Este es el momento, y no otro, para que el presidente de la República, en la medida que prepara su discurso de rendición de cuentas de su segundo año al frente de su segundo período de gobierno, se replantee nuevos cambios en su gabinete presidencial y en las políticas que ha puesto en marcha como parte de sus promesas de campaña.
A los presidentes y a los gobiernos se les juzgan por la efectividad de sus administraciones, por las obras físicas realizadas, y en el caso de la administración del presidente Luis Abinader, habría que utilizar parámetros diferentes, como su empeño en que la transparencia y la institucionalidad se conviertan en frentes decisivos de su administración.
El cambio en la Constitución de la República, para establecer cláusulas pétreas o que hagan más difícil volver a establecer la reelección presidencial, es un punto luminoso. La Constitución fue modificada en 1994, como resultado del fraude electoral cometido por el doctor Balaguer contra José Francisco Peña Gómez. Entonces se prohibió la reelección presidencial y se estableció el voto del dominicano en el exterior, además de la doble nacionalidad para los dominicanos.
Con miras al nuevo aniversario de la patria, cuando el presidente bien pudiera dar un cambio de rumbo en los funcionarios designados desde el 2020 y que han continuado con sus funciones, ya sea en un ministerio o en un departamento importante.
En su primer período de gobierno Leonel Fernández pudo, pero no se atrevió, cambiar la Constitución para favorecerse con la reelección, que estaba prohibida. Hipólito Mejía llegó al poder en el 2000, y restableció la reelección en el 2002, lo que fue aprovechado por Leonel Fernández en el 2008, y quedarse hasta el 2012. En el 2010 se cambio otra vez la Constitución y se prohibió la reelección inmediata, pero Danilo Medina la cambió para permitir su propia reelección.
La otra cuestión relevante fue establecer la independencia del Ministerio Público, y la creación del Ministerio de Justicia, para que sea el ente oficiales, responsable del sistema carcelario, entre otras funciones.
La profundización de la transparencia en la gestión pública, la investigación en las funciones públicas, y la introducción de un rigor mayúsculo para quienes administran fondos públicos, son muestras de la institucionalidad que se ha querido establecer. Luis Abinader nunca ha salido en defensa de ningún funcionario denunciado, y cada vez que ha comprobado deslices, actúa separando de sus funciones, o permitiendo que los funcionarios señalados se marchen.
Sin embargo, casos como la corrupción detectada en el Seguro Nacional de Salud, representan un clarísimo desliz que afecta la imagen del gobierno, y que pone énfasis en que el presidente se replantee el gabinete, no con movimientos de los funciones de una dirección o de un ministerio a otro, sino otorgando responsabilidades a jóvenes y profesionales que bien pudieran resultar positivos para la efectividad del gobierno, como han sido los casos en el Ministerio de Hacienda, en la DGII y en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Es justo en este tiempo, cuando se prepara para su rendición de cuentas, y con miras al nuevo aniversario de la patria, cuando el presidente bien pudiera dar un cambio de rumbo en los funcionarios designados desde el 2020 y que han continuado con sus funciones, ya sea en un ministerio o en un departamento importante.
Compartir esta nota