El Frente Amplio, a través de su dirigente María Teresa Cabrera, rechazó enérgicamente las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader, y de los voceros opositores del PLD y de la Fuerza del Pueblo sobre la deuda pública, calificando el intercambio como un “debate-trampa” que distrae a la ciudadanía y evita responder lo esencial: ¿para qué se endeuda el país y con qué resultados?
La excandidata presidencial Cabrera afirmó que mientras se intercambian culpas sobre “quién endeudó más”, la realidad es que la deuda del sector público consolidado superó en 2024 los US$71,000 millones (cerca del 58 % del PIB, según cifras oficiales).
Ese ritmo de crecimiento de la deuda rebasa la productividad y se contrató con una institucionalidad fiscal que no garantiza transparencia, eficiencia ni sostenibilidad, denunció.
“No es solo el monto: es la opacidad del destino de cada préstamo y el uso recurrente de la deuda para gasto corriente y clientelismo, en lugar de financiar inversión productiva con retorno social y económico medible”, subrayó.
Para el FA, el problema no distingue colores partidarios. Desde 2000 ninguna administración redujo el endeudamiento neto; por el contrario, se justifican nuevos créditos con el argumento de “continuar programas” o “sostener estabilidad”.
“Ni PRM ni PLD ni FP han enfrentado la raíz: un modelo fiscal que premia el déficit tolera una presión tributaria estancada en torno al 14 % del PIB de las más bajas de la región y convive con altos niveles de evasión (más del 47 % en ITBIS y más del 60 % en ISR empresarial, según estimaciones de la DGII). A más deuda, más fuga por corrupción y exenciones mal diseñadas”, denunció Cabrera.
La organizacion política planteó que el país debe responder tres preguntas ineludibles.
Primero, sostenibilidad y uso de la deuda: ¿cuánto se destinó a infraestructura, educación y productividad, y cuánto a cubrir déficit operativo?
"Incluso estimaciones multilaterales sugieren que, por cada dólar prestado, apenas 40 centavos se convierten en inversión productiva; el resto se diluye en gasto corriente. Eso es deuda sin desarrollo”, dijo Cabrera.
Segundo, mecanismos efectivos de control: se requiere una Ley de Responsabilidad Fiscal vinculante, con límites al déficit y a la deuda, publicación trimestral y en datos abiertos de la ejecución y del endeudamiento, y fortalecimiento real de la Oficina de Crédito Público y de la Cámara de Cuentas.
Tercero, reformas estructurales para que el crecimiento supere la tasa de endeudamiento: reforma tributaria progresiva, combate integral a la evasión y elusión, diversificación productiva y exportadora, revisión de exenciones ineficientes y modernización administrativa.
Como parte de su agenda, el Frente Amplio propuso la existencia de una “regla de oro” que prohíba endeudarse para gasto corriente y que limite el crédito a proyectos con retorno verificable, evaluados ex ante y ex post con metodologías públicas.
Además, planteó la creación de un Consejo Fiscal Autónomo que emita opinión técnica obligatoria sobre cada nuevo préstamo, metas anuales de reducción de evasión con reportes públicos y una auditoría independiente de la deuda consolidada y de los pasivos contingentes (incluyendo APP y garantías) para transparentar el verdadero tamaño del endeudamiento.
“No queremos más deuda para pagar la nómina de la ineficiencia. Queremos reglas, datos abiertos y resultados. Cada peso prestado debe convertirse en desarrollo, no en dependencia", remarcó.
El Gobierno, la FP y el PLD "deben asumir responsabilidades y dejar de esconderse detrás de cifras sueltas y consignas”, concluyó María Teresa Cabrera, quien llamó a los medios, a la academia y a la sociedad civil a exigir rendición de cuentas y a respaldar una transformación fiscal que ponga la deuda al servicio del progreso, no de la politiquería.
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