El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel impuso impedimento de salida del país y presentación periódica a Pedro Alexis Henríquez López, conocido como Alex Turey, en el marco de un proceso judicial por presuntos daños ambientales en el municipio de Piedra Blanca.
El proceso se inició a partir de una querella presentada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, luego de que técnicos de la institución documentaran diversas afectaciones en terrenos de esa demarcación.
De acuerdo con el Ministerio, las inspecciones realizadas identificaron el corte de aproximadamente 1,000 árboles de distintas especies, la intervención de unas 400 tareas de terreno, la apertura presuntamente ilegal de dos caminos privados y áreas afectadas por quemas y eliminación del sotobosque.
Medio Ambiente informó que, tras recopilar las evidencias técnicas, presentó el 13 de agosto de 2025 una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales contra Henríquez López.
La querella señala presuntas violaciones a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 y a la Ley Sectorial Forestal 57-18.
Medidas de coerción
Luego de evaluar los elementos presentados durante el proceso, el tribunal impuso las medidas de coerción contempladas en los numerales 2 y 4 del artículo 230 del Código Procesal Penal.
Estas consisten en impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica.
Henríquez López deberá presentarse ante el Ministerio Público y la Secretaría del Despacho Judicial Penal de Monseñor Nouel el día seis de cada mes, conforme al mecanismo de control establecido por el tribunal.
El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que continuará realizando labores de vigilancia, fiscalización e inspección frente a intervenciones que puedan afectar los recursos naturales.
La institución precisó que su responsabilidad comprende la identificación de posibles infracciones, las inspecciones de campo, la documentación técnica de las afectaciones y la presentación de las acciones administrativas y legales correspondientes.
Aclaró, además, que la investigación y persecución penal corresponden al Ministerio Público, mientras que las decisiones sobre los procesos judiciales son competencia de los tribunales.
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