El fenómeno de la conversión de terrenos agrícolas en urbanizaciones y centro de actividades comerciales muy diferentes de lo decidido por el Estado al otorgar terrenos como asentamientos agrícolas, no es nuevo. No hemos descubierto el problema. Quien dio primero la voz de alarma fue el doctor Frank Moya Pons, exministro de Medio Ambiente.
Al dictar una conferencia magistral sobre el Ministerio de Medio Ambiente, el 17 de agosto de 2015, con motivo del XV aniversario de la institución, en el Salón de Conferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Moya Pons dijo lo siguiente (fragmento):
Todos los que están presentes en este salón lo saben de corazón: En este Ministerio se debe gobernar para defender el bien común para generar nuevas actitudes, fomentar nuevas creencias, impulsar nuevos valores y promover nuevos modos de conducta en una población todavía poco educada ambientalmente
No importa que las gentes sean ricas o pobres, en este país hay todavía mucha gente con poca o ninguna educación ambiental. Educar ambientalmente a la población, cambiar esa situación, es uno de los grandes retos que tiene este Ministerio por delante.
Porque la población dominicana no está educada ambientalmente, y se resiste a estarlo, es por lo que tenemos tanta basura en las calles, en los parques, en las playas. En todas partes.
Duele mucho al espíritu ver la gente, ricos y pobres, iletrados y profesionales, en las carreteras y en las calles, en los parques y en las playas, tirando botellas, papeles y todo tipo de objetos. Eso tiene que cesar como ha cesado en otras partes. Hacer que eso no ocurra más es un reto que este Ministerio tiene que enfrentar desde ya.
Porque la gente no está educada ambientalmente es por lo que individuos y grupos codiciosos, con apoyo político local y nacional, se apropian o tratan de apropiarse impunemente de los parques nacionales para convertirlos en empresas y fincas particulares.
Porque la gente no está educada ambientalmente es por lo que inversionistas inescrupulosos ciegan los humedales, rompen los corales, alteran la estructura de las playas o dañan el lecho de los ríos con muy pocas consecuencias legales para ellos, a pesar de lo que mandan las leyes y sus reglamentos.
Porque la gente no está educada ambientalmente y por falta de una política consistente de ordenamiento territorial es por lo que vemos como se pierden miles de tareas de tierra cultivable (que es un recurso natural menos reemplazable que el agua) convertidas en solares de cemento como está ocurriendo hoy a la vista de todo el mundo en Juma Bonao, en el Cibao Central, en la Plena de Azua y en los alrededores de Moca, Salcedo, Tenares y San Francisco de Macorís.
En esta exposición he querido evitar referirme a casos concretos, pero me siento obligado a hacerlo con este asunto que requiere de una urgente intervención de este Ministerio. Es necesario y urgente detener el cementado de las mejores y más productivas tierras de país que algunos están haciendo para poner en ellas depósitos de materiales de construcción, talleres de mecánica y granceras como ocurre hoy en Juma, Bonao, en las mejores tierras arroceras de la Reforma Agraria. Esto, señoras y señores, con mucho respeto lo digo: hay que detenerlo ya.
Permítanme que lo repita: ¡La tierra cultivable es un recurso natural más irremplazable que el agua! Una vez que se le pone cemento o asfalto encima no puede recuperarse.
De esas dinámicas que acabo de mencionar, y de muchas otras que requieren acción decisiva e inmediata, podría ponerles a ustedes docenas de ejemplos. Me abstengo de hacerlo no sólo por falta de tiempo, sino porque entiendo que todos ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando ya que ustedes enfrentan diariamente estos problemas originados en la falta de educación ambiental de la población.
Entiendo que gobernar se hace más difícil cuando la codicia de unos y la ignorancia de otros se instala en la burocracia gubernamental para oponerse a la institucionalización de la gestión ambiental.
Basado en mi experiencia administrativa, así como en lo que he observado durante todos estos años, puedo decir que algunos de los que más fuertemente obstaculizan la gestión ambiental y la protección y buen manejo de los recursos naturales son aquellos que más poder político tienen, no importa el partido que gobierne.
Este es un Ministerio normativo. Como tal, sus políticas requieren de coherencia doctrinal y su gestión requiere de consistencia administrativa para ejercer su autoridad en un marco de absoluta justicia, esto es, de igualdad para todos.
En una cultura política como la dominicana, en donde el privilegio y el favoritismo son el lubricante de la acción gubernamental y de la administración pública, se hace muy difícil gobernar para el bien común pues en el seno del Estado operan muchos agentes que accionan en contra de los intereses de la mayoría.
Si la ley se hizo para proteger y defender el bien común, los encargados de aplicar la ley no tienen otra obligación mayor que defender el bien común.
Es difícil, dirán algunos de ustedes, pero yo les digo que no es imposible.