Dentro de los principales desafíos que tiene pendiente la República Dominicana para este 2026, se encuentra el de mejorar el espacio fiscal con el objetivo de disminuir los niveles de déficit presupuestario, las necesidades de financiamiento y la carga del servicio de la deuda sobre el presupuesto público.
Así lo plantea el economista, Nelson Suárez , quien sostiene que una reforma fiscal integral, no solo significa subir tasas o poner nuevos impuestos para recaudar mayores recursos por el gobierno. Implica introducir cambios en todos los aspectos de la gestión pública.
Una posible reforma fiscal, según el profesor, implicaría revisar el diseño y la estructura del sistema tributario para simplificarlo, mejorarlo, darle equidad, ampliar la base tributaria y aumentar la eficiencia recaudatoria.
También, revisar de manera gradual los esquemas de exenciones y exoneraciones tributarias existentes, e impulsar acciones concretas para reducir los niveles de evasión y elusión.
Asimismo, se necesitaría el fortalecimiento de las reglas fiscales en materia de gestión del gasto y endurecimiento de las responsabilidades frente a su violación.
Revisión y reestructuración de la estructura funcional del Estado para garantizar un financiamiento adecuado, equilibrado y disciplinado de la administración pública a mediano y largo plazo limitando la "hipertrofia" de la burocracia estatal.
Otros cambios que se tendrían que aplicar según el economista serían:
Revisión y mejoría de la legislación en materia de crédito público para mayor control y fiscalización del endeudamiento público y su uso.
Inventariar las obras publicas en proceso y definir un plan nacional de obras de infraestructura priorizadas y factibilizadas y establecidas en un plan nacional de obras a mediano y largo plazo.
Desarrollo de una legislación que regule, controle y fiscalice las actividades de las empresas públicas.
Revisión, actualización y fortalecimiento de las normas de contratación y remuneración de personal en las administraciones públicas.
Mejorar la eficiencia, calidad y eficacia del gasto público.
Fortalecimiento de los sistemas de control y evaluación de la gestión de los diferentes niveles de la administración pública.
No ve posible una reforma
"Una reforma fiscal en la que se contemplen todos los aspectos listados anteriormente y que pueda ser ejecutada con éxito, supone un proceso que no se agota en un solo año ni en una sola Ley de reforma fiscal, amerita la implementación de una estrategia multifase, con ciertos niveles de consenso social y político", sostiene Suárez.
Considera que el año 2026, es un año en el que las diferentes fuerzas políticas comienzan a prepararse para la contienda electoral que se inicia en febrero del año 2028.
"Y el partido de gobierno con sus múltiples precandidatos no es la excepción, por lo cual no parece tan factible que el gobierno se embarque en una proceso como el descrito anteriormente", sostuvo.
En el mejor de los casos, afirma, trataría de implementar algún tipo de medidas fiscales para aumentar sus ingresos sin que ello implique cambios importantes sobre el actual esquema fiscal.
"Desde mi óptica, no veo tan claro el que el gobierno se embarque en una reforma fiscal integral, amplia y que altere las raíces esenciales del espacio fiscal existente, como los déficits del sector eléctrico, de las empresas públicas no eléctricas y del Banco Central que son los causantes del 70% del déficit del Sector Público", indicó.
Recordó que desde el año 2008 las finanzas del Gobierno Central y el resto del Sector Público No Financiero registran un déficit estructura de 3.0% a 3.5% del PIB cada año. "Esto ha influido en que se incurra en un fuerte endeudamiento que a su vez se ha traducido en un aumento creciente de los recursos del presupuesto que hay que destinar a cubrir el servicio de la deuda pública y a la limitación de las disponibilidad de recursos para ampliar y mejorar los servicios públicos esenciales".
Entre el 2020 y noviembre de 2025 el gobierno ha destinado unos US$ 43,451.2 millones a cubrir el servicio de la deuda del SPNF, un cifra que equivale a 3.36 veces el gasto destinado a la Salud, 1.73 veces el gasto en Educación y 2.74 veces los fondos presupuestarios dirigidos a gastos de protección social.
"En el periodo señalado, para la pagar la amortización del capital se utilizaron unos US$ 21,879.4 millones y para pago de los intereses US$ 21,574.8 millones", indicó.
Entre el 2020 y noviembre de 2025 se han destinado un promedio anual de US$ 7,241.9 millones para el servicio de la deuda y los intereses y comisiones pasaron de US$ 2,697.1 en el 2020 a US$ 4,354.0 millones en el 2024 y a noviembre de 2025 se habían pagado unos US$ 4,207.4 millones por el mismo concepto.
Entre el primero de enero y el 26 de diciembre del 2025 los ingresos del Gobierno Central con relación al 2024 solo habían crecido en un 2.5% y apenas un 0.5% (RD$ 6,465.1 millones más) que el presupuesto vigente.
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