La siguiente es la última parte del resumen ejecutivo preparado por Oxfam, del informe sobre desigualdad, que acaba de dar a conocer esta organización.
Controlar el poder empresarial: tres pasos prácticos
Revitalizar el Estado
- Un Estado fuerte y eficaz es el mejor baluarte contra el poder empresarial. Es un proveedor de bienes públicos; un creador y diseñador de mercados; un corrector de las deficiencias del mercado; y un propietario y operador de empresas comerciales nacionales, que en el año 2018 representaron hasta el 40 % de la producción nacional en todo el mundo. Los Gobiernos deben asumir una función proactiva en la configuración de sus economías para el bien común. Por ello, deben:
- •Garantizar los servicios públicos que combaten la desigualdad, como la sanidad, la educación, los servicios de provisión de cuidados y la seguridad alimentaria.
- •Invertir en transporte público, energía, vivienda y otras infraestructuras públicas.
- •Explorar alternativas públicas (un monopolio público u otras) en sectores que son propensos al poder monopolístico y fundamentales para abordar la desigualdad extrema e impulsar una rápida transición para alejarse de los combustibles fósiles. Estos podrían incluir la energía pública, el transporte público (donde los costos de inversión en la infraestructura implican que solo pueda haber un proveedor eficiente), y otros sectores en los que existe un beneficio nacional significativo.
- •Mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las instituciones públicas (incluidas las empresas estatales).
- •Fortalecer, financiar y dotar de personal la capacidad regulatoria y jurídica para hacer cumplir las normas a fin de garantizar que el sector privado sirva al bien común.
2. Regular el sector privado
Los Gobiernos deben hacer uso de su autoridad para frenar el exceso de poder del sector privado y evitar injusticias en sus cadenas de suministro, tanto a nivel nacional como internacional. Deben:
- •Acabar con los monopolios privados y poner freno al poder empresarial. Los Gobiernos pueden aprender de los recientes casos antimonopolio en Estados Unidos y Europa, y de las lecciones de la historia sobre cómo se abordó con éxito la concentración de riqueza. También deben poner fin al monopolio sobre el conocimiento, democratizando el comercio y poniendo fin al abuso de las normas de propiedad intelectual (por ejemplo, por parte de las grandes farmacéuticas sobre los medicamentos) que impulsan la desigualdad.
- Dar poder a los trabajadores y trabajadoras, y a las comunidades. Las empresas deben pagar salarios dignos y comprometerse a garantizar la justicia climática y de género: el pago de dividendos y la recompra de acciones deben prohibirse hasta que esto se haya garantizado. Apoyar, proteger y alentar a los sindicatos. Los Gobiernos deben adoptar medidas jurídicamente vinculantes para garantizar los derechos de las mujeres y de las personas racializadas, y para asegurar la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente.
- Aumentar drásticamente los impuestos a las empresas y a los ricos. Esto incluye un impuesto permanente sobre la riqueza y un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios. El G20, bajo el liderazgo de Brasil, debería impulsar un nuevo acuerdo internacional para aumentar los impuestos sobre los ingresos y la riqueza de las personas más ricas del mundo.
3. Reinventar el sector empresarial
1. Los Gobiernos pueden utilizar su poder para reinventar el sector privado y dotarlo de un nuevo propósito. Deben:
2. •Utilizar todo su poder para crear y promover una nueva generación de empresas que no antepongan los intereses de sus accionistas (tales como cooperativas de trabajadores y cooperativas locales, empresas sociales, y empresas de comercio justo), que sean propiedad de los trabajadores y trabajadoras y que estén gobernadas en el interés de estas personas, de las comunidades locales y del medioambiente. Las empresas competitivas y rentables no tienen por qué estar encadenadas por la codicia de los accionistas.
2. Proporcionar apoyo financiero a empresas justas. Los Gobiernos también pueden utilizar los impuestos y otros instrumentos económicos para priorizar modelos de negocio justos. No se deben otorgar ayudas económicas ni contratos públicos a empresas que no cumplan con sus objetivos de cero emisiones netas, que paguen salarios inferiores al salario digno o que evadan o eludan impuestos.
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