Funcionarios responsables de hacer cumplir la ley. Lo que va y lo que viene

Quien ejerce la función pública tiene la responsabilidad de actuar con transparencia, y estar dispuesto a explicar sus actuaciones ante los ciudadanos, y en el caso que lo requiera, ante los jueces y tribunales que escarban en las conductas de los funcionarios y sus conflictos con las leyes.

Está claro que nadie quiere verse expuesto con indelicadezas administrativas, y más si quien lo expone es un organismo del Estado, como el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas o la Contraloría General de la República.

Muchas veces la sensibilidad de los funcionarios criticados resulta excesiva. Y recurren a todas las argucias para evadir el cuestionamiento público. Si el cuestionamiento tiene sustento, lo correcto es que expliquen y sean convincentes con sus explicaciones y justificaciones.

Sin embargo, hay casos contrarios, de excesos en los medios de comunicación que cuestionan, sin fundamentos, a funcionarios, y lo más grave es cuando esos cuestionamientos se convierten en extorsiones. La extorsión está penada por la ley y debe ser denunciada, perseguida y sancionada. Es un delito grave, porque se utiliza medios sociales, públicos, importantes, y se daña la honra, la moral, la dignidad del funcionario extorsionado.

Gravísimo es que un funcionario permita ser extorsionado, y acepte pagar chantajes y extorsiones. Es una conducta irresponsable en doble vía: de quien delinque extorsionando y de quien -en una admisión implícita de sus delitos- decide aceptar y pagar la extorsión.

Nadie que se considere serio, ético y cumplidor de las normas establecidas puede aceptar una extorsión, y quien lo haga debe ser reo de la persecución pública.

Muchos funcionarios ignoran que en la legislación dominicana existe la Ley No. 672-82, publicada en la Gaceta Oficial No. 9591, del 29 de julio de 1982, gobierno encabezado por Jacobo Majluta, y titulada “Ley que establece un Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, y que va dirigida especialmente a las personas electas y designadas que tienen la responsabilidad de aplicar las leyes existentes, incluyendo aquellas relacionadas con la ética y la protección de la dignidad de las personas.

También hay personajes del área de la comunicación (¡¡¡¡!!!!!) que ignoran los artículos del Código Penal que protegen la imagen del Poder Ejecutivo y de sus funcionarios, influyendo los familiares más cercanos. Injuria y difamación existen, y conllevan sanciones penales, punitivas, incluyendo cárcel, y compensaciones y reparaciones civiles.

Hace falta que alguien del gobierno oriente a las personas criticadas en base a datos emanados de entidades estatales, y que también les informen sobre los peligros que conlleva aceptar chantajes y extorsiones, que podrían ser más riesgosos que los delitos administrativos.

Y ojalá que alguien en el sector público, que sea víctima de extorsiones, con chantajes, injurias y difamaciones, que se ponga la ropa de ciudadano o ciudadana, y decida poner en marcha la acción pública, a instancia privada, para detener estas barbaridades que ocurren con frecuencia en algunos estercoleros mediáticos.