El Gobierno dominicano cerró el ejercicio fiscal de 2025 con un déficit fiscal equivalente al 3.45 % del PIB y una deuda pública situada en 47.9 % del PIB, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Economía.
Los ingresos del sector público alcanzaron RD$ 1.246 billones, equivalentes al 15.6 % del PIB, lo que representa un crecimiento interanual de 2.8 %.
Este resultado estuvo respaldado por una mayor recaudación del impuesto sobre la renta, impulsada por el aumento del empleo formal, mayores pagos de personas jurídicas y el incremento de los aportes del sector minero debido al alza del precio internacional del oro.
El gasto de capital totalizó RD$ 207,751.7 millones, equivalente al 2.6 % del PIB, con un incremento de 11 % respecto a 2024 y una ejecución 18 % superior a lo aprobado en el presupuesto inicial.
La inversión pública se concentró principalmente en infraestructura de transporte, vivienda y obras viales, de acuerdo con el informe oficial.
Entre las entidades con mayor ejecución presupuestaria figuraron el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y el Ministerio de Educación (MINERD).
Dentro de los "proyectos emblemáticos" se incluyen la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, inversiones viales en Santo Domingo Oeste y el desarrollo de infraestructura turística en Cabo Rojo, Pedernales.
El gasto del Gobierno Central ascendió a RD$ 1.521 billones, equivalente al 19.1 % del PIB, con énfasis en protección social, desarrollo productivo y una política fiscal contracíclica.
El gasto primario registró un crecimiento nominal de 4.9 %, manteniéndose dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2024.
Este desempeño fue valorado positivamente por los mercados financieros, reflejándose en una mejora del riesgo país, medida por el EMBI, y en una revisión favorable de la calificación crediticia por parte de Moody’s.
Las autoridades señalaron que el cierre fiscal de 2025 evidencia una estrategia orientada a la estabilidad macroeconómica sin reducir la inversión pública, en un contexto de presiones económicas internas y externas.
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