El economista Miguel Collado Di Franco consideró que el aumento del impuesto a la emisión de cheques y a las transferencias electrónicas, aprobado mediante la Ley 30-26, representa una contradicción de las políticas públicas orientadas al crecimiento económico y la inclusión financiera.
En un análisis sobre este gravamen, el especialista recordó que la Ley 30-26, denominada Ley de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, elevó la tasa del impuesto de 0.15 % a 0.20 %.
A juicio de Collado Di Franco, esa modificación contradice el propio propósito de la legislación, ya que, según argumenta, el crecimiento económico requiere un sistema tributario que reduzca las distorsiones y los costos de producir e intercambiar bienes y servicios.
El economista recordó que el impuesto fue creado mediante la Ley 288-04, promulgada en 2004, con una tasa de 0.15 % sobre el valor de los cheques emitidos y de las transferencias electrónicas realizadas a través de las entidades de intermediación financiera.
Explicó que su origen se encuentra en una resolución de la Junta Monetaria del 27 de junio de 2003, mediante la cual se estableció una comisión cobrada por el Banco Central sobre los cheques compensados diariamente a través de la Cámara de Compensación.
Sin embargo, señaló que apenas un año después de su creación, la Ley 557-05 dispuso la eliminación gradual del impuesto. Esa legislación establecía que la tasa se reduciría de manera escalonada hasta desaparecer completamente en 2009.
De acuerdo con el economista, ese proceso nunca llegó a concretarse porque el artículo 27 de la Ley 495-06 revirtió la eliminación del gravamen y lo convirtió nuevamente en permanente.
Para Collado Di Franco, ese cambio representó un retroceso en la política tributaria.
"Una ley revirtió la disposición de la eliminación de un impuesto reconocido como distorsionador y con la marcada característica de encarecer los costos en la economía", expone en su análisis.
Un impuesto de bajo costo para recaudar, pero costoso para la economía
El economista sostiene que el impuesto tiene una clara vocación recaudatoria debido a que las entidades de intermediación financiera actúan como agentes de retención, lo que facilita su cobro por parte de la administración tributaria.
En ese sentido, afirma que se trata de un tributo de bajo costo para el Estado, pero que termina siendo oneroso para empresas y ciudadanos.
"Es un tributo de bajo costo de recaudación para los gobiernos. La Administración tributaria realiza poco esfuerzo para recaudarlo. Barato para el recaudador. Pero costoso para los ciudadanos", indica.
Según explica, gravar las transacciones bancarias incrementa los costos de las operaciones económicas, especialmente en actividades productivas que requieren múltiples etapas de transformación y un elevado número de pagos entre proveedores.
Collado Di Franco argumenta que mientras más compleja es la producción de bienes y servicios, mayor es el número de transacciones que deben realizarse entre empresas, por lo que un impuesto sobre los pagos bancarios termina penalizando precisamente los procesos que generan mayor valor agregado.
A su juicio, ese costo adicional se traslada finalmente al precio de los bienes y servicios que adquieren los consumidores y reduce la competitividad de la economía.
Asimismo, plantea que el gravamen puede incentivar procesos de integración empresarial no por razones de eficiencia productiva, sino para evitar el pago del impuesto entre empresas que participan en una misma cadena de producción.
Choque con la estrategia de inclusión financiera
Otro de los aspectos señalados por el economista es que el impuesto entra en contradicción con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022-2030, impulsada por el Estado bajo el liderazgo del Banco Central.
Collado Di Franco recuerda que la estrategia tiene como objetivo incrementar el acceso y el uso de productos y servicios financieros entre la población no bancarizada.
Sin embargo, sostiene que gravar las transferencias electrónicas y los cheques desincentiva precisamente el uso del sistema financiero formal, al elevar el costo de las operaciones realizadas a través de las entidades bancarias.
El economista concluye que una futura reforma tributaria debería contemplar la eliminación de este impuesto, al considerar que reduciría distorsiones, favorecería el crecimiento económico y sería coherente con las políticas públicas orientadas a ampliar la inclusión financiera y mejorar la competitividad del país.
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