La República Dominicana cuenta con leyes que reconocen los derechos humanos fundamentales de todas las personas, sin distinción de nacionalidad.
Sin embargo, en el caso de la aplicación de la Ley General de Migración respecto a los inmigrantes indocumentados, personas ajenas a la institución estatal que tiene a cargo esa responsabilidad cometen abusos que no tienen ninguna justificación.
En las calles, en los barrios agentes de policía, militares e incluso funcionarios municipales —no adscritos a la Dirección General de Migración— actúan como jueces, verdugos y hasta como delincuentes, persiguiendo, deteniendo, robando y maltratando a migrantes indocumentados, en su mayoría haitianos.
¿Qué buscan militares, policías, agentes municipales y alcaldes usurpando la labor de los verdaderos agentes de la Dirección General de Migración?
El caso más reciente ocurrió cuando militares del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) destacados en el parque Nacional de Los Haitises fueron vistos por comunitarios cuando robaban y extorsionaban a trabajadores haitianos indocumentados.
Según las denuncias de agricultores de la comunidad de Los Limones, ubicada en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, los militares exigen dinero en efectivo, teléfonos móviles y otras pertenencias a los extranjeros a cambio de no proceder con su deportación.
Es necesario recordar que la República Dominicana es signataria de tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos.
Estos abusos, aunque aislados, no pueden ser tolerados por la indiferencia o el silenciosa de las autoridades. Las denuncias recurrentes de extorsión, robo de pertenencias, violencia física y abuso sexual contra mujeres migrantes no pueden seguir siendo ignoradas como excesos individuales. Son síntomas de una cultura de impunidad que legitima el abuso bajo el disfraz del “cumplimiento de la ley”.
El gobierno dominicano ha desplegado una política de freno a la inmigración indocumentada, al tiempo que trata de repatriar a los extranjeros que se encuentra en el territorio nacional sin la debida autorización, y está en todo su derecho como garante del cumplimiento de la ley.
Pero ¿qué ocurre cuando los que están obligados a cumplir la ley actúan con impunidad? ¿Qué credibilidad tiene una política de Estado que declara respeto a los derechos humanos mientras sus propios agentes los violan en nombre del orden?
Es necesario recordar que la República Dominicana es signataria de tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. Es momento de actuar. No sólo por imagen internacional, sino por conciencia nacional. Porque no se puede construir un país justo sobre el sufrimiento de otros.
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