La economía dominicana inició el año con señales de desaceleración: el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció apenas un 2.5 % en promedio interanual entre enero y abril de 2025, muy por debajo del ritmo observado en 2024. En particular, abril de 2025 mostró un aumento de solo 1.7 % frente al 8.5 % del mismo mes del año previo. Esta moderación responde, en gran medida, a la contracción de la demanda interna especialmente de la inversión privada y al bajo nivel de ejecución del gasto de capital gubernamental, factores que se han visto agravados por un entorno externo adverso: liquidez internacional restringida, tasas de interés elevadas y la persistente incertidumbre derivada de posibles cambios en la política de Estados Unidos.
En paralelo, los bancos dominicanos enfrentan un deterioro creciente en la calidad de su cartera crediticia. Según la Superintendencia de Bancos, la morosidad del sistema alcanzó RD$ 39,282 millones al cierre de marzo de 2025, un aumento de 49.3 % interanual, mientras que el índice de morosidad simple escaló a 1.75 %, 0.45 puntos porcentuales más que en marzo de 2024. Las tarjetas de crédito muestran una vulnerabilidad particular: su morosidad se elevó a 5.7 %, frente al 4.5 % del año anterior. Más alarmante aún, la morosidad estresada—que mide la proporción de deudas con un retraso mayor a 90 días—subió a 7.34 %, 0.48 puntos por encima del mismo trimestre de 2024, y el ratio de incumplimiento se sitúa ya en 3.1 %, niveles que no se veían desde antes de la pandemia. Para cubrir estas pérdidas, las provisiones del sistema financiero aumentaron un 24.1 %, alcanzando RD$ 72,800 millones, y el balance de cartera castigada creció un 35.5 %, totalizando RD$ 32,390 millones.
Este doble fenómeno crecimiento económico débil y morosidad al alza sitúa en el centro del debate el sobreendeudamiento de las personas. Cuando un individuo contrae más compromisos financieros de los que sus ingresos pueden soportar, se comprometen sus necesidades básicas y se incrementa el riesgo de impago. En República Dominicana, la relación deuda/ingreso debe mantenerse idealmente por debajo del 30 %–40 %; sin embargo, muchos usuarios destinan una parte excesiva de sus salarios al pago de préstamos, tarjetas y líneas de crédito, acudiendo a refinanciamientos recurrentes o pagando solo cuotas mínimas para sobrevivir. Esta práctica erosiona el bienestar familiar, deteriora el historial crediticio y, en su fase más avanzada, contribuye al incremento de la mora y las provisiones bancarias.
Para diagnosticar el sobreendeudamiento personal se pueden emplear indicadores sencillos pero efectivos: la relación deuda/ingreso, el índice de carga financiera (gastos financieros sobre ingresos disponibles), el número de productos crediticios activos, el porcentaje de ingreso destinado a pagos mínimos de tarjetas, la frecuencia de refinanciamientos, el historial de morosidad, el nivel de utilización de crédito rotativo, la tasa de incremento del endeudamiento en 12 meses y la capacidad de ahorro. Superar los umbrales recomendados en estos indicadores señala la necesidad de intervención temprana, tanto por parte del prestatario como del banco.
Ante esta realidad, la percepción de sobreendeudamiento podría volverse una experiencia real para miles de dominicanos que, seducidos por la flexibilización crediticia, hoy enfrentan la pérdida de su calificación crediticia y la angustia de ver reducidas sus oportunidades de financiamiento. Para mitigar el riesgo sistémico y proteger a los usuarios, es imperativo reforzar la educación financiera, limitar la publicidad agresiva de productos de crédito y exigir una evaluación rigurosa de la capacidad de pago antes de otorgar préstamos. La Superintendencia de Bancos, como autoridad de supervisión, debe promover la implementación de modelos de scoring que integren estos indicadores de sobreendeudamiento y obligar a las entidades a activar alertas preventivas cuando detecten perfiles vulnerables.
Asimismo, es esencial diseñar mecanismos de segunda oportunidad para aquellos deudores que buscan reinsertarse en el sistema financiero. Esto implica procedimientos de depuración de historiales tras la liquidación de deudas o la conclusión de procesos judiciales o de pagos a empresas que cobran deudas castigadas y que no se refleja en la central de información crediticia del Órgano Supervisor, así como facilitar el acceso a productos básicos de ahorro y crédito con condiciones adaptadas a su nueva realidad económica. Sin estas políticas de rehabilitación, el sistema no solo amplificará la exclusión financiera, sino que comprometerá la estabilidad de sus propias carteras al alimentar ciclos de impago y refinanciamiento sin solución.
En definitiva, la crisis de morosidad que acompaña a la desaceleración económica no puede tratarse exclusivamente como un problema de riesgo bancario. La realidad del sobreendeudamiento es un fenómeno complejo que exige un enfoque integrado: fortalecer la regulación, impulsar la educación y rehabilitar a los usuarios. Solo así la banca dominicana podrá convertirse en verdaderos aliados del desarrollo sostenible y proteger la salud financiera de las familias, se requiere una banca relacional con las personas y las empresas contribuyendo a un crecimiento más equilibrado y resiliente.
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La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jesusgeraldomartinez@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram
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