El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) es un valiosísimo servicio que ofrece el Estado a los más de dos millones de estudiantes del sistema público escolar de la República Dominicana. De acuerdo con los datos oficiales este sistema tiene actualmente 1,871 autobuses en servicio, que brindan apoyo de transporte en todo el territorio nacional. Las familias, y los propios estudiantes cuidan este excelente servicio.
Los conductores se han sometido a exámenes, entrenamientos, y pruebas de manejo defensivo, con la prioridad de la seguridad de los estudiantes que transportan, y son evaluados frecuentemente por equipos técnicos que vigilan el desempeño de los conductores. Sin embargo, hay un problema, y en las últimas dos semanas se han registrado por lo menos dos incidentes con vehículos de TRAE y con motoconchistas.
¿Montoconchistas? Y eso es algo relevante se preguntarán algunos. Sí que lo es, porque se trata de un sistema de transporte informal, de alto riesgo, sostenido por individuos, asociaciones de individuos propietarios de motocicletas y empresas que se dedican a transportar personas y ofrecer servicios en todo el país, y lo hacen de la forma más violenta posible, aunque una gran parte de las motocicletas no están registradas ni tienen placas, ni pagan impuestos, ni tienen educación en la conducción, ni se detienen en los semáforos, ni respetan a los agentes de tránsito, y sólo se atienen a entregar rápido sus servicios. Una verdadera locura, un caos que se masifica y que debe avergonzar a las autoridades y al país.
Nadie tiene control de las motocicletas. Intrant carece de autoridad para reglar ese movimiento masivo de gente con absoluta impunidad. A la Policía Nacional no le interesa. Si un conductoir tiene un accidente con un motoconchista esos señores se han acostumbrado a una autoprotección, y entre muchos atacan a los propietarios y conductores de vehículos. Se han acostumbrado a la violencia y sienten que una impunidad pasajera, porque no hay dolientes, les favorece.
El dato oficial es que de los 6.4 millones de vehículos que se desplazan por el país, el 60 por ciento de ellos son motocicletas, que no están registradas en la DGII y que no responden a ninguna autoridad. En el país circulan 3 millones 840 mil motocicletas, y una gran parte de ellas son individuos sin entrenamiento, sin formación, sin respeto por los derechos de los demás, y están dispuestos a agredir a cualquier que entiendan les moleste en las vías públicas.
El último de los incidentes, ocurrido en el sector El Café, de Herrera, en Santo Domingo, el conductor de TRAE Henry González, fue agredido por el motoconclista Gregory González, quien hirió en la cara al conductor, y dijo que lo hizo porque el vehículo no le cedió el paso, tomando en cuenta que es conductor de una motocicleta y el TRAE es un vehículo grande. Es decir, que el derecho lo tiene él, en la vía, y no el autobús escolar. El motoconchista fue entregado a la Policía Nacional por un sindicato de motoristas.
Pero eso es solo la señal de lo mal que andamos con estos casi 4 millones de motociclistas envalentonados en las calles, a toda velocidad, reclamando un derecho que se han apropiado, de que como son motocicletas hay que dejarles el espacio libre, hay que permitirles violentar las señales de tránsito, y hay que permitir que conviertan la ciudad en un infierno.
Bien hecho por el ministro de Educación, Luis Miguel Decamps, de poner todo el peso del ministerio en la búsqueda de este agresor y en el castigo correspondiente. Estuvo a punto de sacarle un ojo al conductor de TRAE. Pero el problema es que no hay solución para este caos ni este régimen arbitrario y selvático en que el motoconcho es propietario, dueño y señor de la ciudad. Es mucho más que una epidemia, y por más esfuerzos e inversiones que haga el gobierno en modernizar el transporte colectivo, ese sistema de transporte en motocicletas seguirán doblando el pulso a las autoridades.
Lo que corresponde es registrar a todos los motociclistas, a través de sus unidades, y que tengan placas, y que tengan direcciones, y que paguen impuestos, y que se les apliquen las normas del tránsito a ellos, aunque haya que dedicar una parte especial de los agentes de tránsito a estos sindicatos y señores del motoconchismo. De lo contrario seguiremos en una selva, controlada por los motoconchistas, a toda velocidad, y sin consecuencias.
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