinaria estatal coordinada para reprimir las manifestaciones mediante asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y otros abusos.
El informe, de más de 1.000 páginas y titulado ‘Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán’, reconstruye las estructuras de mando que, según la organización, estuvieron detrás de la represión e identifica a 87 altos cargos que deberían ser investigados por su presunta responsabilidad penal.
“Las abundantes pruebas recopiladas y analizadas en nuestro informe no dejan lugar a dudas: las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad para sofocar el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
La investigación se publica cuando se cumplen cuatro años de la muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años detenida en Teherán por la denominada “policía de la moral” por supuestamente incumplir las estrictas normas sobre el uso del velo islámico.
Su muerte, el 16 de septiembre de 2022, desencadenó protestas bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, que comenzaron como una reivindicación de los derechos de las mujeres y que luego se transformaron en un movimiento más amplio contra las autoridades de la República Islámica.
Según Naciones Unidas, al menos 551 personas, entre ellas 68 menores, murieron durante aquellas protestas. Amnistía, por su parte, recolectó información y pruebas sobre la muerte de 377 manifestantes y transeúntes, 56 de ellos menores de edad, en el marco de su investigación sobre los patrones de homicidios cometidos durante la represión.
Leer tambiénProtestas dejan más de 500 muertos en Irán; Teherán responde a amenazas de Trump
Una cadena de mando coordinada
Uno de los principales objetivos del informe es determinar cómo se organizó la respuesta de las fuerzas de seguridad y qué autoridades estuvieron involucradas en las decisiones.
Amnistía sostiene que la Guardia Revolucionaria y la Policía iraní encabezaron operaciones letales para dispersar las manifestaciones y actuaron en el marco de una política estatal diseñada a través de organismos de seguridad nacionales, provinciales y locales.
Según la investigación, las fuerzas desplegadas utilizaron fusiles de asalto de uso militar, pistolas y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra las multitudes. La organización también documentó casos en los que agentes persiguieron a personas que escapaban de las protestas y dispararon a corta distancia contra víctimas desarmadas.
Documentos filtrados y declaraciones oficiales analizados por Amnistía revelan, según la organización, reuniones estratégicas, planes de despliegue, asignaciones de armas y órdenes de responder de manera “firme y severa”. Una de las instrucciones examinadas instaba a las fuerzas de seguridad a “responder sin piedad y llegar incluso a causar la muerte”.
“La investigación pone al descubierto las capas de mando y coordinación que hay detrás de la represión mortífera de las protestas”, señaló Callamard.
Leer tambiénIrán: los jóvenes que lideran las protestas pagan un alto precio por sus posturas
La organización identifica a 87 altos cargos (10 de ámbito nacional y 77 regionales, provinciales o locales) que considera que deberían ser investigados. Entre ellos figuran 62 mandos de las fuerzas de seguridad y 25 funcionarios del Ministerio del Interior.
Seis de las personas señaladas murieron durante los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.
Amnistía dijo que comunicó las conclusiones de la investigación al liderazgo iraní y a altos responsables de seguridad y notificó a los 87 funcionarios identificados. Al momento de la publicación del informe, la organización afirmó que no había recibido respuesta.
Torturas, violencia sexual y menores entre las víctimas
La investigación también documenta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas u otros malos tratos contra miles de hombres, mujeres y menores, además de persecución contra familiares de personas fallecidas.
Amnistía asegura que los abusos formaron parte de un ataque “generalizado y sistemático” contra la población civil y concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación, desaparición forzada y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos.
La represión, según el informe, golpeó de manera particularmente fuerte a las comunidades kurda y baluchi. Ambas representan en conjunto el 62% de las víctimas registradas por Amnistía, pese a que constituyen una proporción considerablemente menor de la población iraní.
Entre las víctimas estuvo Minoo Majidi, una mujer kurda de 62 años alcanzada por perdigones metálicos durante una protesta en Kermanshah en septiembre de 2022.
“La mataron en la calle. Ella había salido a la calle para reclamar un cambio, para gritar ‘libertad’”, relató a la AFP su hija, Mahsa Piraei, que vive fuera de Irán.
“El mundo piensa que las protestas fueron por la libertad de las mujeres. Lo fueron, pero también fueron por la libertad de las personas y el derecho a la vida”.
Piraei sostuvo además que dentro de Irán “no existe una ruta hacia la justicia” y reclamó que las responsabilidades no se limiten a quienes ejecutaron directamente los abusos.
“Para mí, la justicia es rendición de cuentas. No solo para la persona que disparó a mi madre: la responsabilidad debe llegar a la cima de la cadena de mando”, afirmó.
Leer tambiénLa represión militar iraní se extiende desde las zonas kurdas, y los kurdos temen lo peor
De las protestas de 2022 a la represión de 2026
Amnistía vincula la falta de rendición de cuentas por los hechos de 2022 con las sucesivas represiones de las protestas en Irán y advierte que muchos de los responsables permanecieron en posiciones de poder.
Las manifestaciones de “Mujer, Vida, Libertad” fueron las más importantes registradas durante años en el país hasta las protestas que estallaron a principios de 2026, inicialmente impulsadas por el aumento del costo de vida y que alcanzaron su punto más crítico los días 8 y 9 de enero.
Según Amnistía, la represión de esas protestas fue “aún más mortífera y de una magnitud aún más sobrecogedora” que la registrada cuatro años antes.
Callamard afirmó que la impunidad está integrada en las estructuras políticas y judiciales iraníes y sostuvo que sus consecuencias quedaron expuestas nuevamente en enero, cuando, según la organización, miles de manifestantes fueron asesinados en apenas 48 horas.
Por ese motivo, Amnistía pidió a la Asamblea General de Naciones Unidas la creación de un mecanismo internacional de justicia penal que permita investigar y procesar a los principales responsables. También instó a los Estados a recurrir a la jurisdicción universal y a impulsar una eventual remisión de la situación de Irán a la Corte Penal Internacional.
Para elaborar el informe, la organización entrevistó a 270 personas, entre manifestantes, exdetenidos, familiares de víctimas, testigos, abogados, periodistas y personal sanitario. Analizó más de 2.000 videos, además de declaraciones oficiales, documentos filtrados, sentencias judiciales y documentación forense.
Una denuncia en plena guerra
La publicación llega en un contexto muy diferente al de 2022, mientras continúa el conflicto iniciado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Amnistía advirtió que la población iraní enfrenta actualmente riesgos en dos frentes: la intensificación de la represión interna y las consecuencias de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel.
La organización calificó de ilegales los ataques contra Irán y reclamó un alto el fuego duradero, así como investigaciones independientes sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto.
“Amnistía Internacional se opone inequívocamente a las violaciones del derecho internacional por todas las partes y rechaza cualquier intento de instrumentalizar el sufrimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Irán para justificar ataques ilegales que causan más daños a la población civil”, afirmó Callamard.
Con EFE, AFP y medios locales
Compartir esta nota