El Gobierno dominicano sometió al Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, el proyecto que modifica la Ley núm. 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2025, bajo la premisa de impulsar “la aplicación de una política fiscal contracíclica, orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional y proteger el dinamismo de la economía nacional”.
Lo esencial del proyecto radica en su artículo No. 2, que busca autorizar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, a registrar como "ingresos extraordinarios no recurrentes" los saldos de caja, bancos e inversiones financieras no ejecutados por diversas entidades del gobierno central u organismos autónomos y descentralizados no financieros entre el período 2020-2024, sin especificar en el documento cuáles son estas instancias.
La propuesta recibida por las y los legisladores, firmada por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, estima que los ingresos para 2025 ascenderán a RD$ 1,277,364.7 millones, equivalentes al 16.0 % del producto interno bruto (PIB) proyectado. En materia de gastos, se plantea un aumento neto de RD$ 69,740.2 millones (4.7 % más que lo aprobado inicialmente), con una expansión del 20 % en el gasto de capital, equivalente a RD$ 35,548.25 millones, es decir, 0.4 % del PIB.
Estos recursos adicionales se destinarán a unos 29 proyectos de inversión pública que estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y los gobiernos locales, entre otras instituciones.
El Gobierno dominicano tendrá además vía libre para manejar parte de la deuda pública en 2025. La pieza sometida al Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de administración de pasivos por hasta un 10 % del balance de la deuda del Sector Público No Financiero. Esto incluye la posibilidad de emitir nuevos títulos en pesos dominicanos o en moneda extranjera para canjear o recomprar deudas ya existentes, con el propósito de reducir el monto, el servicio de la deuda y el riesgo cambiario.
La autorización también contempla ajustes en el presupuesto derivados de estas operaciones, en el marco de la Ley núm. 90-24, que faculta al Gobierno a colocar valores de deuda pública por un máximo de RD$ 361,618,239,013 (trescientos sesenta y un mil seiscientos dieciocho millones doscientos treinta y nueve mil trece pesos dominicanos), o su equivalente en moneda extranjera.
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