Hay momentos en que las palabras bien elegidas pueden ocultar lo que los hechos revelan con claridad. El comunicado de la embajadora estadounidense Leah F. Campos, difundido el pasado martes a través de redes sociales, es un ejemplo de esa precisión diplomática que, leída con cuidado, dice mucho más de lo que parece.
La República Dominicana firmó un acuerdo con Estados Unidos —enmarcado en la iniciativa denominada Escudo de las Américas— para permitir el ingreso temporal de nacionales de terceros países deportados desde territorio norteamericano. El mecanismo, presentado como un memorando de entendimiento de carácter no vinculante, también incluye la extensión del acceso de aeronaves y personal militar estadounidense a los aeropuertos de Las Américas y la base aérea de San Isidro.
La embajadora Campos fue cuidadosa en sus palabras: habló de "traslado temporal", de "número limitado", de respeto a "la soberanía del país y los procedimientos fronterizos vigentes". Son garantías tranquilizadoras. Pero la pregunta no es sobre las intenciones declaradas, sino sobre las implicaciones reales de lo que se ha acordado.
Que República Dominicana coopere con Estados Unidos en materia de seguridad regional no es novedad ni es, en sí mismo, cuestionable. Ambos países comparten intereses legítimos frente al narcotráfico, el crimen transnacional y los flujos migratorios irregulares. La cooperación bilateral tiene historia, tiene lógica y tiene beneficios mutuos.
La amistad entre naciones, como bien dijo la embajadora Campos, es un valor que se cuida. Pero la soberanía, también.
Lo que sí merece escrutinio —sereno, pero firme— es la forma en que este acuerdo fue anunciado, el alcance real de sus compromisos y el proceso mediante el cual el Estado dominicano tomó esta decisión.
El acuerdo fue dado a conocer, en primera instancia, no por la Cancillería dominicana ni por el Poder Ejecutivo, sino por la embajadora de un país extranjero a través de sus redes sociales. Ese detalle, aparentemente menor, no lo es. Habla de quién fija la agenda, quién comunica y quién, en definitiva, lidera la narrativa de un acuerdo que involucra el territorio soberano de esta nación.
El fondo del asunto es este: la República Dominicana ha aceptado convertirse, aunque sea de forma temporal y acotada, en un espacio de tránsito para la política migratoria de otro Estado. Personas que no son dominicanas, que no tienen vínculo con este país, que fueron detenidas en territorio estadounidense, serán trasladadas aquí mientras se gestiona su retorno a sus países de origen.
El Gobierno asegura que el mecanismo será "caso por caso", que habrá financiamiento estadounidense para los costos operativos y que se excluye a nacionales haitianos y a menores no acompañados. Esas salvaguardas son importantes. Pero no responden a la pregunta de fondo: ¿bajo qué condiciones puede un Estado soberano ceder —aunque sea parcialmente, aunque sea temporalmente— el control sobre quién entra a su territorio y por qué razón?
La soberanía no es un concepto abstracto reservado para los discursos del 27 de febrero. Es la capacidad concreta y cotidiana de un Estado de tomar sus propias decisiones sobre su territorio, su población y sus fronteras. Cuando esa capacidad se ejerce en función de los requerimientos de una potencia extranjera —por más amistosa y aliada que sea— la pregunta sobre los límites de la cooperación se vuelve ineludible.
Políticos y especialistas han levantado la voz, denunciando opacidad en el proceso y advirtiendo que el acuerdo podría comprometer la soberanía nacional. No es una voz aislada. El debate está instalado en la sociedad dominicana, y el Gobierno tiene la obligación de responderlo con transparencia.
¿Fue este memorando discutido en el Congreso Nacional? ¿Fue sometido a algún tipo de consulta pública o institucional? ¿Cuáles son exactamente los límites operativos del acceso militar estadounidense a los aeropuertos dominicanos? ¿Existe un mecanismo de supervisión independiente que garantice que los términos del acuerdo se cumplan tal como fueron anunciados?
Estas no son preguntas hostiles. Son las preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerle a su gobierno en una democracia funcional.
La República Dominicana es un país pequeño con una historia larga de relaciones asimétricas con potencias externas. Esa historia obliga a una vigilancia particular, no a la paranoia ni al antiimperialismo de consigna, sino a la lucidez sobre los mecanismos sutiles mediante los cuales la soberanía puede erosionarse sin que nadie firme formalmente su renuncia.
Cooperar con Estados Unidos es legítimo. Recibir apoyo financiero y operativo para gestionar flujos migratorios puede ser razonable. Pero la cooperación genuina entre Estados soberanos se construye sobre la transparencia, el debate institucional y el consentimiento informado de la ciudadanía. No sobre hechos consumados anunciados por la embajada de otro país.
El Gobierno del presidente Abinader tiene la palabra. Y tiene la responsabilidad de explicar, con detalle y sin eufemismos, qué firmó, por qué lo firmó y qué garantías concretas protegen el interés nacional dominicano en este acuerdo. La amistad entre naciones, como bien dijo la embajadora Campos, es un valor que se cuida. Pero la soberanía, también.
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