La Unión Nacional de Empresarios (UNE) le planteó este jueves al director general de Impuestos Internos, Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, que el sistema tributario dominicano aplica el mismo rasero fiscalizador a empresas con estructuras, riesgos y capacidades administrativas radicalmente distintas. El reclamo central: las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 98.7 % del tejido empresarial formal del país, soportan una presión de cumplimiento diseñada para grandes corporaciones.
¿Qué le pidió exactamente el sector empresarial a la DGII?
El presidente de la UNE, Julio García Batista, llegó al encuentro con una agenda de cuatro puntos. Primero, revisar las retenciones del ITBIS y calibrarlas según el historial de riesgo de cada contribuyente, en lugar de aplicar una tasa uniforme que inmoviliza capital de trabajo en empresas que ya demuestran cumplimiento. Segundo, adecuar los anticipos del Impuesto sobre la Renta al comportamiento real del negocio durante el año —no a proyecciones que obligan a comprometer recursos antes de que existan. Tercero, agilizar la devolución y compensación de saldos a favor, que hoy pueden quedar congelados durante meses. Cuarto, construir un modelo de fiscalización diferenciada: más exigente donde hay riesgo real de evasión, más ágil con quien ya tiene un historial limpio.
"Con mejor información y criterios más proporcionales, la DGII puede ser más precisa en a quién le exige y más ágil con quien ya demuestra buen comportamiento tributario", afirmó García Batista.
¿Qué respondió la DGII?
Urrutia Sangiovanni presentó avances en simplificación de trámites. La institución pasó de 33 procesos simplificados en julio a 68 al 10 de septiembre, 35 adicionales en menos de dos meses, y mantiene otros 88 en revisión. De los 421 trámites que administra la DGII, 156 han sido simplificados o están en proceso, lo que equivale al 37.1 % del catálogo institucional.
El director general anunció también avances hacia la autogestión digital, la digitalización de consultas técnicas y la incorporación de la firma digital. Sobre las retenciones del ITBIS, los anticipos y la devolución de saldos a favor —los puntos con mayor impacto directo en la liquidez empresarial— no trascendieron compromisos con plazos ni mecanismos verificables.
¿Por qué importa esto ahora?
La DGII cerró 2025 con recaudaciones de RD$913,821 millones, un crecimiento del 8 %, y ya supera los 80,000 contribuyentes emisores de facturación electrónica. Esa expansión tecnológica es, precisamente, el argumento central de la UNE: si la administración tributaria ya recibe información electrónica de miles de empresas, tiene los datos para distinguir quién cumple y quién no, y puede dejar de exigirle a los primeros que demuestren lo que el sistema ya sabe.
El trasfondo estructural es más preocupante. La informalidad laboral rondó el 54 % en 2025 y el incumplimiento del ITBIS supera el 36 %, según estudios citados por la propia UNE. Esas cifras señalan que la presión fiscal recae de forma desproporcionada sobre las empresas que ya están dentro del sistema formal, mientras una franja significativa de la economía opera fuera del radar tributario.
¿Fiscalizar según el riesgo es viable en República Dominicana?
La propuesta de fiscalización diferenciada no es nueva en el debate tributario regional. Varios países de América Latina aplican modelos de segmentación de contribuyentes que concentran los recursos de auditoría en sectores de alto riesgo y reducen la carga de cumplimiento para quienes tienen historial limpio. En República Dominicana, la expansión de la facturación electrónica crea las condiciones técnicas para avanzar en esa dirección, pero requiere también marcos normativos que la respalden —algo que el encuentro de este jueves no abordó.
García Batista fue explícito en ese punto: "Ninguna de estas ideas implica menos control". La UNE no pide una fiscalización más laxa en términos generales, sino una redistribución del esfuerzo fiscalizador hacia donde el riesgo es mayor.
La UNE anunció su disposición a trabajar con la DGII en una agenda conjunta de formalización y simplificación. El encuentro de este jueves fue el espacio para plantear la agenda; los acuerdos concretos, si los hay, están por verse. La prueba de fuego será si la DGII incorpora criterios de riesgo en sus próximas actualizaciones normativas o si la simplificación se queda en la reducción de trámites administrativos sin tocar el fondo del modelo fiscalizador.
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