Por trigésima cuarta vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha rechazado el embargo unilateral que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 1960. La resolución obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, incluida la de República Dominicana.
El mensaje sigue siendo inequívoco: la comunidad internacional considera, mayoritariamente, que esta política carece de justificación y produce daños incontables al pueblo de Cuba, no a su gobierno.
El propio texto aprobado recuerda los principios cardinales de la Carta de las Naciones Unidas: igualdad soberana de los Estados, no intervención en asuntos internos y libertad de comercio y navegación. Subraya, además, los efectos extraterritoriales de leyes como la Helms-Burton, que no solo afectan la soberanía cubana, sino también a empresas y ciudadanos de terceros países sancionados por hacer negocios con Cuba.
Tras decenios de votaciones reiteradas, la Asamblea expresó su inquietud por la permanencia de una medida que continúa perjudicando a los cubanos dentro y fuera de su país.
Con el endurecimiento y la ampliación de las sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, los efectos negativos se traducen hoy en una grave crisis energética que agrava las condiciones humanitarias de la isla.
No se trata de negar las profundas diferencias políticas entre Washington y La Habana, ni de ignorar las legítimas preocupaciones de seguridad o de derechos humanos que cualquier gobierno puede plantear. Se trata de reconocer que un embargo de más de sesenta años, que ha sobrevivido a cambios de administración y a momentos de deshielo —como el de 2015-2016—, no ha producido la transformación política que Washington se propuso y sí ha generado un doloroso sufrimiento al pueblo cubano.
Un acuerdo amistoso entre los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba no implicaría capitulación ni renuncia a principios de ninguna de las partes.
La curva histórica de las votaciones es elocuente. En 1992, cuando se debatió por primera vez, solo 59 países apoyaron el fin del bloqueo. En 2015 y 2017 se alcanzó el máximo de 191 votos a favor. Incluso en 2016, durante la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos, por primera vez, no votó en contra. Esos momentos demostraron que el diálogo y la flexibilización son posibles. El endurecimiento posterior no ha revertido el aislamiento diplomático de la política del embargo; simplemente ha prolongado el sufrimiento de los ciudadanos cubanos.
Un acuerdo amistoso entre los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba no implicaría capitulación ni renuncia a principios de ninguna de las partes.
Más bien implicaría realismo: reconocer que la normalización económica, dentro del respeto mutuo a la soberanía, puede abrir canales de comercio, inversión y cooperación que beneficien a ambas sociedades.
El embargo no ha propiciado cambios políticos en Cuba; ha deteriorado el bienestar de millones de personas. Ponerle fin no sería un gesto de debilidad, sino un acto de madurez política y de elemental justicia.
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