En los últimos doce años Acento ha brindado apoyo a muchas de las luchas del Colegio Médico Dominicano, como representante de un sector profesional que demanda y necesita reivindicaciones salariales, por ejemplo, dignas. Especialmente reivindicaciones frente al Estado como contratante.
La campaña emprendida en el último año por el CMD contra el sistema de Seguridad Social, sin embargo, carece de la justificación que han tenido sus demandas anteriores. Las sociedades médicas especializadas y los médicos del sector privado, incluyendo clínicas y hospitales privados, han controlado las acciones del Colegio Médico contra la Ley 87-01 que estableció el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Con medias verdades y con distorsiones disfrazadas de verdades, los dirigentes del Colegio Médico Dominicano la han emprendido virulentamente contra la Seguridad Social, muy especialmente contra las normativas dirigidas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, contra la Superintendencia de Pensiones y contra todo proceso de racionalización del sistema de prestación de servicios de salud y ahorros de la República Dominicana.
La ley 87-01 fue un pacto social importante entre el sector laboral y el sector empresarial con las autoridades gubernamentales. Se quiso racionalizar la prestación de servicios, y al mismo crear un ahorro nacional que sirviera de sustitución al arcaico sistema del Instituto Dominicano de Seguro Social, que estaba dirigido especialmente a los asegurados, pero que era pasto del clientelismo político estatal, como lo el también Banco de los Trabajadores Dominicanos.
La estrategia de lucha del Colegio Médico Dominicano ha sido divulgar informaciones parciales, tergiversadas sobre la calidad y las condiciones de los servicios concertados en el sistema de seguridad social, incluso aprovechando errores, malas prácticas y precariedad en la defensa de las prestadoras de servicios, más conocidas como ARS, que han tenido que hacer camino al andar en el establecimiento de un modelo que ha ido teniendo muchas variaciones en la medida en que los gobiernos se han ido sucediendo en la puesta en marcha del sistema.
La Seguridad Social moderna fue establecida en el efímero gobierno del presidente Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano.
Al concluir su gestión, llegó a la administración pública y permaneció por dos períodos consecutivos, hasta el 2012, el gobierno de Leonel Fernández con Rafael Alburquerque como vicepresidente de la República, experto en asuntos laborales, que había sido ministro de trabajo y que era enemigo del modelo de seguridad social establecido en la ley 87-01.
Se hicieron varias modificaciones a la ley, se fue desvirtuando el modelo, se debilitó la atención primaria, no se pusieron en marcha los modelos subsidiados de la ley, y apenas comenzó a funcionar el modelo contributivo. Conspiraciones desde dentro y desde fueron convirtieron la Ley 87-01 en un modelo con excelentes principios de solidaridad y subsidiariedad, pero en la práctica amarrado en su posibilidad de desarrollo.
En los ocho años que gobernó Danilo Medina se cometieron otras barbaridades con el modelo de seguridad social, hasta llegar a lo que hoy persiste. Hay numerosas propuestas de cambios del modelo, y hay legisladores que han hecho historia contra la ley 87-01.
El CMD tiene su propia batalla que la ha fortalecido en la gestión del presidente Luis Abinader. El presidente ha complacido en un 95 por ciento las exigencias de los dirigentes del gremio de los médicos. Pero hemos llegado a un punto en que es evidente la conspiración para destruir la ley de seguridad social. Entienden los líderes del sector que esta es su oportunidad para que el negocio individual de los profesionales de la salud se fortalezca, para que las sociedades médicas crezcan.
El CMD eliminó en la práctica la puerta de entrada al sistema racional de salud. La atención primaria fue destruida por la resistencia del CMD. La costumbre irracional de los ciudadanos de acudir a los especialistas en salud, envés de hacerlo ante un médico general que les oriente, se mantiene cada día con más fuerza.
El copago en el sistema de salud se ha mantenido por la resistencia de los médicos y del CMD ha seguir las tarifas pactadas con las ARS. Los derechos de los pacientes, de los ciudadanos pretendidamente beneficiarios del modelo, no se ha respetado porque la lucha del CMD ha sido defender las tarifas medalaganarias de los profesionales de la salud.
Ciertamente, es su derecho, pero también hay una ley que norma las relaciones entre los médicos y las ARS y entre los pacientes y las ARS, y por ello todos -pacientes y prestadores profesionales- están en la obligación de cumplir la ley.
El CMD lanzó una campaña contra las ARS, y persiste en ella, para debilitar la relación entre los pacientes y las prestadoras de servicios de salud.
Arismendi Diaz Santana, el primer gerente general de la Seguridad Social, escribió en Acento un artículo, el pasado mes en el que dice la razón verdadera por la que el CMD distorsiona la verdad:
Para justificar su rechazo absoluto a las ARS, han desarrollado una campaña basada en medias verdades y distorsiones. A pesar del señalamiento de que solo el CNSS es quien tiene la facultad legal de aprobar los catálogos de los servicios, procedimientos y medicamentos, el CMD insiste en que “las ARS impusieron un catálogo de prestaciones recortado y excluyente”.
Resulta preocupante la marginación del CMD del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el órgano rector y superior para conocer y dirimir las diferencias entre las ARS y las PSS. Y muy en especial porque el CMD es miembro titular, instancia en la cual tiene todo el derecho a presentar sus querellas y propuestas.
Acento se solidariza con los planteamientos de Arismendi Diaz Santana, y aprueba que el gobierno contrate una firma independiente que haga un estudio sobre la realidad de los servicios de las ARS, para buscar los correctivos que correspondan. Hace falta que esto se haga, para poder fin a la conspiración contra el modelo de seguridad social que nos dimos en el 2001 los dominicanos.
Veamos la propuesta de Arismendi Díaz Santana:
Medias verdades, exageraciones e imprecisiones que confunden
En toda la argumentación del CMD se observa un rechazo total al Seguro Familiar de Salud (SFS), ignorando la existencia de límites financieros impuestos por el hecho de que el 80% de los trabajadores recibe un salario promedio de 21,000.00 pesos mensuales, un nivel muy inferior al costo de la canasta familiar del Banco Central.
De acuerdo con las sociedades médicas, las ARS deben reducir las ganancias para dedicarlas a mejorar los honorarios médicos y para agregar mejores coberturas a sus afiliados. Se trata de una demanda populista, carente de cálculos financieros que demuestren que ello es posible.
Llama la atención que en ningún caso ni el CMD ni las sociedades especializadas se han referido a la información de ADARS y ADIMAR que da cuenta que en los últimos años las PSS han recibido el 93% del total de los fondos transferidos a las ARS por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), quedándoles a estas solo el 7%.
En cambio, señalan que las ARS han generado 72 mil millones de pesos sin beneficios para los usuarios, sin relacionar esa cifra con el monto total pagado a las PSS. Un informe de la Fundación Juan Bosch señala que las ARS tuvieron 16,813 millones de beneficios en 15 años, pero silencian que ese monto es apenas el 5.2% de un total de 332,681.3 millones recibidos de la TSS.
Ante tantas medias verdades, exageraciones e imprecisiones, la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) propone que la SISALRIL contrate una firma internacional, especializada e independiente, que haga una evaluación objetiva y detallada de las actividades de las ARS y de sus costos operativos, y emita una recomendación con conclusiones y recomendaciones viables y sostenibles