La aplicación del Decreto 609-24, vigente desde el 21 de febrero de 2026 en el marco de la Ley 168-21 de Aduanas, marca un nuevo escenario operativo para los actores del comercio exterior en la República Dominicana, al establecer mayores exigencias de organización, formalización y cumplimiento.
El especialista y asesor en Comercio Exterior y Aduanas, Wilbert Lebrón Jiménez, explicó que el nuevo régimen jurídico no impacta únicamente a los importadores, sino también a exportadores, agentes de aduanas y demás operadores del sector, redefiniendo los estándares bajo los cuales deben operar.
Indicó que, aunque la normativa busca fortalecer los controles, mejorar la trazabilidad y consolidar la transparencia en las operaciones, su implementación implica ajustes significativos en los procesos internos de las empresas.
En el caso de las personas jurídicas, detalló que el proceso de registro contempla una amplia documentación que incluye certificaciones fiscales, actas societarias, declaraciones juradas, identificación de beneficiarios finales, validaciones bancarias e incluso posibles inspecciones para la verificación del domicilio, lo que demanda una mayor organización interna, actualización documental y acompañamiento técnico.
El desafío no está en la ley, sino en la preparación para cumplirla. Operar correctamente requiere estructura y planificación, afirmó Lebrón.
El asesor advirtió que muchos operadores aún no han dimensionado el impacto práctico de estos requisitos en los tiempos de gestión, los costos administrativos y la continuidad operativa, señalando que la falta de anticipación podría traducirse en retrasos, multas por incumplimientos involuntarios y mayores gastos.
Sostuvo que el comercio responsable no solo implica el pago de impuestos y el acatamiento de regulaciones, sino también la adaptación oportuna a los cambios normativos. En ese sentido, recomendó informarse de inmediato sobre las disposiciones vigentes, revisar los procedimientos internos y apoyarse en asesoría especializada para reducir riesgos.
“El cumplimiento es indispensable, pero la preparación es estratégica. Conocer las exigencias actuales permite proteger la inversión y operar con mayor seguridad”, concluyó.
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