Los gobiernos de Brasil y Chile, de tendencia de izquierda y extremaderecha, respectivamente, rechazaron este jueves los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos contra decenas de economías bajo el argumento de que no combaten suficientemente el trabajo forzoso.
Es una medida que ambos países sudamericanos consideran injustificada y que interpretan como una nueva fase de la política proteccionista impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Brasilia anunció que recurrirá a los mecanismos de defensa comercial previstos en su legislación y acudirá a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras que Santiago de Chile informó que negociará con Washington para quedar excluido de la lista de países afectados.
Brasil acusa a Washington de usar el trabajo forzoso como argumento comercial
El Gobierno brasileño calificó de "arbitraria e injustificada" la decisión estadounidense y afirmó que la referencia al trabajo forzoso fue utilizada como argumento para imponer una medida comercial sin una base jurídica suficiente.
En un comunicado divulgado tras el anuncio de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que Washington "manipuló un tema tan importante" para justificar nuevos impuestos a las importaciones.
Brasil informó que activará los mecanismos establecidos en su Ley de Reciprocidad Económica y que llevará el caso ante el sistema de solución de controversias de la OMC.
El Ejecutivo brasileño recordó que el país cuenta con una política laboral reconocida por organismos internacionales y destacó que ha ratificado 66 convenios vigentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También señaló que Brasil ha suscrito los principales instrumentos internacionales contra el trabajo forzoso, incluidos los convenios 29 y 105 de la OIT y el protocolo de 2014 sobre la materia.
Brasilia afirmó además que durante la investigación estadounidense entregó información sobre sus controles aduaneros, la legislación contra condiciones laborales degradantes y la llamada "lista sucia" de empleadores sancionados por explotación laboral.
La decisión de Washington representa un segundo golpe comercial para Brasil en pocos días, después de la entrada en vigor de un arancel adicional del 25 % anunciado previamente por Estados Unidos.
Chile buscará quedar fuera de países sancionados
El Gobierno chileno también rechazó la medida y afirmó que sus instituciones laborales cumplen con los estándares internacionales exigidos para combatir el trabajo forzoso.
La Cancillería de Chile aseguró que el país posee "una sólida institucionalidad laboral" y que la aplicación del nuevo arancel "no se condice" con los antecedentes técnicos y jurídicos presentados durante la investigación estadounidense.
Santiago anunció que mantendrá conversaciones con las autoridades comerciales estadounidenses para proteger a sus exportadores y mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense.
Chile recibirá un arancel del 12,5 % dentro del nuevo esquema anunciado por Washington, que también afecta a economías como México, India, Japón y miembros de la Unión Europea.
La situación supone un desafío adicional para la política exterior chilena, que busca mantener equilibrio entre sus vínculos comerciales con Estados Unidos y China. El gigante asiático es el principal socio comercial de Chile, mientras Estados Unidos representa una de sus mayores fuentes de inversión extranjera.
Trump mantiene una agenda arancelaria iniciada en 2025
La nueva ronda de gravámenes forma parte de una estrategia comercial que Donald Trump inició tras su regreso a la presidencia en enero de 2025 y que ha provocado respuestas de sus principales socios económicos.
La Casa Blanca sostiene que los aranceles buscan proteger a los trabajadores estadounidenses, incentivar la producción nacional y corregir supuestas prácticas comerciales desleales de otros países.
Sin embargo, gobiernos afectados y especialistas han señalado que la política arancelaria funciona también como una herramienta de presión diplomática y negociación económica.
Cronograma de la política comercial de Trump
2025: inicio de la nueva guerra comercial
1 de febrero: Trump firma órdenes ejecutivas para imponer aranceles del 25 % a productos de México y Canadá y del 10 % a bienes procedentes de China.
4 de febrero: China responde con gravámenes de entre 10 % y 15 % a productos estadounidenses.
12 de marzo: Estados Unidos aplica aranceles del 25 % al acero y aluminio importado. La Unión Europea y Canadá anuncian posibles represalias.
26 de marzo: Washington anuncia un impuesto del 25 % a vehículos fabricados fuera de Estados Unidos.
2 de abril: Trump presenta los llamados "aranceles recíprocos", con una tasa global del 10 % y recargos para determinados países.
Abril: China y Estados Unidos elevan progresivamente sus aranceles mutuos hasta niveles superiores al 100 %, antes de iniciar negociaciones.
29 de mayo: Un tribunal comercial estadounidense declara ilegales varios aranceles de Trump, aunque una corte de apelaciones mantiene temporalmente su aplicación.
Junio-agosto: Washington amplía medidas contra sectores estratégicos como acero, aluminio, automóviles, chips, productos farmacéuticos e importaciones procedentes de Brasil e India.
Octubre: Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo marco para reducir tensiones comerciales.
2026: nuevos aranceles tras fallo judicial
20 de febrero: El Tribunal Supremo de Estados Unidos declara ilegales la mayoría de los aranceles globales aplicados por Trump al considerar que excedían las facultades presidenciales.
24 de febrero: La Casa Blanca establece un nuevo arancel global temporal del 10 %.
1 de julio: Entra en vigor un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.
21 de julio: El representante comercial estadounidense anuncia una nueva estrategia centrada en países acusados de permitir bienes vinculados al trabajo forzoso.
23 de julio: Washington anuncia nuevos aranceles de entre 10 % y 12,5 % para 60 economías, argumentando que no realizan esfuerzos suficientes para impedir productos elaborados mediante trabajo forzado.
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