Los recientes desplomes de infraestructura ocurridos en los hospitales de San Francisco de Macorís, San Cristóbal y Azua, donde se han desprendido plafones y colapsado techos en edificaciones nuevas, recientemente renovadas o en proceso de construcción, ponen en evidencia una falla grave en la supervisión de las obras públicas y son síntomas de un problema estructural que compromete la seguridad ciudadana.
La República Dominicana cuenta con normativas de construcción que establecen estándares mínimos de calidad, resistencia y seguridad, y esto se debe tanto a nuestra posición geográfica y -de forma más reciente- a los embates del cambio climático. Sin embargo, la reiteración de fallas en hospitales públicos revela que estas normas no están siendo aplicadas con el rigor necesario. En estas, y todas las edificaciones de salud, la supervisión técnica debe ser constante y transparente, desde la planificación hasta la entrega final de cada obra.
No se trata sólo de sancionar a las empresas constructoras que incumplen, sino de garantizar que cada proyecto público se ejecute bajo estándares internacionales de calidad y sostenibilidad.
En este contexto, la Comisión para la Supervisión de las Infraestructuras Nacionales ante el Cambio Climático tiene un rol importante, que debe ejercer y mostrarnos una reunión de trabajo y supervisión con el Servicio Nacional de Salud, en la cual muestren el cumplimiento de los códigos tradicionales, cómo estas infraestructuras se adaptan a las nuevas exigencias que impone el clima: lluvias más intensas, temperaturas extremas y fenómenos naturales cada vez más frecuentes.
El cambio climático obliga a repensar la manera en que se diseñan y construyen hospitales, escuelas y otras infraestructuras críticas. Los materiales, las técnicas de construcción y los sistemas de drenaje deben responder a escenarios de mayor vulnerabilidad. Ignorar esta realidad es condenar al país a repetir tragedias evitables.
No se trata sólo de sancionar a las empresas constructoras que incumplen, sino de garantizar que cada proyecto público se ejecute bajo estándares internacionales de calidad y sostenibilidad.
En este sentido, el papel de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), es determinante. El liderazgo que ha logrado con informes técnicos ya debe traducirse en acciones concretas: auditorías técnicas, certificaciones independientes y la publicación de informes accesibles a la ciudadanía.
ONESVIE y la Comisión de Supervisión deben trabajar de manera articulada para reactivar el sistema de alerta temprana sobre riesgos en las infraestructuras. No podemos esperar a que los techos continúen colapsando o que más plafones se desprendan. Ya hemos aprendido que la prevención es menos costosa y más segura que la reparación.
En estas, y todas las edificaciones de salud, la supervisión técnica debe ser constante y transparente, desde la planificación hasta la entrega final de cada obra.
Asimismo, urge que se implemente un registro público de obras donde se detalle el cumplimiento de las normativas de construcción, las inspecciones realizadas y las empresas responsables. La transparencia es la mejor herramienta contra la negligencia y la corrupción en el sector.
¡Ya es hora! La República Dominicana necesita un nuevo pacto de responsabilidad en infraestructura, que garantice que cada hospital, cada escuela y cada obra pública se construya para resistir el presente y el futuro. La seguridad de la población no admite improvisaciones ni excusas.
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