La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), interpuso una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley número 98-25, que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La acción busca la declaratoria de no conformidad con la Constitución de dichos artículos, por considerar que imponen cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), poniendo en riesgo su sostenibilidad, el empleo y la competitividad del aparato productivo nacional.
La acción fue interpuesta además por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih); la Unión Nacional de Empresarios (UNE) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC); miembros de la confederación.
El vocero del bloque de estas asociaciones empresariales, Fernando Pinales, presidente de Codopyme, aclaró que respalda plenamente la protección del medioambiente y la gestión responsable de los residuos, pero advirtió que la normativa impugnada establece una “contribución especial” calculada sobre los ingresos brutos, sin relación con la generación real de residuos, lo que ha provocado incrementos que alcanzan hasta un 500 % en los tramos de menores ingresos, en comparación con la legislación anterior.
Asimismo, señaló que la ley vulnera la libertad de empresa, al obligar al pago de la contribución incluso a empresas inactivas, sin operaciones o sin generación de residuos, convirtiendo el tributo en una penalización por la mera existencia jurídica. También, incide negativamente en los sectores sometidos a márgenes regulados, los cuales, pese a ostentar altos volúmenes de facturación, evidencian una rentabilidad neta irrisoria, comprometiendo su sostenibilidad económica.
A ello se suma que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) fueron excluidas de la comisión prevista en la Ley núm. 98-25, lo cual "resulta particularmente grave e irrazonable, en tanto dichas unidades económicas representan aproximadamente el 98 % del tejido productivo de la República Dominicana, vulnerando los principios de representatividad y participación efectiva", indicó.
Otro de los señalamientos es la ruptura del principio de igualdad y equidad tributaria, al tratar de igual forma a sujetos con realidades económicas distintas, sin considerar la capacidad contributiva ni la estructura de costos de las Mipymes, lo que según Codopyme, favorece indirectamente la concentración económica.
En cuanto al artículo 16, advirtieron que este impone auditorías anuales, certificaciones de biodegradabilidad y restricciones de importación que no fueron acompañadas de estudios de impacto económico, afectando la operatividad y competitividad de los pequeños y medianos industriales.
“Defendemos el medioambiente, pero no a costa de la quiebra de las Mipymes. Regular no puede significar asfixiar al que produce y genera empleo”, expresó.
Reiteraron su disposición al diálogo y a la construcción de soluciones sostenibles y técnicamente viables, pero enfatizó que no puede guardar silencio frente a disposiciones que ponen en peligro el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la justicia tributaria.
Con esta acción constitucional, el bloque de más de 60 gremios empresariales busca proteger a los miles de hombres y mujeres que sostienen la economía dominicana, promoviendo un marco regulatorio equilibrado que permita avanzar en sostenibilidad ambiental sin sacrificar la producción nacional.
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