La República Dominicana enfrenta esta semana una de las pruebas más exigentes de su estabilidad económica reciente. El alza de hasta RD$9 por galón en los combustibles no es una decisión caprichosa ni un error de política pública: es la consecuencia directa de un conflicto bélico en Medio Oriente que ha sacudido los mercados energéticos globales y que ningún gobierno, por más solvente que sea, puede ignorar indefinidamente.
En seis semanas, la gasolina y el gasoil han acumulado alzas de entre 5 y 6.67%, llevando los precios a niveles no vistos desde 2022. El Estado dominicano destinó más de RD$6,486 millones en subsidios extraordinarios entre el 14 de marzo y el 10 de abril para amortiguar el golpe. Ese esfuerzo es real y merece reconocimiento. Pero también tiene un límite, y ese límite está llegando.
Lo que hace especialmente relevante este momento no es solo el dato del surtidor. Es lo que el Gobierno ha decidido hacer frente a él. En lugar de administrar la crisis en silencio —como suele ocurrir cuando los números incomodan— la administración del presidente Luis Abinader optó por una ruta distinta: la del diálogo abierto. Primero con los sectores empresariales, luego con los partidos de oposición. El encuentro entre el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el expresidente Danilo Medina, líder del PLD, celebrado este viernes, es una señal que no debe leerse a la ligera. En la política dominicana —y en la de la región— no es frecuente que el oficialismo llame a la oposición a compartir el peso de las decisiones difíciles. Que ocurra, y que ocurra en público, es en sí mismo un hecho político de primera magnitud.
Paliza lo dijo con claridad: la situación podría obligar a nuevos ajustes. Esa advertencia, leída entre líneas, es una invitación a que la sociedad dominicana —sus partidos, sus gremios, sus ciudadanos— comprenda que las decisiones que vienen no serán fáciles y que nadie debería pretender estar al margen de ellas. Danilo Medina, por su parte, respondió con una actitud que también merece subrayarse: agradeció la "delicadeza" del Gobierno de explicar a la oposición los problemas que enfrenta, y comprometió al PLD a estudiar el plan que le será entregado. No es un cheque en blanco —ni debería serlo—, pero es una disposición al entendimiento que contrasta favorablemente con la crispación que domina otros escenarios políticos de la región.
Dicho esto, el diálogo solo tiene valor si produce resultados concretos y verificables. La historia política dominicana registra más de un proceso de consulta que terminó siendo un ejercicio de imagen sin consecuencias reales. La ciudadanía —y especialmente los hogares que hoy sienten el alza en cada viaje al trabajo, en cada compra del mercado, en cada factura de electricidad— no necesita más reuniones fotogénicas.
Necesita un plan claro, con medidas escalonadas, con sacrificios compartidos y con mecanismos de rendición de cuentas. El PLD, antes de sentarse a la mesa, ya había planteado condiciones razonables: reducción del gasto público, revisión de privilegios y mayor transparencia en el manejo de los recursos energéticos. Esas condiciones no son obstáculos al diálogo; son su sustancia.
La República Dominicana ha demostrado en el pasado una capacidad notable para crecer y estabilizarse incluso en contextos adversos. Esa resiliencia no es automática: se construye con instituciones que funcionan, con liderazgos que asumen responsabilidades y con una cultura política que, en los momentos críticos, antepone el interés nacional a la ventaja partidaria. Este viernes, en el encuentro entre el Gobierno y el PLD, se vio un destello de esa posibilidad. La pregunta que queda abierta —y que los próximos días deberán responder— es si ese destello se convierte en luz sostenida o se apaga en la rutina de la política cotidiana.
El país tiene los recursos, la institucionalidad y la voluntad para salir adelante. Lo que necesita ahora es que quienes toman las decisiones estén a la altura del momento.
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