Aunque la mayoría de las personas no entiende la naturaleza de los intereses que se mueven detrás de las presiones para evitar cambios en la Policía Nacional, hay que entender que la voluntad del gobierno parece firme en realizar las transformaciones para convertir esa entidad en una protectora de la seguridad ciudadana y en un ente civil contra el crimen organizado.
La tradición que ha seguido la Policía Nacional ha sido de la politización excesiva, de servicio a intereses locales y foráneos que nada tienen que ver con la protección ciudadana, y la instrumentalización de ese cuerpo para el enriquecimiento y la realización de actividades nada honestas ni de protección ciudadana para que ciertos personajes se eternicen allí.
La Policía Nacional está sujeta a un plan de reforma. Y el presidente Luis Abinader, con la ministra de Interior y Policía, más el ministro de Defensa y otros funcionarios del área civil le dan seguimiento. No hay forma de desviar la voluntad de reformar la policía.
Y hay personas que se prestan a servir a oscuros intereses. Ya se sabe que hay, dentro de la entidad policial, sujetos que se dedican al tráfico de influencia, al tráfico de municiones, al tráfico de armas, y al tráfico de personas, aparte de los que -apoyados por su rango y el uniforme- se dedican al crimen, y a dañar una gestión policial que luce interesada en cumplir y hacer cumplir su rol como protectora de la ciudadanía.
El presidente Luis Abinader acaba de emitir el decreto 109-25, don múltiples cambios en la oficialidad de la Policía Nacional. Hubo intentos de que ese decreto, y otros en proceso, no se hicieran público y no fueran lo que hoy son, una realidad. Los datos se dieron a conocer previamente a que el Palacio Nacional anunciara los cambios. Era un interés de que no se convirtiera en realidad.
El gobierno debe cuidar que las promociones de los oficiales profesionales, y los de nuevo ingreso, se hagan con estricto apego a la ley y atendiendo al comportamiento, rendimiento y ética de los mismos. Hay que procurar, sin embargo, que los sujetos policiales, aún sean oficiales de mediano o alto rango, intenten entorpecer la reforma policial que el gobierno está llevando a cabo.
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