Empresarios que agrupan el Consejo Directivo de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), reiteraron que el proyecto de modificación de la Ley de Residuos Sólidos representa un serio problema de sostenibilidad financiera y un retroceso al avance de la economía circular en el país, afectando especialmente a las mipymes.
Pidieron al Poder Ejecutivo revisar el proyecto y advirtiendo que abre paso a monopolio y establece contribuciones tributarias sin estudios financieros.
La presidenta de Ecored, Christy Luciano, dijo que hasta el momento no ha habido un diálogo real con discusiones técnicas como amerita la pieza.
De acuerdo con el Consejo que agrupa 100 empresas de diferentes sectores, el proyecto de modificación a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, plantea graves distorsiones como el establecer un esquema de contribución basado exclusivamente en los ingresos brutos, sin tomar en cuenta la cantidad de residuos generados ni los esfuerzos de valorización.
“Esto penaliza injustamente a las MiPymes, que operan con márgenes reducidos y quedarían en desventaja frente a grandes empresas”, dijo Luciano.
En la rueda de prensa donde estuvieron presentes, Aguie Lendor, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y Julissa Báez, directora ejecutiva de Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem); Luciano aseguró que la pieza, como está diseñada, es un serio problema de sostenibilidad financiera.
“Queremos advertir con toda responsabilidad que el proyecto de ley de residuos, tal como está diseñado, presenta un serio problema de sostenibilidad financiera. De los más de 8,000 millones de pesos que se estima recaudar cada año, cerca de 4,000 millones se destinarían al aumento de tarifas para empresas recolectoras —que hoy reciben menos de 3,000 millones— y otros 2,000 millones serían transferidos a los ayuntamientos. Es decir, más del 75 % de los recursos estaría comprometido desde el inicio, sin contar el crecimiento en el volumen de residuos que también deberá atenderse”, manifestó
Dijo que lo más preocupante es que quienes recibirían la mayor parte de esos fondos también tendrían poder de decisión dentro del fideicomiso, lo que representa un “claro conflicto de interés”.
“Este no es un cuestionamiento al espíritu de la ley, que apoyamos. Es un llamado urgente a revisar con seriedad su arquitectura financiera y de gobernanza. De lo contrario, el sistema nacerá sin capacidad de inversión real en reciclaje, infraestructura o educación ambiental, y habremos perdido una gran oportunidad de transformar la gestión de residuos en el país”, indicó.
Lo que plantea el sector hotelero
La vicepresidenta de Asonahores, reiteró que esperan que el sargazo se contemplara en la ley como un residuo de manejo especial, porque no puede ser considerado como cualquier tipo.
“Porque a pesar de ser un residuo orgánico, necesita un manejo especial para su recogida y disposición final. Y esperábamos que con esto se le diera por lo menos la disposición final al sargazo para que sea aceptado entre los rellenos sanitarios que hoy no es posible”, indicó Lendor.
También se refirió a los centros de valorización, aseguran que la obligación de un solo relleno sanitario por provincia y una sola planta de tratamiento por región, crea el riesgo de concentrar el servicio en manos de pocos actores, promoviendo prácticas monopólicas y reduciendo la eficiencia del sistema.
“Hoy muchos de nuestros hoteles ya tienen centros de valorización y están bastante cerca unos de otros. Entonces, ¿Qué va a pasar con esas inversiones millonarias y con esos planes que tienen nuestros hoteleros?”, dijo.
Asimismo, Lendor consideró en cuanto al monto de la contribución por ingresos, que “el que más ensucia más paga” y que el monto esté relacionado con la cantidad de desechos que generen.
“Si va a ser por monto, tiene que ser por un monto neto, no por un ingreso, por ejemplo: en el caso nuestro por agencia de viajes…. cuando tú pagas en una agencia de viajes, pagas el ticket, pagas el hotel, pagas el transporte que vas a utilizar, pero de todo esto la agencia de viajes comisiona un porcentaje de eso, pero va a tener que pagar por ese bruto que no está ni cerca de lo que ella genera, así que va a tributar como una gran empresa cuando lo que ella realmente es una mipyme”, explicó
Recomendaciones de los empresarios:
1. Que la contribución especial esté respaldada de estudios fiscales o financieros y se determine en función de los ingresos netos y no en los ingresos brutos.
2. Que se apliquen mecanismos de contratación abiertos y competitivos, conforme a la Ley de Compras y Contrataciones; y que los contratos de operación entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización, tengan vigencia de tres a cinco años, y no de 10 años, como está actualmente.
3. Que se establezcan veedurías obligatorias con participación de la academia, las ONG y el sector privado, para garantizar transparencia en la asignación de permisos y contratos a través de los ayuntamientos.
4. Que se promueva la valorización, el reciclaje y el aprovechamiento de residuos como motores de desarrollo sostenible y transformación industrial.
5. Que se incluya un representante de Codopyme en el Consejo del Fideicomiso DO Sostenible, como forma de equilibrar la toma de decisiones.
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