El sistema universitario dominicano es dinámico y tiene grandes ambiciones. Recibe fondos estatales, apoyo desde organismos multilaterales y hasta ha recibido préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que finalmente han sido asumidos por el Estado Dominicano.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la mayor universidad estatal. Recibe fondos por encima de los 10 mil millones de pesos, y desarrolla proyectos que son financiados por el Estado, como el de conectividad en su sede central y varias de sus dependencias regionales. Es la universidad más antigua del Nuevo Mundo, y la que más responsabilidad tiene en la cooperación con el Estado y el pueblo dominicano, más allá de la entrega de profesionales graduados en inversas áreas.
Otras universidades, que nacieron como entidades privadas pero que han tenido que ser asumidas por el Estado, son también universidades públicas. Las universidades privadas tienen una gran fortaleza, pero ofrecen sus servicios a estudiantes que pueden cubrir los costos que implica la educación privada. La graduación de un profesional en una entidad privada implica un costo general de aproximadamente 3-4 millones de pesos, que millones de familias no pueden cubrir, y eso explica que la UASD y las otras universidades pública alcancen una población que supera los 300 mil estudiantes.
El Estado cubre la educación pública con el 4 por ciento del PIB, y da cobertura a la educación superior gratuita. El Estado cubre la formación de maestros, a través del Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña (ISFODOSU) y del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM).
¿Cuándo la sociedad comenzará a solicitar a las universidades públicas y privadas los resultados de los tantos fondos que reciben?
Una buena parte de las universidades privadas recurre al Estado para la construcción de obras superiores, como ocurrió con INTEC en el administración de Danilo Medina, o como ha ocurrido con la construcción de los parqueos de la UASD, las bibliotecas en otras entidades.
La pregunta que necesita ser respondida, aparte de la graduación de profesionales en diversas áreas, cuándo las universidades comenzarán a entregar patentes al país, cuándo comenzarán a mejorar su ubicación en los rankings de calidad de América Latina y el Caribe sobre academias de educación superior, cuándo comenzarán a entregar resultados de investigaciones biomédicas, de propuestas de soluciones viales, de recomendaciones para mejorar la burocracia, el acceso de tecnología a la sociedad o premios internacionales que ayuden al posicionamiento del país en el área de la educación superior.
El Estado cuenta con la asignación de fondos anuales a las universidades que desarrollen investigaciones en diversas áreas. ¿Dónde podemos encontrar esas investigaciones y sus beneficios colocados en las manos de la sociedad?
Cuando se habla del sistema de educación superior, siempre se piensa que hemos fracasado como país, porque hay carencias esenciales en la formación profesional de los egresados, y se achaca al Estado la responsabilidad. También se asigna la culpa de la mala educación, porque el Estado es rector por vía del Ministerio de Educación Superior (MESCYT) y es responsable de la educación primaria y media, por vía del Ministerio de Educación (MINERD).
¿Cuándo la sociedad comenzará a solicitar a las universidades públicas y privadas los resultados de los tantos fondos que reciben? Ojalá que esa pueda convertirse en una preocupación, más allá de culpar al Estado del mal desempeño de nuestro sistema educativo.
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