Las distribuidoras de electricidad de propiedad estatal (las EDE) consumieron el equivalente al 1.4 % del PIB en 2024. Unos US$ 1,769 millones de dólares provenientes de impuestos de los contribuyentes. La noticia no es nueva; pero es preocupante y relevante, considera el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

"Sin una solución efectiva en el horizonte, continuarán las pérdidas", sostiene. Las EDE son financiadas con dinero del contribuyente porque no son eficientes para reducir las pérdidas. Operativamente, indica, en 2024 no fueron capaces de cobrar el 42.2 % de la energía que compraron. El 37.6 % no lo pudieron facturar y el 4.6 % de la energía comprada la facturaron, pero no fue posible cobrarla.

¿Cuántas veces más gastó el gobierno en cubrir las ineficiencias de las EDE que en seguridad ciudadana en 2024? De acuerdo con las cifras oficiales, 1.6 veces más. En 2024 el gobierno ejecutó el equivalente a US$ 1,144 millones en justicia y seguridad de la ciudadanía; es decir, el 0.9 % del producto interno bruto.

"Recientemente se ha hecho mucho énfasis en las pérdidas de las EDE como un problema fiscal. Lo es. Las transferencias representan casi la mitad de los déficits de 3.0 % del PIB, en promedio, de los últimos cinco años. Sin embargo, también es un tema moral. Un ciudadano dominicano no podría reclamar la participación que le corresponde en esas empresas, sus acciones, como entidades públicas o estatales, o patrimonio del pueblo que son. Sin embargo, ese ciudadano es forzado a pagar las pérdidas con sus impuestos", enfatiza CREES.

Considera que por ambos factores, la propiedad de las EDE debería pasar a manos de entidades reconocidas, con solvencia económica y cuyo riesgo reputacional pueda verse afectado ante malas prácticas.

"Ese sería el mejor esquema para la solución de las EDE. El otro, el que se ha planteado, que en un futuro la administración de las EDE sería subcontratada, implica que los mismos contribuyentes deberán cubrir las inversiones que hacen falta en esas empresas distribuidoras. Es decir, sería necesario adquirir recursos en forma de impuestos futuros (deuda pública). Sin garantías que las pérdidas sean eliminadas", explica.

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