Una coalición de 25 estados de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra la Administración de Donald Trump por los nuevos aranceles de entre 10 % y 12,5 % aplicados a las importaciones procedentes de decenas de socios comerciales a los que acusa de trabajo forzoso, entre los que figura la República Dominicana.
La coalición considera que el Gobierno volvió a exceder sus facultades al utilizar una norma comercial para establecer gravámenes de alcance global.
La acción judicial fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Manhattan, y está encabezada por Oregón, Arizona y California.
Los demandantes sostienen que los nuevos aranceles constituyen un intento de reconstruir mediante otra vía legal el esquema de gravámenes que había sido invalidado por los tribunales.
Los 25 estados están gobernados por demócratas y la demanda cuestiona específicamente el uso de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 como fundamento para una medida arancelaria de alcance tan amplio.
La disputa gira ahora en torno a la Sección 301
Los nuevos gravámenes, anunciados a finales de julio, sustituyeron a un arancel global temporal del 10 % que había expirado.
La Administración Trump sostiene que la nueva política responde, entre otros argumentos, a prácticas relacionadas con el trabajo forzoso en cadenas internacionales de suministro.
La Sección 301 permite al Gobierno estadounidense adoptar medidas comerciales contra prácticas extranjeras que considere injustificadas o discriminatorias y que perjudiquen el comercio de Estados Unidos.
Sin embargo, los estados demandantes sostienen que la Administración no cumplió los procedimientos exigidos por esa legislación.
La controversia no se limita al porcentaje de los aranceles. El punto central es si una herramienta concebida para responder a prácticas comerciales específicas puede utilizarse para establecer una política arancelaria prácticamente global.
Los estados afirman que respaldan la lucha contra el trabajo forzoso, pero rechazan que ese problema pueda ser utilizado como fundamento para imponer gravámenes que, según su interpretación, no están suficientemente vinculados con investigaciones específicas sobre cada país.
Trump intenta reconstruir su política arancelaria tras varios reveses judiciales
La nueva demanda representa otro capítulo de la disputa entre la Administración Trump y los tribunales estadounidenses por la política comercial del presidente.
En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Trump había excedido su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer una amplia batería de aranceles. La decisión abrió además un proceso para devolver a los importadores alrededor de 166.000 millones de dólares recaudados mediante esos gravámenes.
Posteriormente, la Administración recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para establecer un nuevo arancel global temporal del 10 %. Ese mecanismo también fue llevado ante los tribunales y el Tribunal de Comercio Internacional terminó declarando ilegales esos gravámenes, aunque su aplicación quedó temporalmente suspendida durante el proceso de apelación.
El Gobierno estadounidense ha buscado desde entonces otras bases jurídicas para mantener una política arancelaria amplia.
También demandaron pequeñas empresas
La disputa judicial no enfrenta únicamente a los estados con la Casa Blanca.
Dos pequeñas empresas estadounidenses, Burlap & Barrel y Collective Horology, presentaron el 24 de julio otra demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional contra los nuevos aranceles basados en la Sección 301.
Los demandantes sostienen que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no habría demostrado de manera suficientemente específica cómo las prácticas de cada economía afectada perjudican o restringen el comercio estadounidense.
La acción de las empresas es relevante porque cuestiona precisamente uno de los aspectos que ahora también plantean los estados: si la Administración puede utilizar alegaciones generales sobre trabajo forzoso y cadenas de suministro internacionales para justificar una política arancelaria que afecta a múltiples países y sectores.
Una batalla legal con impacto económico
La nueva ofensiva judicial se produce mientras el Gobierno estadounidense continúa procesando los reembolsos derivados de los aranceles anteriores.
Según la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, el fallo de la Corte Suprema generó una obligación estimada de aproximadamente 166.000 millones de dólares en devoluciones a empresas e importadores afectados.
El proceso ha añadido presión sobre las autoridades aduaneras y ha abierto otra discusión sobre quién terminó asumiendo el costo económico de los gravámenes: los importadores, las empresas, los consumidores o una combinación de todos ellos.
La nueva ronda arancelaria introduce, además, una interrogante distinta: si los tribunales permiten que la Administración utilice la Sección 301 como fundamento para un esquema de alcance global, Trump dispondría de una vía jurídica diferente a la IEEPA para mantener buena parte de su estrategia proteccionista.
Para los estados demandantes, sin embargo, el cambio de ley invocada no resuelve el problema de fondo. Su argumento es que el Ejecutivo sigue intentando ejercer una facultad que corresponde al Congreso.
Impacto para República Dominicana
La disputa tiene especial interés para República Dominicana por la estrecha relación comercial del país con Estados Unidos.
Acento ha documentado que las exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense estuvieron sometidas a un arancel del 10 % durante el período anterior y que Estados Unidos recaudó unos 440,4 millones de dólares por importaciones provenientes de República Dominicana.
El sector de zonas francas es particularmente sensible a estos cambios debido a su elevada dependencia del mercado estadounidense. En el primer trimestre de 2026, Estados Unidos concentró el 73,5 % de las exportaciones dominicanas de zonas francas.
Por eso, aunque la demanda presentada este lunes se desarrolla dentro del sistema judicial estadounidense, su desenlace puede tener repercusiones sobre empresas, exportadores e importadores dominicanos que dependen de las condiciones de acceso al mercado estadounidense.
Un nuevo pulso entre el Ejecutivo y los tribunales
La controversia vuelve a colocar los límites de la autoridad presidencial en materia comercial en el centro del debate estadounidense.
El Gobierno de Trump ha cambiado de fundamento jurídico después de cada revés judicial, mientras estados y empresas han recurrido nuevamente a los tribunales para cuestionar la amplitud de las medidas.
El caso presentado este lunes deberá determinar si la Sección 301 ofrece a la Administración un respaldo jurídico suficientemente sólido para sostener los nuevos aranceles o si, como alegan los demandantes, el Ejecutivo está utilizando una legislación comercial para conseguir por otra vía lo que los tribunales ya impidieron mediante otras normas.
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