La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (ANADEGA) ha anunciado la posibilidad de retirar los verifones de sus cerca de 780 estaciones de servicio y ha colocado a los bancos en el centro del debate público. El argumento parece sencillo: las entidades financieras cobran comisiones demasiado altas por el uso de tarjetas y están reduciendo la rentabilidad de los detallistas.
Sin embargo, cuando se analizan los números y el funcionamiento del sistema de pagos, la conclusión es distinta. El problema no nace en la banca. Su origen está, principalmente, en la forma en que el propio Estado estructura la fórmula de comercialización de los combustibles.
Lo primero que conviene aclarar es que quien procesa el pago realizado con tarjeta no es directamente el banco donde el cliente tiene su cuenta. Esa función corresponde a las empresas adquirentes CardNet, AZUL y Portal, encargadas de instalar y operar las terminales de pago en los comercios.
La denominada tasa de descuento, actualmente de alrededor de 1.95 % sobre cada transacción, tampoco constituye el ingreso de un solo participante. Esa comisión se distribuye entre varios actores: el banco emisor de la tarjeta recibe la mayor parte mediante la tasa de intercambio; las franquicias internacionales como Visa y Mastercard reciben otra porción; y la empresa adquirente conserva el resto para cubrir la operación tecnológica, el procesamiento, la seguridad y el mantenimiento de la red. Se trata de un negocio de gran volumen, pero de márgenes relativamente reducidos.
Este debate tampoco es nuevo. En 2013 se produjo un conflicto muy similar y fue la Superintendencia de Bancos la que sirvió de mediadora entre las empresas adquirentes y los detallistas. De ese proceso surgió precisamente la tasa cercana al 1.95 % que continúa vigente hasta hoy. Lo importante es recordar que esa comisión siempre ha sido un porcentaje sobre el valor de la venta y no un monto fijo por galón.
Ahí comienza a entenderse el verdadero origen del problema.
En la República Dominicana las estaciones de servicio no fijan el precio de los combustibles. Cada semana, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES establece el precio oficial de venta al público y, dentro de esa misma resolución, determina también el margen de comercialización que corresponde al detallista.
Ese margen, sin embargo, está definido como una cantidad fija en pesos.
Por ejemplo, con una gasolina premium vendiéndose actualmente a RD$ 341.10 por galón, el margen del detallista ronda los RD$ 27.07. En el caso del gasoil, el margen es cercano a RD$ 23.75 por galón.
Mientras tanto, la comisión del adquirente continúa calculándose como un porcentaje del precio de venta. Así, el 1.95 % aplicado sobre RD$ 341.10 equivale aproximadamente a RD$ 6.65 por galón, es decir, cerca de una cuarta parte del margen bruto que recibe la estación.
Aquí aparece la verdadera asimetría.
La comisión bancaria no aumentó porque las adquirentes decidieran cobrar más. Aumentó únicamente porque el precio del combustible aumentó. El margen del detallista, en cambio, permaneció prácticamente invariable porque así lo determina la regulación vigente.
En otras palabras, mientras una variable crece automáticamente con el precio, la otra permanece congelada.
Por eso, el deterioro de la rentabilidad no proviene de un incremento en las comisiones bancarias, sino del desfase existente entre un porcentaje que evoluciona con el precio y un margen regulado que permanece fijo durante largos períodos.
En consecuencia, la raíz del problema se encuentra en el diseño regulatorio de la fórmula de precios y no en el funcionamiento del sistema de pagos electrónicos.
Frente a esta realidad, retirar los verifones probablemente sería la alternativa más perjudicial para los propios detallistas.
Hoy, dependiendo de la ubicación de la estación, entre un 60 % y un 90 % de las ventas se realizan mediante tarjetas o medios electrónicos. Obligar al consumidor a regresar al efectivo reduciría la comodidad del servicio y, muy probablemente, disminuiría las ventas.
Además, aumentaría significativamente los riesgos operativos: mayor manejo de efectivo, posibilidad de billetes falsos, incremento de pérdidas internas, mayor exposición a robos y un crecimiento de los depósitos en efectivo que podrían generar mayores revisiones bajo el marco de prevención de lavado de activos establecido en la Ley 155-17.
Ninguna norma obliga a un comercio privado a aceptar tarjetas. La Ley 358-05 únicamente exige informar al consumidor cuáles medios de pago están disponibles. Sin embargo, en un país que avanza aceleradamente hacia la digitalización financiera, prescindir de los pagos electrónicos representaría un evidente retroceso competitivo.
El reclamo de los detallistas es comprensible. Su rentabilidad se ha visto presionada por un esquema que no evoluciona al mismo ritmo que el precio de los combustibles.
Pero si se quiere encontrar una solución de fondo, el debate debe dirigirse hacia la estructura de la fórmula oficial de precios.
Quizás ha llegado el momento de que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES revise el margen de comercialización, establezca mecanismos automáticos de indexación o considere convertirlo en un porcentaje que acompañe la evolución del precio del combustible.
Solo así desaparecerá la asimetría que hoy genera el conflicto.
Porque, al final, el problema no está en los verifones ni en los bancos. Está en una estructura regulatoria que dejó de reflejar la realidad económica del mercado.
Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez.
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